Economía
Bono social, bonificación a los carburantes y deducciones por maternidad: cuando las ayudas no distinguen por renta
Hay ayudas públicas que se conceden tanto a hogares que no llegan a fin de mes como a ciudadanos con sueldos de triple dígito y patrimonios abultados. No tienen en cuenta la renta. Es el caso del bono social eléctrico, un descuento en el recibo de la luz para hogares desfavorecidos que se ha convertido en el epicentro de un terremoto político tras descubrirse que se benefician de ello tanto el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, como la líder de la oposición, Mónica García (Más Madrid). ¿La razón? Ambos forman parte de una familia numerosa, un criterio que los convierte en consumidores vulnerables sin importar su nivel de ingresos. La polémica ha causado tal revuelo que la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ha anunciado que modificará los criterios para acceder a la rebaja energética, una promesa que el PSOE ya había pactado con Podemos en 2018. Entonces, las dos formaciones llegaron al acuerdo de reformar el bono eléctrico y vincular su percepción al nivel de renta.
Ese pacto iba vinculado a la aprobación de los Presupuestos de 2019, que nunca vieron la luz. La propuesta cayó, como muchas otras, en saco roto. Pero, por sorprenderte que parezca, el bono social solo supone una de las muchas ayudas públicas que no tienen en cuenta la renta. Ocurre con varias deducciones en el IRPF: por vivienda, por obras, por invertir en una empresa de nueva o reciente creación, por maternidad, familia numerosa y para mayores de 65 años que vendan su vivienda. No importa el sueldo o el patrimonio acumulado. “No están pensadas para pobres o ricos, sino para una determinada acción”, resume una fuente de la Administración.
Muchas ayudas públicas, de hecho, se han diseñado para fomentar determinadas políticas, reducir la desigualdad o promover ciertos comportamientos, y por ello no se asignan en función de la renta. Ocurre con el IVA reducido para ciertas actividades económicas o bienes —por ejemplo, el turismo o los productos de higiene femenina—; las deducciones sociales en el IRPF para madres o familias numerosas pretenden impulsar la natalidad y mitigar la brecha de género; la exención en el impuesto de matriculación para los coches menos contaminantes se propone acelerar la renovación del parque de automóviles.
¿Y los descuentos para la factura eléctrica? “Si el objetivo de los bonos energéticos es proteger a los más vulnerables ante subidas de los precios de la energía, estos deberían dirigirse hacia los hogares vulnerables. En el caso español, en torno a un cuarto de las familias numerosas se sitúa en niveles de renta altos teniendo en cuenta el tamaño del hogar, lo que genera serias dudas sobre la eficacia distributiva de una medida tan generalista”, señala Xavier Labandeira, catedrático de Economía en la Universidad de Vigo y coautor del Libro Blanco para la reforma fiscal.
Antes de que estallara la crisis energética, el descuento reconocido por el bono social eléctrico oscilaba entre el 25% y el 40% del precio final del recibo, en función de que el consumidor se considerara vulnerable o vulnerable severo. Con la espiral inflacionista, las rebajas han sido ampliadas hasta el 65% y el 80%, respectivamente. Quien se beneficia de esta ayuda también tiene derecho al bono social térmico, destinado a gastos de calefacción y aprobado en 2018.
Los requisitos para acogerse al bono social eléctrico, en vigor desde 2009 y reformado en distintas ocasiones, son varios, y es suficiente con solo cumplir uno de ellos. Por ejemplo, ser beneficiario del ingreso mínimo vital o tener un determinado nivel de renta, de una vez y medio el IPREM de 14 pagas en el caso de un consumidor vulnerable que viva solo. Estos son 12.600 euros al año, frente a los más de 100.000 que cobra Osorio. Sin embargo, él cumple con el requisito de familia numerosa: este título —se puede solicitar, en términos generales, al tener tres o más hijos— convierte de facto al hogar en vulnerable, independientemente de los sueldos o patrimonio de sus componentes, según detalla el Ministerio de Transición Ecológica en su guía sobre el bono social.
De acuerdo con la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), a septiembre de 2022 había 1,28 millones de consumidores acogidos al bono social. De ellos, el 30% eran familias numerosas, 244.141 consideradas vulnerables —aquí se contabilizan las familias de Osorio y García—, y 103.722 vulnerables severas —en este caso se exige también un determinado nivel de renta—.
