Unicaja no quiere dejar ningún fleco suelto de cara a la junta de accionistas que celebrará la próxima semana. La entidad malagueña está sondeando a los inversores, especialmente a los minoritarios, que controlan un 42% del capital, con el objetivo de promover su participación y que avalen la renovación del consejo.

Unicaja cuenta con Georgeson para lanzar esta ofensiva. Se trata de un asesor de voto encargado de mediar entre las empresas y sus accionistas que en las últimas semanas ha mandado una carta a los inversores para tratar de ganarse su favor. Fuentes de la entidad señalan que se trata de una práctica habitual en el banco (viene contratando a la misma empresa durante los últimos años) y en las compañías del Ibex, y su objetivo es favorecer la participación de los accionistas.

El plato fuerte de la orden del día es el nombramiento de los cuatro consejeros dominicales propuestos por la Fundación Unicaja. Con la ratificación de la junta, la Fundación culminará su golpe de mano para garantizarse el control en el máximo órgano de gobierno del banco dentro de la nueva etapa que afronta con José Manuel Domíguez al frente.

Se trata de una cuestión importante, ya que este año será clave para definir la cúpula de Unicaja. Al cumplirse dos años de la fusión con Liberbank, y de acuerdo a los pactos alcanzados con el Banco Central Europeo, el presidente, Manuel Azuaga, deberá ceder sus poderes ejecutivos antes del 31 de julio. Y el consejero delegado, Manuel Menéndez, será reevaluado por el consejo para continuar en el cargo.

La cuestión está en que el rumbo del principal accionista de la entidad –la Fundación Unicaja, que tiene un 30,23%– ha cambiado radicalmente en el último año. Su alma máter, Braulio Medel, dejó la presidencia de la entidad, pero antes de ello, se aseguró la renovación de sus cuatro consejeros en el banco: Juan Fraile, María Teresa Sáez, Petra Mateos-Aparicio y Manuel Muela.

La nueva cúpula de la Fundación, con José Manuel Domínguez a la cabeza, quiere que sus representantes en el consejo del banco estén más alineados con ellos y no con Medel. El objetivo es garantizarse que estos cuatro representantes apoyen sus postulados en las próximas votaciones que se acercan este verano y que deberán evaluar la renovación de Menéndez como primer ejecutivo.

La Fundación ha perseguido durante los últimos meses la dimisión de los cuatro consejeros propuestos por Medel y, tras lograrlo, la junta ratificará las propuestas de Juan Antonio Izaguirre, José Ramón Sánchez, Natalia Sánchez y Miguel González en su sustitución. Los accionistas también deberán validar el la renovación de Isidoro Unda Urzaiz y María Teresa Costa Campi como consejeros independientes.

El amplio poder de la Fundación Unicaja en el accionariado, que controla un tercio del capital, hace prever que los nombramientos vayan a contar con el visto bueno de la junta. Junto a los títulos de los accionistas procedentes de la antigua Unicaja, Tomás Olivo e Indumenta Pueri (los dueños de Mayoral), controlan un 40%, que con el quórum habitual para estas juntas es suficiente para dar luz verde a los nombramientos.

La Fundación necesita, sin embargo, que la oposición no sea muy alta. Se descuenta el voto en contra de la fundación asturiana, con el 6,5%, y es una incógnita la posición del hedge fund Oceanwood, procedente de Liberbank. Por ello, el papel de los minoritarios es clave en un banco con cerca de 35.000 accionistas, muchos de ellos pequeños inversores particulares, pero también grandes fondos como BlackRock, Fidelity o Vanguard.

Dada la importancia del encuentro de este año con sus accionistas, Unicaja quiere garantizarse la máxima participación y para ello, se ha servido de Georgeson. Según una carta, a la que ha tenido acceso CincoDías, el banco defiende los nombramientos por mantener el peso de los independientes del consejo, que sigue estando por encima del tercio. Reconoce, eso sí, que el movimiento reducirá el número de consejeras, por lo que se compromete a nombrar mujeres para cubrir las futuras vacantes. “Su apoyo es muy importante para nuestra compañía, en la que la cultura de la propiedad y el vínculo con los accionistas son muy importantes”, reza la carta.

