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El Gobierno utiliza el acuerdo en pensiones para presionar al PP por su indefinición económica

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El Gobierno ha tenido un arranque de año mucho más duro de lo esperado, desde el punto de vista político, y necesitaba una buena noticia a la que aferrarse. El acuerdo dentro de la coalición, con los sindicatos y sobre todo con Bruselas para la reforma de pensiones, aprobada este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario, parece haber dado respuesta a ese hito que buscaba La Moncloa para volver a hablar de gestión y de reformas progresistas en vez hacerlo de divisiones internas. La moción de censura de la próxima semana y un posible pacto de vivienda en las próximas podría rematar este cambio, según confían en el Ejecutivo. El Gobierno tiene pendiente además un nuevo paquete de ayudas frente a la inflación que tiene que aprobarse antes de que decaiga el actual, a finales de junio. Ahí podrían llegar más medidas frente a la subida del precio de los alimentos.

Pero de momento, el Gobierno ha concentrado toda su maquinaria en la reforma de pensiones, que ha sido la primera gran buena noticia en bastante tiempo, y como tal fue recibida por el Consejo de Ministros. Todos, incluidas las ministras de Podemos, que han respaldado explícitamente el acuerdo, aplaudieron a José Luis Escrivá y su reforma estrella al final de la reunión, algo muy poco habitual en un encuentro que, según coinciden varios de los presentes, cada vez es más técnico y menos político.

El Ejecutivo le da la máxima relevancia política a la reforma de pensiones por muchas derivadas, en especial la más concreta, porque supone según el Ejecutivo una garantía de sostenibilidad de uno de los grandes pilares del Estado de bienestar para muchos años. España va en línea completamente contraria a la de Francia, que está aprobando un gran ajuste en pensiones que está suponiendo un enorme desgaste para Emmanuel Macron y puede hacer caer al Gobierno. “Francia no ha abordado sistema de pensiones en décadas, y por eso ahora tienen que hacer una aproximación vía recortes. En Francia hay 42 regímenes privilegiados de pensiones, algo que España eliminó hace años”, señaló Escrivá para explicar por qué ambos países van en sentido contrario.

La coalición saca adelante una reforma en positivo, sin recortes, pactada con los sindicatos, y sobre todo avalada por Bruselas tras una larga y complejísima negociación en la que Escrivá ha tenido que fajarse en persona y con su equipo para convencer a los técnicos de la Comisión Europea de que los números cuadran. Aun así, han dejado para dentro de tres años una evaluación para ver si hay que hacer ajustes, y es ahí donde se aferra el PP para criticarla.

Este marco de la reforma de pensiones le sirve al Gobierno para lanzar mensajes positivos hacia uno de los colectivos más sensible políticamente: los casi 10 millones de pensionistas, una población que tiene un altísimo porcentaje de participación electoral, que puede decantar comicios en un sentido u otro y que está viendo en estos primeros meses de 2023 cómo sus pensiones aumentan un 8,5%.

Pero la reforma le sirve también al Gobierno para llevar al PP a un terreno donde La Moncloa cree que se mueve mucho más incómodo Alberto Núñez Feijóo: el de la alternativa económica. El líder del PP rechaza la reforma, dice que es un parche, y apunta una posible votación en contra en el Congreso. Pero no aclara qué haría él en un asunto tan sensible si llegara al Gobierno. Si lo hiciera, tendría que apuntar dónde recortaría gastos si no está de acuerdo con la línea de aumento de ingresos que ha propuesto Escrivá y rechaza la patronal, porque está centrada en buena parte en un moderado aumento de las cotizaciones, que en cualquier caso quedarían muy por debajo de la media europea, según demostró el ministro con gráficos claros tras el Consejo de Ministros.

Feijóo está en esto con la patronal y el PP está mucho más cómodo que hace un año, cuando los empresarios pactaron la reforma laboral con el Ejecutivo y dejaron a los populares en fuera de juego con su voto en contra. Pero el líder de los populares no puede poner encima de la mesa ningún ajuste en un año electoral, así que es probable que se mantenga en la indefinición. El Gobierno aprovecha este marco para recordar el fracaso de la última reforma de pensiones, la de Mariano Rajoy, que suponía un ajuste muy fuerte porque solo aumentaban un 0,25% al año, algo que habría sido demoledor en un momento como este, con una elevada inflación. De hecho, el propio Rajoy, poco antes de ser destituido por una moción de censura, rompió su propia reforma y pactó con el PNV una subida de pensiones del 2% para que los nacionalistas vascos apoyaran los Presupuestos.