Las familias numerosas también pueden deducirse entre 1.200 y 2.400 euros en el IRPF, sin importar cuánto ganan sus miembros. Las mujeres con hijos menores de tres años, con independencia del salario, tienen derecho a desgravarse hasta 1.200 euros. Según la Autoridad Fiscal (Airef), deducciones sociales como estas sí logran reducir la brecha de género y fomentar la natalidad, pero tienen un efecto “reducido”. “Hay mujeres que ganan mucho dinero y también reciben la ayuda. Sería mejor condicionarla a un determinado umbral de renta”, opina Alejandro Esteller, catedrático en la Universidad de Barcelona. “Igual conseguimos que algunas de ellas no se vayan del mercado laboral. En otro caso, es probable que estemos tirando el dinero”.
Medidas antinflación
Un análisis aparte merecen las medidas generalizadas puestas en marcha para frenar la inflación. Tanto la Airef como el Banco de España, la Comisión Europea, el FMI o la OCDE han recomendado en repetidas ocasiones que se tuviera en cuenta el nivel de ingresos y se enfocaran los esfuerzos hacia los más vulnerables. Porque, en este caso, su objetivo primario era ayudar a la población. En este saco caen la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante que estuvo vigente hasta el año pasado, la más polémica por ser también la más cara y regresiva —“su eficacia fue limitada por el desbordamiento hacia consumidores de altas capacidades económicas”, además de causar “perjuicios importantes en eficiencia energética”, considera Labandeira—, la reducción de los impuestos eléctricos o las ayudas al transporte público.
La Airef alertó a finales del año pasado que la rebaja generalizada de la fiscalidad eléctrica tiene más impacto en las rentas altas, ya que su consumo es proporcionalmente superior, y que en general las decilas altas absorbían “una parte importante del coste de las medidas” antinflación. Asimismo, Fedea calculó que de los 17.000 millones desplegados en descuentos fiscales a la energía y subvenciones a los carburantes hasta finales de 2022 se podrían haber entregado cheques de 1.889 euros a los nueve millones de familias con renta neta mensual menor de 2.000 euros. También el Banco de España ha pedido un cheque para los más vulnerables: ha calculado que una transferencia de 860 euros a los hogares vulnerables supondría un gasto de 4.790 millones, la mitad de lo que el Estado ha dejado de ingresar con las rebajas fiscales a electricidad, gas, combustible y alimentos.
Las ayudas por el lado del gasto vía transferencias directas son, sin embargo, más complicadas de diseñar, ya que implica conocer los posibles destinatarios a través de datos de los que, muchas veces, la Administración no dispone. A falta de un sistema bien engrasado de subvenciones, tampoco los incentivos que se conceden vía renta son una panacea: los contribuyentes sin ingresos o con rentas bajas no están obligados a presentar la declaración del IRPF.
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Economía
España recurre a América Latina para cubrir el hueco de Rusia en el mercado petrolero

El último cargamento de crudo ruso llegó a las costas españolas hace casi un año: el 15 de abril de 2022. Lo hizo al puerto de Cartagena, a bordo del petrolero Minerva Eleonora, un buque de más de 240 metros de eslora y bandera liberiana. Desde entonces, no ha llegado ni una sola gota más de petróleo de los Urales, sujeto a sanciones y que la guerra ha convertido en tóxico a lo largo y ancho de Occidente. Ante la tesitura, los importadores españoles —una potencia refinera a escala europea, exportadora neta de carburantes— han tenido que activar otros resortes para traer de otros países una cantidad no menor de crudo: unos 150.000 barriles diarios, alrededor del 13% del consumo total español.
En esa búsqueda de proveedores alternativos, una gran figura emerge por encima del resto: América Latina. Tras varios años de relativa atonía en las importaciones de crudo, las llegadas desde el bloque se han disparado, con Brasil a la cabeza. Entre mayo del año pasado —el primer mes sin llegadas de crudo ruso a los puertos españoles— y diciembre llegaron a España más de 12,7 millones de toneladas de petróleo desde la enorme franja de tierra que va del río Bravo a Ushuaia. Es la mayor cifra de siempre, un 60% más que un año antes y un tercio más que en 2019, el último ejercicio antes de la pandemia, según los datos de la Corporación estatal de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).
