Los grandes propietarios residenciales quieren que su propuesta de cesión de entre 20.000 y 25.000 casas para alquiler social se incluya en la ley de vivienda que el Congreso tendría que refrendar antes de que finalice la legislatura. El Gobierno de Pedro Sánchez fue el que habló el pasado año de que estos fondos y bancos deberían traspasar alrededor de 30.000 viviendas, pero las partes no han avanzado en las negociaciones a pesar de que el sector privado hizo llegar su plan al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) hace unos meses.

Entre los fondos y bancos que estarían dispuestos a sumarse a esa iniciativa se encuentran Blackstone, Lone Star, Cerberus, Santander, Caixabank, BBVA y Sabadell, que son las entidades privadas con más viviendas disponibles, en su mayor parte procedentes de adjudicados bancarios, según explican las fuentes consultadas.

Los grandes propietarios quieren una garantía estatal para ceder esas viviendas, aunque los subarriendos recaerían en comunidades autónomas (que tienen las competencias de vivienda) y ayuntamientos de grandes urbes. Por eso, para obtener garantía de cobro a largo plazo, insisten en que se incluya en la ley de vivienda, probablemente como una disposición adicional. El mecanismo consistiría en concursos en los que los grandes propietarios pondrían a disposición, cada uno de ellos, un número de viviendas para familias vulnerables a 25 años.

La clave para estas entidades es que el acuerdo se centralice por parte del Gobierno y las rentas de alquileres a 25 años estén garantizadas como deuda del Estado.

Esa cifra supone alrededor de 2.300 millones de euros como deuda para Hacienda, un cálculo que proviene de un coste de 90 millones aproximadamente en alquileres durante 25 años. Aunque, en realidad, ese gasto para las Administraciones podría ser mucho menor, ya que quien paga las rentas son las familias que disfruten del alquiler social. Ese aval estatal serviría en caso de morosidad.

Esa disposición en la ley de vivienda también debería incluir, según la propuesta, el derecho de subarriendo para comunidades autónomas e incluso ayuntamientos de grandes urbes. Cada administración, de esa forma, podría definir qué población considera vulnerable para beneficiarse de estos arrendamientos.

Respecto a los precios, la propuesta incide en ceder esas residencias a una renta que se sitúe un 20% por debajo del Índice de Alquiler de Vivienda del Mitma, lo que según estos propietarios supone una rebaja de entre un 30% y un 40% por debajo del precio de mercado en zonas tensionadas.

Los beneficiarios serán los hogares que cada administración considere, incluso familias que hayan okupado esos pisos y estén dentro de los parámetros de vulnerabilidad. Por eso, estos propietarios ofrecen un reset o comenzar de cero con esas tomas ilegales de vivienda, legalizando esas situaciones.

Pero, a cambio, y para evitar un efecto llamada, exigen al Gobierno que en paralelo endurezcan las penas para el delito de usurpación u okupación, ya que estos grandes propietarios están especialmente perjudicados por esta situación en Cataluña.

La propuesta ha sido presentada al Ejecutivo por Asval (Asociación de propietarios de viviendas en alquiler), que preside el exministro socialista Joan Clos. Concretamente, el conocedor del plan es David Lucas, secretario de Estado del Mitma, quien hasta febrero era director general de Vivienda.

El mayor problema del Ejecutivo para llegar a un acuerdo es el socio de coalición Unidas Podemos, reacio a esta negociación. Aunque el Gobierno progresista podría vender electoralmente que ha conseguido doblegar a banca y fondos con la cesión de esas casi 30.000 viviendas.

No es el único escollo. La nueva norma es un compromiso político que se ha atragantado a los socios de coalición. El Consejo de Ministros dio luz verde en febrero del año pasado a esta Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. Actualmente, está inmersa en la negociación en el Congreso a la espera de que el Gobierno y sus socios pacten enmiendas.

En 2021, el Ejecutivo aumentó de 20.000 a 100.000 unidades el objetivo de crear un parque público de vivienda asequible. Actualmente, el Mitma trabaja con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) en desarrollar parcelas para 17.000 casas y con Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) en la cesión de viviendas sociales.