Sánchez y Escrivá están preparados para recordar al PP ese ajuste fuerte de Rajoy en 2013 y reivindicar que la reforma que ha hecho el Gobierno progresista va en la línea contraria. Además, la reforma tiene fuerza para ir al combate ideológico con el PP, ya que como explicó Escrivá, tiene un gran componente redistributivo y de equidad, al aumentar la aportación de las rentas más altas. “Estamos asegurando la suficiencia del sistema de pensiones, lo hacemos más equitativo y sostenible”, aseguró. El ministro está convencido, y así lo explicó en la rueda de prensa, de que Feijóo critica ahora la reforma, pero si llegara al Gobierno la mantendría, como hizo Rajoy con la de 2011 de Zapatero. “El PP no votó la reforma de 2011, la criticó, y luego mantuvo todo cuando llegó al Gobierno. Cuando una reforma está bien hecha y tiene apoyos suficientes tiende a perdurar. Esta es una reforma para muchísimos años que aporta muchísima tranquilidad a nuestros pensionistas”, remató Escrivá.

El ministro insiste en que el aumento de cotizaciones sería como una subida de salario del 1,6% en 30 años, algo perfectamente asumible por las empresas. “El coste por hora trabajada está en 23,4 euros en España. En Italia está cerca de 30 y la media del euro está en 33,8. Después de 30 años. La subida total con esta reforma es de 37 céntimos, se quedará en 23,8, muy por debajo de la media. Esta reforma no pone en peligro la competitividad de las empresas españolas ni va a poner en riesgo el buen funcionamiento del mercado de trabajo. Este primer trimestre de 2023 tendremos el mejor dato de empleo de la serie histórica”, remató Escrivá.

Ahora empieza la tramitación parlamentaria, donde el Gobierno espera tener una amplia mayoría y así dejar de nuevo al PP con Vox en la oposición a un modelo que apoya Bruselas y que supone mensajes muy positivos sin que los populares muestren de momento su alternativa porque podría suponer ajustes, precisamente el marco en el que a La Moncloa le gustaría que se moviera la larga campaña electoral que prácticamente ya ha empezado y durará todo este año.

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Economía

España recurre a América Latina para cubrir el hueco de Rusia en el mercado petrolero

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El último cargamento de crudo ruso llegó a las costas españolas hace casi un año: el 15 de abril de 2022. Lo hizo al puerto de Cartagena, a bordo del petrolero Minerva Eleonora, un buque de más de 240 metros de eslora y bandera liberiana. Desde entonces, no ha llegado ni una sola gota más de petróleo de los Urales, sujeto a sanciones y que la guerra ha convertido en tóxico a lo largo y ancho de Occidente. Ante la tesitura, los importadores españoles —una potencia refinera a escala europea, exportadora neta de carburantes— han tenido que activar otros resortes para traer de otros países una cantidad no menor de crudo: unos 150.000 barriles diarios, alrededor del 13% del consumo total español.

En esa búsqueda de proveedores alternativos, una gran figura emerge por encima del resto: América Latina. Tras varios años de relativa atonía en las importaciones de crudo, las llegadas desde el bloque se han disparado, con Brasil a la cabeza. Entre mayo del año pasado —el primer mes sin llegadas de crudo ruso a los puertos españoles— y diciembre llegaron a España más de 12,7 millones de toneladas de petróleo desde la enorme franja de tierra que va del río Bravo a Ushuaia. Es la mayor cifra de siempre, un 60% más que un año antes y un tercio más que en 2019, el último ejercicio antes de la pandemia, según los datos de la Corporación estatal de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

“En febrero de 2022, el último mes ‘normal’ antes de la guerra, era difícil encontrar países de América Latina entre los mayores proveedores españoles de crudo: prácticamente todo venía Kazajistán, Estados Unidos, Nigeria, Arabia Saudí o Libia”, recuerda Viktor Katona, analista líder de petróleo de la consultora Kpler. En un año, esa foto fija ha mutado por completo: “En febrero, Brasil ha pasado a ocupar el primer lugar y México el segundo”. No es ninguna coincidencia: en lo que va de marzo, la tabla de importaciones arroja una imagen similar, con las dos mayores potencias latinoamericanas en cabeza.