“En febrero de 2022, el último mes ‘normal’ antes de la guerra, era difícil encontrar países de América Latina entre los mayores proveedores españoles de crudo: prácticamente todo venía Kazajistán, Estados Unidos, Nigeria, Arabia Saudí o Libia”, recuerda Viktor Katona, analista líder de petróleo de la consultora Kpler. En un año, esa foto fija ha mutado por completo: “En febrero, Brasil ha pasado a ocupar el primer lugar y México el segundo”. No es ninguna coincidencia: en lo que va de marzo, la tabla de importaciones arroja una imagen similar, con las dos mayores potencias latinoamericanas en cabeza.
Como en el caso del gas —aunque en mucha menor medida—, a España también está llegando más crudo desde Estados Unidos. “Su petróleo, sin embargo, es muy liviano y no es el sustituto perfecto ideal del ruso”, apunta Jorge León, vicepresidente sénior de la firma de análisis energético Rystad. “Pero, efectivamente, lo más significativo es el aumento en las llegadas de crudo latinoamericano, sobre todo desde Brasil, que se ha convertido en el primer suministrador español en este inicio de 2023″. En parte, según la expresidenta de Citgo Luisa Palacios, porque la producción brasileña que antes iba a China ha acabado en el Viejo Continente tras ser expulsado del gigante asiático por el crudo ruso, al que el Kremlin ha tenido que aplicar fuertes descuentos.
En estas circunstancias, la mayor llegada de crudo brasileño —en detrimento del ruso— está permitiendo, según Katona, reducir el consumo de gas natural en las refinerías españolas. ¿La razón? Al tener menos azufre, requiere menos hidrógeno en el proceso de destilado. Y el hidrógeno sigue generándose, mayoritariamente, con gas natural. “Ha sido de gran ayuda”, sintetiza el analista de Kpler.
Pese a los miles de millas náuticas de océano Pacífico que separan Rusia de las principales potencias petroleras latinoamericanas, el tipo de crudo que ponen en el mercado es —por lo general— muy similar: pesado, ideal para la producción de los llamados destilados medios, como el diésel o el queroseno de aviación. Solo algunos países de Asia Central —como Azerbaiyán— pueden aportar un tipo de petróleo similar.
La “recalibración estratégica” de España hacia América Latina —en palabras de Katona— se ve sustentada, además, por la reanudación de los flujos desde Venezuela: la semana pasada, sin ir más lejos, Kpler registró la llegada de sendos cargamentos de crudo de ese país a los puertos de Cartagena y de Tarragona. Colombia e incluso Ecuador —este último, desaparecido durante años de la tabla de importaciones energéticas españolas—, también están volviendo a vender cantidades sustanciales a España. Y otros dos países sudamericanos —aunque no latinos—, Guyana y Trinidad y Tobago, se han convertido en proveedores de cierta relevancia.
Las ocho refinerías activas en España —uno de los pocos exportadores netos de carburantes del Viejo Continente— son lo más parecido a una navaja suiza: sirven para procesar todo tipo de crudos: ligeros o pesados; ácido o dulce (en función de la cantidad de azufre que contiene)… Esa versatilidad no solo es un atributo muy positivo en estos tiempos, en los que la seguridad de suministro ha pasado a primera línea de preocupaciones, sino que permite traer petróleo desde prácticamente cualquier productor del planeta.
“Este mayor grado de intercambio es bueno para España y bueno para América Latina. Las dos partes salen ganando”, resume León, de Rystad. Palacios, hoy profesora del Centro de Política Energética Global de la Universidad Columbia, en cambio, toma el movimiento con un grano de sal: “Es cierto que es una oportunidad para Latinoamérica, pero hay que ponerlo en perspectiva: la cantidad no es mucha y su mayor cliente sigue y seguirá siendo EE UU”. Y es que, aunque la producción petrolera de Brasil y de Guyana —los países que mejor están aprovechando la ocasión— ha crecido con fuerza en los últimos tiempos, esta no lo ha hecho en el conjunto de la región. “Los petroleros tradicionales de la región han sufrido y siguen sufriendo un gran declive”, recuerda al otro lado del teléfono.
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Economía
¿Hasta qué punto es grave el lío de los bancos?

Estoy de vacaciones e intento pasar unas semanas sin pensar en lo de siempre, pero al final no puedo mantenerme al margen del debate sobre la repentina oleada de crisis bancarias y su efecto en las perspectivas económicas. Como todo el mundo sabe, el Silicon Valley Bank (SVB) ha sido intervenido por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos tras enfrentarse a un clásico caso de pánico bancario. Pronto lo siguió el Signature Bank, y el First Republic Bank está sometido a fuertes presiones. Las autoridades suizas han organizado la absorción de Credit Suisse, uno de los principales bancos, por parte de su rival UBS. Y todo el mundo se pregunta qué otras minas terrestres están a punto de estallar.
