España tendrá algo importante que decir en la digestión de la toma de Credit Suisse por UBS. El primero había hecho de la oficina de Madrid uno de sus centros en la UE, mientras que el segundo tiene una presencia mucho más limitada en el mercado español. Algo que queda ahora en el aire.

Credit Suisse apostó fuerte por España tras el Brexit. Opera con licencia del Banco de España desde 2020 y desde entonces la oficina de la calle Ayala de Madrid pilota la operativa del banco en seis países, además de España: Francia, Portugal, Italia, Países Bajos y Suecia. Cuenta con unos 400 empleados, de los cuales 150 se dedican a la banca de inversión y el resto a banca privada.

En ese contexto, el banco suizo sorprendió al mercado el pasado verano con un fichaje de postín, el de Nacho Moreno, hasta ese momento responsable de Barclays en España, para comandar su banca de inversión. El objetivo es llevar al banco al top cinco entre los bancos de inversión en España. El fichaje provocó la marcha del hasta entonces consejero delegado de la entidad en España, Wenceslao Buge, junto a parte de su equipo.

La rápida resolución del banco ha congelado este proceso. El papel de España en UBS es mucho más reducido, más desde que vendió en 2021 su negocio de banca privada en España a Singular Bank. Esto le obliga a vender la parte adquirida a Credit Suisse o abonar una penalización. En cuanto a la banca de inversión, tiene un equipo mucho más pequeño, de apenas una decena de profesionales y muy especializado en operaciones de fibra óptica. Ha asesorado en las ventas de Reintel, Adamo u Onivia.

A simple vista, los negocios de banca de inversión de ambas entidades en España parecen complementarias. De acuerdo a las tablas de Dealogic, la suma de las dos entidades hubiese sumado 60 millones en comisiones en 2022 y 66 millones en 2021, suficientes para colocarse terceros en el ranking del año pasado y octavos en el del año anterior. Está en línea con los objetivos que tenía Credit Suisse en solitario en España.

No obstante, UBS ya ha indicado que revisará el negocio de banca de inversión de Credit Suisse y planea despidos y ajustes. El negocio en España no abarca la parte más intensiva en capital (derivados y coberturas), lo que puede sugerir que se salve de la quema.

UBS no cuenta actualmente con un responsable para su negocio en España, toda vez que su anterior cabeza en el país, Pablo Diaz Mejías, abandonó el banco en el pasado verano. Todo el proceso de integración de equipos será pilotado por un español, Javier Oficialdegui, que fue la mano derecha de Andrea Orcel y desde 2019 es el responsable de clientes corporativos de la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

El gran dueño de la Bolsa

El rescate de Credit Suisse tiene, por otra parte, una gran repercusión en la Bolsa española. UBS y Credit Suisse eran, por separado, los dos mayores accionistas de Six, el operador de las Bolsas suiza y española, por lo que UBS pasa así a convertirse en el accionista de control de BME. Según el folleto de la opa lanzada por Six sobre BME en noviembre de 2019, UBS controla el 17,31% del operador bursátil, seguido por Credit Suisse con un 14,68%. Su fusión implica así el control del 32% del capital de Six y, por ende, del gestor de la Bolsa española.

Un paquete que abre la puerta a que el nuevo gigante bancario suizo pueda hacer caja con parte de su participación en Six, algo que ya se especulaba en el mercado desde el pasado mes octubre, cuando comenzaron las dudas sobre la solvencia de Credit Suisse, y que podría permitir reforzar la españolidad de la Bolsa de Madrid gracias a a que los accionistas españoles de Six disponen del mismo derecho de tanteo que los bancos suizos en el operador de las Bolsas suiza y española.

Los bancos helvéticos, que lideran el accionariado de Six, seguidos por otras firmas suizas como Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (5,5%), Zürcher Kantonalbank (3,3%) y Julius Bär (3,19%), disponen de un derecho de tanteo preferente para poder adquirir acciones de Six sobre los inversores que carezcan de pasaporte suizo –las entidades extranjeras controlan un 15% del capital–. Si bien, el Gobierno español impuso entre las condiciones para aceptar la opa suiza sobre BME que los miembros del mercado español tuvieran el mismo estatus que los helvéticos. Es decir, los miembros y participantes de las infraestructuras de BME cuentan con igual posibilidad que los bancos suizos de elevar su participación en Six adquiriendo títulos de los actuales accionistas.