Como en el caso del gas —aunque en mucha menor medida—, a España también está llegando más crudo desde Estados Unidos. “Su petróleo, sin embargo, es muy liviano y no es el sustituto perfecto ideal del ruso”, apunta Jorge León, vicepresidente sénior de la firma de análisis energético Rystad. “Pero, efectivamente, lo más significativo es el aumento en las llegadas de crudo latinoamericano, sobre todo desde Brasil, que se ha convertido en el primer suministrador español en este inicio de 2023″. En parte, según la expresidenta de Citgo Luisa Palacios, porque la producción brasileña que antes iba a China ha acabado en el Viejo Continente tras ser expulsado del gigante asiático por el crudo ruso, al que el Kremlin ha tenido que aplicar fuertes descuentos.

En estas circunstancias, la mayor llegada de crudo brasileño —en detrimento del ruso— está permitiendo, según Katona, reducir el consumo de gas natural en las refinerías españolas. ¿La razón? Al tener menos azufre, requiere menos hidrógeno en el proceso de destilado. Y el hidrógeno sigue generándose, mayoritariamente, con gas natural. “Ha sido de gran ayuda”, sintetiza el analista de Kpler.

Pese a los miles de millas náuticas de océano Pacífico que separan Rusia de las principales potencias petroleras latinoamericanas, el tipo de crudo que ponen en el mercado es —por lo general— muy similar: pesado, ideal para la producción de los llamados destilados medios, como el diésel o el queroseno de aviación. Solo algunos países de Asia Central —como Azerbaiyán— pueden aportar un tipo de petróleo similar.

La “recalibración estratégica” de España hacia América Latina —en palabras de Katona— se ve sustentada, además, por la reanudación de los flujos desde Venezuela: la semana pasada, sin ir más lejos, Kpler registró la llegada de sendos cargamentos de crudo de ese país a los puertos de Cartagena y de Tarragona. Colombia e incluso Ecuador —este último, desaparecido durante años de la tabla de importaciones energéticas españolas—, también están volviendo a vender cantidades sustanciales a España. Y otros dos países sudamericanos —aunque no latinos—, Guyana y Trinidad y Tobago, se han convertido en proveedores de cierta relevancia.

Las ocho refinerías activas en España —uno de los pocos exportadores netos de carburantes del Viejo Continente— son lo más parecido a una navaja suiza: sirven para procesar todo tipo de crudos: ligeros o pesados; ácido o dulce (en función de la cantidad de azufre que contiene)… Esa versatilidad no solo es un atributo muy positivo en estos tiempos, en los que la seguridad de suministro ha pasado a primera línea de preocupaciones, sino que permite traer petróleo desde prácticamente cualquier productor del planeta.

“Este mayor grado de intercambio es bueno para España y bueno para América Latina. Las dos partes salen ganando”, resume León, de Rystad. Palacios, hoy profesora del Centro de Política Energética Global de la Universidad Columbia, en cambio, toma el movimiento con un grano de sal: “Es cierto que es una oportunidad para Latinoamérica, pero hay que ponerlo en perspectiva: la cantidad no es mucha y su mayor cliente sigue y seguirá siendo EE UU”. Y es que, aunque la producción petrolera de Brasil y de Guyana —los países que mejor están aprovechando la ocasión— ha crecido con fuerza en los últimos tiempos, esta no lo ha hecho en el conjunto de la región. “Los petroleros tradicionales de la región han sufrido y siguen sufriendo un gran declive”, recuerda al otro lado del teléfono.

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¿Hasta qué punto es grave el lío de los bancos?

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Estoy de vacaciones e intento pasar unas semanas sin pensar en lo de siempre, pero al final no puedo mantenerme al margen del debate sobre la repentina oleada de crisis bancarias y su efecto en las perspectivas económicas. Como todo el mundo sabe, el Silicon Valley Bank (SVB) ha sido intervenido por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos tras enfrentarse a un clásico caso de pánico bancario. Pronto lo siguió el Signature Bank, y el First Republic Bank está sometido a fuertes presiones. Las autoridades suizas han organizado la absorción de Credit Suisse, uno de los principales bancos, por parte de su rival UBS. Y todo el mundo se pregunta qué otras minas terrestres están a punto de estallar.