Va a haber muchas indagaciones sobre por qué estos bancos se han metido en semejante lío y cómo han conseguido hacerlo. En el caso del SVB, parece que los reguladores sabían desde hacía tiempo que se trataba de un caso problemático, pero por alguna razón no lo frenaron o no pudieron hacerlo. Sin embargo, las cuestiones más acuciantes tienen que ver con el futuro. ¿Hasta qué punto el desastre bancario cambia las condiciones de la economía? ¿En qué medida debería cambiar la política económica? Algunos analistas lanzan advertencias apocalípticas sobre la hiperinflación y el colapso inminente del dólar. Pero, casi con toda seguridad, esto es lo contrario de la verdad. Cuando los depositantes retiran su dinero de los bancos, el efecto es desinflacionario, incluso deflacionario. Eso fue, desde luego, lo que ocurrió en los primeros años de la Gran Depresión.
La crisis de ahorros y préstamos de la década de 1980 no alcanzó el nivel del crac de 1929, en gran medida porque, por lo general, los depositantes estaban asegurados, de manera que se les reembolsó la totalidad de sus fondos (a enorme costa de los contribuyentes) a pesar de las grandísimas pérdidas del sector. Aun así, la crisis posiblemente frenó los préstamos a las empresas, especialmente en el sector inmobiliario comercial, lo cual contribuyó a la recesión de 1990-1991. Y la crisis financiera de 2008 también fue desinflacionaria y contribuyó a provocar la peor recesión económica desde la Gran Depresión.
¿En qué se diferencia de ellas el caos actual? No cabe duda de que supondrá un lastre para la economía. Pero, ¿de qué magnitud? ¿Y en qué medida debería cambiar la política económica, en particular las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés? La respuesta es sencilla: nadie lo sabe. Esto es lo que sí sabemos: no parece que los depositantes estén pidiendo dinero en efectivo y guardándolo debajo del colchón. Sin embargo, sí que están transfiriendo fondos de los bancos pequeños y medianos, en parte a bancos grandes, y en parte a fondos del mercado monetario.
Es probable que ambos tipos de entidades concedan menos préstamos a las empresas que los bancos pequeños que ahora están bajo presión. Los grandes bancos están sometidos a una regulación más estricta que los pequeños, ya que se les exige que dispongan de más capital (exceso de activos sobre pasivos) y de más liquidez (una proporción más alta de sus activos dedicada a inversiones que puedan convertirse fácilmente en dinero contante y sonante). Los fondos del mercado monetario también tienen que cumplir unos requisitos de liquidez bastante severos. Si añadimos la probabilidad de que incluso los bancos que no han sufrido una retirada masiva de depósitos se vuelvan mucho más cautelosos, es probable que nos encontremos ante una grave reducción del crédito. De hecho, las turbulencias bancarias tendrán un efecto muy parecido a una subida de tipos de interés.
Hace un par de semanas escribí que la Reserva Federal navega a través de una densa niebla de datos, tratando de atravesar el estrecho entre Escila, el monstruo de la inflación, si se queda corta apretando, y Caribdis, el monstruo de la recesión, si se excede (o tal vez sea al revés; las aportaciones de los expertos en Homero son bienvenidas). Pues bien, la niebla se ha vuelto aún más espesa. Pero está claro que el riesgo de recesión ha aumentado y el de inflación ha disminuido, así que tiene sentido que la Reserva Federal vire un poco a la izquierda.
Probablemente lo que esto signifique en la práctica sea que la Reserva debería suspender sus subidas de tipos hasta que se despejen algo más el panorama de la inflación y los efectos del lío bancario, y debería dejar claro que eso es lo que está haciendo. No parece existir mucho peligro de que el banco central de Estados Unidos pierda su credibilidad en la lucha contra la inflación si se da un tiempo para orientarse. Las previsiones de inflación parecen muy bien ancladas. ¿Debería la institución ir más allá y rebajar los tipos? Aunque por lo general soy una paloma monetaria, yo no pediría una rebaja real, al menos no de momento. Entre otras cosas, eso podría transmitir una sensación de pánico.
Y aunque la oleada de problemas bancarios ha conmocionado a casi todo el mundo, el pánico no parece la respuesta adecuada.