El Gobierno también impuso, entre otras condiciones, que en caso de que Six se convierta en cotizada en un futuro tenga que hacerlo a través de un dual listing tanto en la Bolsa suiza como en la española. Y que la Bolsa suiza ofrezca la posibilidad de cotizar en la Bolsa española a emisores extranjeros de fuera de la Unión Europea.

Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días

Unicaja no quiere dejar ningún fleco suelto de cara a la junta de accionistas que celebrará la próxima semana. La entidad malagueña está sondeando a los inversores, especialmente a los minoritarios, que controlan un 42% del capital, con el objetivo de promover su participación y que avalen la renovación del consejo.

Unicaja cuenta con Georgeson para lanzar esta ofensiva. Se trata de un asesor de voto encargado de mediar entre las empresas y sus accionistas que en las últimas semanas ha mandado una carta a los inversores para tratar de ganarse su favor. Fuentes de la entidad señalan que se trata de una práctica habitual en el banco (viene contratando a la misma empresa durante los últimos años) y en las compañías del Ibex, y su objetivo es favorecer la participación de los accionistas.

El plato fuerte de la orden del día es el nombramiento de los cuatro consejeros dominicales propuestos por la Fundación Unicaja. Con la ratificación de la junta, la Fundación culminará su golpe de mano para garantizarse el control en el máximo órgano de gobierno del banco dentro de la nueva etapa que afronta con José Manuel Domíguez al frente.

Se trata de una cuestión importante, ya que este año será clave para definir la cúpula de Unicaja. Al cumplirse dos años de la fusión con Liberbank, y de acuerdo a los pactos alcanzados con el Banco Central Europeo, el presidente, Manuel Azuaga, deberá ceder sus poderes ejecutivos antes del 31 de julio. Y el consejero delegado, Manuel Menéndez, será reevaluado por el consejo para continuar en el cargo.

La cuestión está en que el rumbo del principal accionista de la entidad –la Fundación Unicaja, que tiene un 30,23%– ha cambiado radicalmente en el último año. Su alma máter, Braulio Medel, dejó la presidencia de la entidad, pero antes de ello, se aseguró la renovación de sus cuatro consejeros en el banco: Juan Fraile, María Teresa Sáez, Petra Mateos-Aparicio y Manuel Muela.

La nueva cúpula de la Fundación, con José Manuel Domínguez a la cabeza, quiere que sus representantes en el consejo del banco estén más alineados con ellos y no con Medel. El objetivo es garantizarse que estos cuatro representantes apoyen sus postulados en las próximas votaciones que se acercan este verano y que deberán evaluar la renovación de Menéndez como primer ejecutivo.

La Fundación ha perseguido durante los últimos meses la dimisión de los cuatro consejeros propuestos por Medel y, tras lograrlo, la junta ratificará las propuestas de Juan Antonio Izaguirre, José Ramón Sánchez, Natalia Sánchez y Miguel González en su sustitución. Los accionistas también deberán validar el la renovación de Isidoro Unda Urzaiz y María Teresa Costa Campi como consejeros independientes.

El amplio poder de la Fundación Unicaja en el accionariado, que controla un tercio del capital, hace prever que los nombramientos vayan a contar con el visto bueno de la junta. Junto a los títulos de los accionistas procedentes de la antigua Unicaja, Tomás Olivo e Indumenta Pueri (los dueños de Mayoral), controlan un 40%, que con el quórum habitual para estas juntas es suficiente para dar luz verde a los nombramientos.

La Fundación necesita, sin embargo, que la oposición no sea muy alta. Se descuenta el voto en contra de la fundación asturiana, con el 6,5%, y es una incógnita la posición del hedge fund Oceanwood, procedente de Liberbank. Por ello, el papel de los minoritarios es clave en un banco con cerca de 35.000 accionistas, muchos de ellos pequeños inversores particulares, pero también grandes fondos como BlackRock, Fidelity o Vanguard.

Dada la importancia del encuentro de este año con sus accionistas, Unicaja quiere garantizarse la máxima participación y para ello, se ha servido de Georgeson. Según una carta, a la que ha tenido acceso CincoDías, el banco defiende los nombramientos por mantener el peso de los independientes del consejo, que sigue estando por encima del tercio. Reconoce, eso sí, que el movimiento reducirá el número de consejeras, por lo que se compromete a nombrar mujeres para cubrir las futuras vacantes. “Su apoyo es muy importante para nuestra compañía, en la que la cultura de la propiedad y el vínculo con los accionistas son muy importantes”, reza la carta.

Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días

Los grandes propietarios residenciales quieren que su propuesta de cesión de entre 20.000 y 25.000 casas para alquiler social se incluya en la ley de vivienda que el Congreso tendría que refrendar antes de que finalice la legislatura. El Gobierno de Pedro Sánchez fue el que habló el pasado año de que estos fondos y bancos deberían traspasar alrededor de 30.000 viviendas, pero las partes no han avanzado en las negociaciones a pesar de que el sector privado hizo llegar su plan al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) hace unos meses.

Entre los fondos y bancos que estarían dispuestos a sumarse a esa iniciativa se encuentran Blackstone, Lone Star, Cerberus, Santander, Caixabank, BBVA y Sabadell, que son las entidades privadas con más viviendas disponibles, en su mayor parte procedentes de adjudicados bancarios, según explican las fuentes consultadas.

Los grandes propietarios quieren una garantía estatal para ceder esas viviendas, aunque los subarriendos recaerían en comunidades autónomas (que tienen las competencias de vivienda) y ayuntamientos de grandes urbes. Por eso, para obtener garantía de cobro a largo plazo, insisten en que se incluya en la ley de vivienda, probablemente como una disposición adicional. El mecanismo consistiría en concursos en los que los grandes propietarios pondrían a disposición, cada uno de ellos, un número de viviendas para familias vulnerables a 25 años.

La clave para estas entidades es que el acuerdo se centralice por parte del Gobierno y las rentas de alquileres a 25 años estén garantizadas como deuda del Estado.

Esa cifra supone alrededor de 2.300 millones de euros como deuda para Hacienda, un cálculo que proviene de un coste de 90 millones aproximadamente en alquileres durante 25 años. Aunque, en realidad, ese gasto para las Administraciones podría ser mucho menor, ya que quien paga las rentas son las familias que disfruten del alquiler social. Ese aval estatal serviría en caso de morosidad.

Esa disposición en la ley de vivienda también debería incluir, según la propuesta, el derecho de subarriendo para comunidades autónomas e incluso ayuntamientos de grandes urbes. Cada administración, de esa forma, podría definir qué población considera vulnerable para beneficiarse de estos arrendamientos.

Respecto a los precios, la propuesta incide en ceder esas residencias a una renta que se sitúe un 20% por debajo del Índice de Alquiler de Vivienda del Mitma, lo que según estos propietarios supone una rebaja de entre un 30% y un 40% por debajo del precio de mercado en zonas tensionadas.

Los beneficiarios serán los hogares que cada administración considere, incluso familias que hayan okupado esos pisos y estén dentro de los parámetros de vulnerabilidad. Por eso, estos propietarios ofrecen un reset o comenzar de cero con esas tomas ilegales de vivienda, legalizando esas situaciones.

Pero, a cambio, y para evitar un efecto llamada, exigen al Gobierno que en paralelo endurezcan las penas para el delito de usurpación u okupación, ya que estos grandes propietarios están especialmente perjudicados por esta situación en Cataluña.

La propuesta ha sido presentada al Ejecutivo por Asval (Asociación de propietarios de viviendas en alquiler), que preside el exministro socialista Joan Clos. Concretamente, el conocedor del plan es David Lucas, secretario de Estado del Mitma, quien hasta febrero era director general de Vivienda.

El mayor problema del Ejecutivo para llegar a un acuerdo es el socio de coalición Unidas Podemos, reacio a esta negociación. Aunque el Gobierno progresista podría vender electoralmente que ha conseguido doblegar a banca y fondos con la cesión de esas casi 30.000 viviendas.

No es el único escollo. La nueva norma es un compromiso político que se ha atragantado a los socios de coalición. El Consejo de Ministros dio luz verde en febrero del año pasado a esta Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. Actualmente, está inmersa en la negociación en el Congreso a la espera de que el Gobierno y sus socios pacten enmiendas.

En 2021, el Ejecutivo aumentó de 20.000 a 100.000 unidades el objetivo de crear un parque público de vivienda asequible. Actualmente, el Mitma trabaja con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) en desarrollar parcelas para 17.000 casas y con Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) en la cesión de viviendas sociales.

Los grandes propietarios ya anunciaron el pasado año que estaban dispuestos a ceder esas 30.000 casas reclamadas por el Gobierno. El número de 25.000 obedece ahora a que estas empresas han ido reduciendo sus carteras en los últimos meses a través de ventas.

Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días