Va a haber muchas indagaciones sobre por qué estos bancos se han metido en semejante lío y cómo han conseguido hacerlo. En el caso del SVB, parece que los reguladores sabían desde hacía tiempo que se trataba de un caso problemático, pero por alguna razón no lo frenaron o no pudieron hacerlo. Sin embargo, las cuestiones más acuciantes tienen que ver con el futuro. ¿Hasta qué punto el desastre bancario cambia las condiciones de la economía? ¿En qué medida debería cambiar la política económica? Algunos analistas lanzan advertencias apocalípticas sobre la hiperinflación y el colapso inminente del dólar. Pero, casi con toda seguridad, esto es lo contrario de la verdad. Cuando los depositantes retiran su dinero de los bancos, el efecto es desinflacionario, incluso deflacionario. Eso fue, desde luego, lo que ocurrió en los primeros años de la Gran Depresión.

La crisis de ahorros y préstamos de la década de 1980 no alcanzó el nivel del crac de 1929, en gran medida porque, por lo general, los depositantes estaban asegurados, de manera que se les reembolsó la totalidad de sus fondos (a enorme costa de los contribuyentes) a pesar de las grandísimas pérdidas del sector. Aun así, la crisis posiblemente frenó los préstamos a las empresas, especialmente en el sector inmobiliario comercial, lo cual contribuyó a la recesión de 1990-1991. Y la crisis financiera de 2008 también fue desinflacionaria y contribuyó a provocar la peor recesión económica desde la Gran Depresión.

¿En qué se diferencia de ellas el caos actual? No cabe duda de que supondrá un lastre para la economía. Pero, ¿de qué magnitud? ¿Y en qué medida debería cambiar la política económica, en particular las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés? La respuesta es sencilla: nadie lo sabe. Esto es lo que sí sabemos: no parece que los depositantes estén pidiendo dinero en efectivo y guardándolo debajo del colchón. Sin embargo, sí que están transfiriendo fondos de los bancos pequeños y medianos, en parte a bancos grandes, y en parte a fondos del mercado monetario.

Es probable que ambos tipos de entidades concedan menos préstamos a las empresas que los bancos pequeños que ahora están bajo presión. Los grandes bancos están sometidos a una regulación más estricta que los pequeños, ya que se les exige que dispongan de más capital (exceso de activos sobre pasivos) y de más liquidez (una proporción más alta de sus activos dedicada a inversiones que puedan convertirse fácilmente en dinero contante y sonante). Los fondos del mercado monetario también tienen que cumplir unos requisitos de liquidez bastante severos. Si añadimos la probabilidad de que incluso los bancos que no han sufrido una retirada masiva de depósitos se vuelvan mucho más cautelosos, es probable que nos encontremos ante una grave reducción del crédito. De hecho, las turbulencias bancarias tendrán un efecto muy parecido a una subida de tipos de interés.

Hace un par de semanas escribí que la Reserva Federal navega a través de una densa niebla de datos, tratando de atravesar el estrecho entre Escila, el monstruo de la inflación, si se queda corta apretando, y Caribdis, el monstruo de la recesión, si se excede (o tal vez sea al revés; las aportaciones de los expertos en Homero son bienvenidas). Pues bien, la niebla se ha vuelto aún más espesa. Pero está claro que el riesgo de recesión ha aumentado y el de inflación ha disminuido, así que tiene sentido que la Reserva Federal vire un poco a la izquierda.

Probablemente lo que esto signifique en la práctica sea que la Reserva debería suspender sus subidas de tipos hasta que se despejen algo más el panorama de la inflación y los efectos del lío bancario, y debería dejar claro que eso es lo que está haciendo. No parece existir mucho peligro de que el banco central de Estados Unidos pierda su credibilidad en la lucha contra la inflación si se da un tiempo para orientarse. Las previsiones de inflación parecen muy bien ancladas. ¿Debería la institución ir más allá y rebajar los tipos? Aunque por lo general soy una paloma monetaria, yo no pediría una rebaja real, al menos no de momento. Entre otras cosas, eso podría transmitir una sensación de pánico.

Y aunque la oleada de problemas bancarios ha conmocionado a casi todo el mundo, el pánico no parece la respuesta adecuada.