Los grandes propietarios ya anunciaron el pasado año que estaban dispuestos a ceder esas 30.000 casas reclamadas por el Gobierno. El número de 25.000 obedece ahora a que estas empresas han ido reduciendo sus carteras en los últimos meses a través de ventas.

Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días

Los principales Montes de Piedad de España registraron durante el año pasado cerca de 220.000 operaciones concedidas y renovadas por un saldo conjunto de unos 150 millones de euros, un crecimiento anual del 2%. Según los datos presentados ayer por la Asociación Española de Montes de Piedad, Presea, estos empeños correspondieron a unos 100.000 clientes, con un perfil de consumidor muy marcado.

La radiografía que ofrece la asociación que reúne a entidades como Fundación Ibercaja, Fundación Unicaja o Montecredit explica que las mujeres recuperaron terreno en el uso del préstamo prendario de joyas, siendo el 68% de los clientes (siete puntos porcentuales más que un ejercicio antes). Presea achaca este aumento a “una mayor vinculación” de las mujeres con “la gestión y las prioridades domésticas, habida cuenta de los aumentos de precios al consumo”.

Por edades, según desprende la radiografía, el 37% de los consumidores oscilaba entre los 51 y los 65 años, mientras que otro 24% superaba los 66 años de edad. Menos de un 10% de los clientes tenía menos de 35 años.

Por importe, la mayor parte de los empeños (40%) se movió entre los 600 y los 1.500 euros, seguido de aquellos que oscilaron entre los 300 y los 600 euros (23%). Un 16% estuvo entre los 1.500 y los 3.000 euros y otro 15% no llegó a los 300 euros. Tan solo el 6% de los empeños superaron los 3.000 euros de saldo.

El importe promedio por préstamo, añade la asociación, ascendió a 690 euros, con un incremento del 3% en comparación con el importe promedio de 668 euros por operación registrado en 2021. En un año en el que el crédito al consumo ha mostrado “cierta atonía”, estos aumentos de saldo y, en proporción, de importe promedio por préstamo “obedecen en gran medida al crecimiento de la demanda de oro a nivel mundial”, que avanzó un 18% en 2022 hasta llegar a las 4.741 toneladas (la cifra más alta en más de una década).

Los resultados de explotación obtenidos por los Montes de Piedad asociados son un “claro reflejo de la atonía económica que ha caracterizado al año 2022 en España”. Así, y considerando que la actividad prendaria es procíclica con los créditos al consumo, y no anticíclica, el sector “se ha comportado como cabría prever, siguiendo la estela de los préstamos al consumo”.

Los Montes de Piedad concedieron casi 70.000 nuevos préstamos. En comparación con los 71.000 de 2021 supone una reducción del 2%, muy inferior a la registrada en el ejercicio precedente. Entonces, la caída ahondó hasta el 13%, acusada sobremanera por el crecimiento del ahorro de los hogares.

Recuperación

Lo más habitual, explica la asociación, es que la duración de los empeños sea de 12 meses prorrogables por plazos equivalentes. Una vez cancelado el préstamo mediante el abono del capital y de los intereses correspondientes, el prestatario recupera sus joyas al instante.

Las que no son recuperadas terminan en subasta pública. Cuando la deuda queda saldada con el importe de la adjudicación correspondiente, cualquier beneficio a mayores queda a disposición del cliente. N onstante, este escenario es muy poco habitual, ya que el 97% de las joyas empeñadas son recuperadas.

Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días

Resumir el ejercicio económico 2022 en una frase es difícil: fue el año del comienzo de la guerra de Ucrania; de la crisis energética; de los cuellos de botella en la cadena de suministros; de la inflación desbocada o del fin del dinero gratis. Sin embargo, y a pesar de todo esto, la economía española acabó superando buena parte de los pronósticos y creció un 5,5%, sostenida por el consumo y el sector exterior. Con todo, la economía sigue sin recuperar el volúmen de antes de la pandemia. Así lo ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ya había adelantado este dato a finales de enero, pero que ha recortado una décima la variación interanual del último trimestre (2,6%).