Por otro lado, que la Reserva Federal siga con las subidas de tipos precisamente ahora podría enviar la señal contraria: una sensación de desorientación. Parece que es el momento de decir: no actúen por actuar; quédense quietos. Por si sirve de algo, la verdad es que me tranquiliza un poco la forma en que los responsables políticos están respondiendo a la actual oleada de problemas bancarios. Algunos de nosotros recordamos los amargos debates de 2008-2009 sobre cómo estabilizar el sistema financiero. Las instituciones con problemas eran complejas y opacas, y nadie en el poder parecía dispuesto a intervenirlas para poder rescatarlas sin rescatar también a los accionistas. Esta vez estamos hablando de bancos convencionales que pueden ser y han sido intervenidos, protegiendo a los depositantes sin que los accionistas se vayan de rositas.
La conclusión es que, de momento, esto no parece una crisis financiera en toda regla. Pero permanezcan atentos.
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Economía
Canadá tiene un problema con sus enfermeros

Los canadienses tienen un problema con la mano de obra. Hay 848.000 empleos vacantes, según un reciente informe del Gobierno. Un sector particularmente afectado por la carestía de personal es el sanitario y, en concreto, la enfermería. Es un área muy sensible y las consecuencias del déficit de trabajadores irritan a la ciudadanía: salas de urgencia cerradas los fines de semana en Winnipeg, enfermos molestos en los hospitales de Montreal por demoras en la atención, o un lento sistema de ambulancias en Ottawa porque muchos de los vehículos deben hacer fila para esperar a que alguien reciba a sus pacientes son solo algunos de los ejemplos más sangrantes.
Es práctica común que las enfermeras y los enfermeros deban hacer horas extras obligatorias. También que tengan a su cargo un número elevado de pacientes. “El estrés y la ansiedad son muy altos. Nos da miedo cometer un error con las personas bajo nuestro cuidado”, escribió en sus redes sociales una de estas trabajadoras de Columbia Británica. Además, algunos Gobiernos provinciales se niegan en redondo a un incremento de los salarios. En Ontario, la provincia más poblada del país, las enfermeras no dejan de manifestarse en contra de una ley —aprobada en 2019— que limita los aumentos salariales al 1% anual para trabajadores públicos.
No sorprende por tanto que numerosos profesionales de la enfermería tiren la toalla o busquen cobijo en ambientes menos precarios (por ejemplo, en clínicas privadas); otras se lo piensan dos veces antes de ingresar por vez primera a la red pública. Un informe de 2022 elaborado por la Federación canadiense de Sindicatos de Enfermeras constató “un aumento del 219,8% en las vacantes de enfermería desde 2017″. Distintos Gobiernos provinciales han puesto en marcha iniciativas para tratar de reducir el problema. Becas de estudio y una conciliación más acentuada entre personal y administradores de hospitales forman parte de estas herramientas. También programas para reclutar enfermeros y enfermeras en otras latitudes. Sin embargo, esta última medida no está exenta de críticas. Algunos expertos denuncian que los esfuerzos de reclutamiento en el sudeste asiático y África occidental pueden provocar un debilitamiento en los sistemas sanitarios de naciones menos desarrolladas.
Reunión con Trudeau
Un elemento clave para frenar esta carestía pasa por mejorar las condiciones laborales, sobre todo aumentando los salarios y haciendo menos pesadas las cargas de trabajo (por ejemplo, eliminando las horas suplementarias obligatorias). En febrero, los primeros ministros provinciales se reunieron con el primer ministro, Justin Trudeau, para abordar el tema de las transferencias federales a la sanidad. Actualmente, las provincias cubren el 78% del presupuesto y Ottawa el 22% restante. Trudeau ofreció unos 31.700 millones de euros para los próximos 10 años. Los primeros ministros provinciales, sin margen de maniobra real para negociar, aceptaron la propuesta a regañadientes. La sanidad canadiense —reconocida en todo el mundo por su carácter público, gratuito y universal— se enfrenta a retos de altura. La escasez de enfermeras y enfermeros es uno de los más graves, pero la modernización de instalaciones y la contratación de médicos son también asunto urgente.
Por si fuera poco, hay un expediente x en las pruebas de selección. En septiembre de 2022, solo el 51,4% de las personas que se presentaron por primera vez al examen de la Orden de enfermería de Quebec lograron un aprobado. En marzo del mismo año, la tasa fue del 71%, mientras que en septiembre del 2021 alcanzó el 81%. Se ha abierto una investigación para saber qué está pasando.
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