Por otro lado, que la Reserva Federal siga con las subidas de tipos precisamente ahora podría enviar la señal contraria: una sensación de desorientación. Parece que es el momento de decir: no actúen por actuar; quédense quietos. Por si sirve de algo, la verdad es que me tranquiliza un poco la forma en que los responsables políticos están respondiendo a la actual oleada de problemas bancarios. Algunos de nosotros recordamos los amargos debates de 2008-2009 sobre cómo estabilizar el sistema financiero. Las instituciones con problemas eran complejas y opacas, y nadie en el poder parecía dispuesto a intervenirlas para poder rescatarlas sin rescatar también a los accionistas. Esta vez estamos hablando de bancos convencionales que pueden ser y han sido intervenidos, protegiendo a los depositantes sin que los accionistas se vayan de rositas.

La conclusión es que, de momento, esto no parece una crisis financiera en toda regla. Pero permanezcan atentos.

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Canadá tiene un problema con sus enfermeros

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Los canadienses tienen un problema con la mano de obra. Hay 848.000 empleos vacantes, según un reciente informe del Gobierno. Un sector particularmente afectado por la carestía de personal es el sanitario y, en concreto, la enfermería. Es un área muy sensible y las consecuencias del déficit de trabajadores irritan a la ciudadanía: salas de urgencia cerradas los fines de semana en Winnipeg, enfermos molestos en los hospitales de Montreal por demoras en la atención, o un lento sistema de ambulancias en Ottawa porque muchos de los vehículos deben hacer fila para esperar a que alguien reciba a sus pacientes son solo algunos de los ejemplos más sangrantes.

Es práctica común que las enfermeras y los enfermeros deban hacer horas extras obligatorias. También que tengan a su cargo un número elevado de pacientes. “El estrés y la ansiedad son muy altos. Nos da miedo cometer un error con las personas bajo nuestro cuidado”, escribió en sus redes sociales una de estas trabajadoras de Columbia Británica. Además, algunos Gobiernos provinciales se niegan en redondo a un incremento de los salarios. En Ontario, la provincia más poblada del país, las enfermeras no dejan de manifestarse en contra de una ley —aprobada en 2019— que limita los aumentos salariales al 1% anual para trabajadores públicos.

No sorprende por tanto que numerosos profesionales de la enfermería tiren la toalla o busquen cobijo en ambientes menos precarios (por ejemplo, en clínicas privadas); otras se lo piensan dos veces antes de ingresar por vez primera a la red pública. Un informe de 2022 elaborado por la Federación canadiense de Sindicatos de Enfermeras constató “un aumento del 219,8% en las vacantes de enfermería desde 2017″. Distintos Gobiernos provinciales han puesto en marcha iniciativas para tratar de reducir el problema. Becas de estudio y una conciliación más acentuada entre personal y administradores de hospitales forman parte de estas herramientas. También programas para reclutar enfermeros y enfermeras en otras latitudes. Sin embargo, esta última medida no está exenta de críticas. Algunos expertos denuncian que los esfuerzos de reclutamiento en el sudeste asiático y África occidental pueden provocar un debilitamiento en los sistemas sanitarios de naciones menos desarrolladas.

Reunión con Trudeau

Un elemento clave para frenar esta carestía pasa por mejorar las condiciones laborales, sobre todo aumentando los salarios y haciendo menos pesadas las cargas de trabajo (por ejemplo, eliminando las horas suplementarias obligatorias). En febrero, los primeros ministros provinciales se reunieron con el primer ministro, Justin Trudeau, para abordar el tema de las transferencias federales a la sanidad. Actualmente, las provincias cubren el 78% del presupuesto y Ottawa el 22% restante. Trudeau ofreció unos 31.700 millones de euros para los próximos 10 años. Los primeros ministros provinciales, sin margen de maniobra real para negociar, aceptaron la propuesta a regañadientes. La sanidad canadiense —reconocida en todo el mundo por su carácter público, gratuito y universal— se enfrenta a retos de altura. La escasez de enfermeras y enfermeros es uno de los más graves, pero la modernización de instalaciones y la contratación de médicos son también asunto urgente.

Por si fuera poco, hay un expediente x en las pruebas de selección. En septiembre de 2022, solo el 51,4% de las personas que se presentaron por primera vez al examen de la Orden de enfermería de Quebec lograron un aprobado. En marzo del mismo año, la tasa fue del 71%, mientras que en septiembre del 2021 alcanzó el 81%. Se ha abierto una investigación para saber qué está pasando.

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