La evolución por trimestres refleja bien lo que fue 2022 para la economía española. Tras un crecimiento robusto en los dos primeros trimestres ―impulsados por el fin de las restricciones y el retorno del turismo―, la segunda mitad fue de desaceleración: el PIB pasó de crecer un 2,2% entre abril y junio a un 0,2% entre julio y septiembre. Este ligero avance se repitió en los últimos tres meses del año (+0,2%), confirmando así la desaceleración económica.

En el último trimestre todos los pronósticos se tornaban negros: servicios de estudios e instituciones como el Banco de España advertían de que una recesión técnica ―dos trimestres consecutivos en rojo― se cernía sobre la economía española a principios de 2023. Sin embargo, el aterrizaje está siendo más suave de los esperado. Son varios los factores lo han evitado: en primer lugar, la resistencia del consumo, propiciada por el ahorro y un mercado laboral que aguanta. Además, la energía, uno de los principales dolores de cabeza del año, se abarató hacia finales de año, influida por las suaves temperaturas y la poca demanda china. A lo que se suman la mejora de los cuellos de botella en el comercio global y una fuerte contribución del sector exterior español.

Consumo y sector exterior

El colchón de ahorro acumulado en la pandemia y un mercado laboral robusto han sostenido el consumo a pesar de la inflación. Con un un Índice de Precios al Consumo (IPC) que creció de media un 8,4%, el consumo privado fue menguando conforme avanzaba 2022: mientras que en el tercer trimestre se mantuvo fuerte, en los tres últimos meses del año, confirman ahora los datos del INE, se hundió un 1,8% trimestral. Sin embargo, este batacazo ha sido en parte compensado por un importante avance del consumo público, del 1,9% ―que avanzaba ya el inicio de un año electoral, donde el gasto público suele dispararse―, y por una caída de las importaciones del 4,2%.

El sector exterior ha sido uno de los motores económicos del ejercicio: la balanza por cuenta corriente —que incluye el comercio de bienes y servicios y las rentas— exhibió un superávit con el exterior de unos 11.800 millones en 2022. Con todo, las exportaciones sufrieron una variación similar al resto de la economía a lo largo del año. Tras unos primeros seis meses de avances notables ―entre abril y junio aumentaron un 4,6%, dos décimas menos de lo que avanzó el INE en enero―, las ventas al exterior se resintieron del enfriamiento general en la segunda parte del año: en el tercer trimestre apenas avanzaron un 0,3% (una décima menos de lo adelantado por el INE), y en los últimos tres meses se contrajeron (-1,1%).

Contabilizado en euros, el PIB de España en 2022 fue de 1,327 billones, un 10% más que en 2021 debido en gran parte a la inflación. El INE ha revisado esta cifra a la baja, pues en enero avanzaba 1,328 billones. Por sectores, destacan los retrocesos trimestrales de la construcción, del 0,3% en el último tramo del año, y del comercio, transporte y hostelería, del 0,7%. Por el contrario, aguantan bien las comunicaciones, las actividades inmobiliarias y profesionales y la administración pública, educación y sanidad. Estas últimas han tenido unos incrementos del empleo público muy elevados en un último trimestre del año ya influido por la proximidad de elecciones.

El INE confirma también que el empleo en horas trabajadas se contrajo entre octubre y diciembre un 0,1% trimestral, como ya había adelantado. En términos interanuales, sin embargo, la balanza anual en términos de empleo es positiva: las horas trabajadas aumentan un 2,7% respecto a 2021 y el año terminó con 386.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo más. La inversión, por su parte, protagonizó una primera parte del año de grandes avances, pero cayó un 3,8% en los últimos tres meses ante la elevada incertidumbre y a pesar del impulso que debían haberle imprimido los fondos europeos a la economía en la recta final del año.

Cerrado oficialmente el 2022, todos los pronósticos que en octubre se revisaban a la baja el desempeño de la economía española se han dado la vuelta: el viernes pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aumentó su previsión de crecimiento para el 2023 hasta el 1,7%. El Banco de España mejoró la suya hasta el 1,6% este miércoles, frente al 1,3% que preveía en diciembre. El mismo día, el panel del think tank Funcas hizo lo propio, y estima que la economía española crecerá un 1,5% este año. Aun con las revisiones al alza, todos se mantienen lejos del aumento del 2,1% recogido por el Gobierno en los Presupuestos.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y , o en nuestra