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Los grandes propietarios residenciales quieren que su propuesta de cesión de entre 20.000 y 25.000 casas para alquiler social se incluya en la ley de vivienda que el Congreso tendría que refrendar antes de que finalice la legislatura. El Gobierno de Pedro Sánchez fue el que habló el pasado año de que estos fondos y bancos deberían traspasar alrededor de 30.000 viviendas, pero las partes no han avanzado en las negociaciones a pesar de que el sector privado hizo llegar su plan al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) hace unos meses.

Entre los fondos y bancos que estarían dispuestos a sumarse a esa iniciativa se encuentran Blackstone, Lone Star, Cerberus, Santander, Caixabank, BBVA y Sabadell, que son las entidades privadas con más viviendas disponibles, en su mayor parte procedentes de adjudicados bancarios, según explican las fuentes consultadas.

Los grandes propietarios quieren una garantía estatal para ceder esas viviendas, aunque los subarriendos recaerían en comunidades autónomas (que tienen las competencias de vivienda) y ayuntamientos de grandes urbes. Por eso, para obtener garantía de cobro a largo plazo, insisten en que se incluya en la ley de vivienda, probablemente como una disposición adicional. El mecanismo consistiría en concursos en los que los grandes propietarios pondrían a disposición, cada uno de ellos, un número de viviendas para familias vulnerables a 25 años.

La clave para estas entidades es que el acuerdo se centralice por parte del Gobierno y las rentas de alquileres a 25 años estén garantizadas como deuda del Estado.

Esa cifra supone alrededor de 2.300 millones de euros como deuda para Hacienda, un cálculo que proviene de un coste de 90 millones aproximadamente en alquileres durante 25 años. Aunque, en realidad, ese gasto para las Administraciones podría ser mucho menor, ya que quien paga las rentas son las familias que disfruten del alquiler social. Ese aval estatal serviría en caso de morosidad.

Esa disposición en la ley de vivienda también debería incluir, según la propuesta, el derecho de subarriendo para comunidades autónomas e incluso ayuntamientos de grandes urbes. Cada administración, de esa forma, podría definir qué población considera vulnerable para beneficiarse de estos arrendamientos.

Respecto a los precios, la propuesta incide en ceder esas residencias a una renta que se sitúe un 20% por debajo del Índice de Alquiler de Vivienda del Mitma, lo que según estos propietarios supone una rebaja de entre un 30% y un 40% por debajo del precio de mercado en zonas tensionadas.

Los beneficiarios serán los hogares que cada administración considere, incluso familias que hayan okupado esos pisos y estén dentro de los parámetros de vulnerabilidad. Por eso, estos propietarios ofrecen un reset o comenzar de cero con esas tomas ilegales de vivienda, legalizando esas situaciones.

Pero, a cambio, y para evitar un efecto llamada, exigen al Gobierno que en paralelo endurezcan las penas para el delito de usurpación u okupación, ya que estos grandes propietarios están especialmente perjudicados por esta situación en Cataluña.

La propuesta ha sido presentada al Ejecutivo por Asval (Asociación de propietarios de viviendas en alquiler), que preside el exministro socialista Joan Clos. Concretamente, el conocedor del plan es David Lucas, secretario de Estado del Mitma, quien hasta febrero era director general de Vivienda.

El mayor problema del Ejecutivo para llegar a un acuerdo es el socio de coalición Unidas Podemos, reacio a esta negociación. Aunque el Gobierno progresista podría vender electoralmente que ha conseguido doblegar a banca y fondos con la cesión de esas casi 30.000 viviendas.

No es el único escollo. La nueva norma es un compromiso político que se ha atragantado a los socios de coalición. El Consejo de Ministros dio luz verde en febrero del año pasado a esta Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. Actualmente, está inmersa en la negociación en el Congreso a la espera de que el Gobierno y sus socios pacten enmiendas.

En 2021, el Ejecutivo aumentó de 20.000 a 100.000 unidades el objetivo de crear un parque público de vivienda asequible. Actualmente, el Mitma trabaja con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) en desarrollar parcelas para 17.000 casas y con Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) en la cesión de viviendas sociales.

Los grandes propietarios ya anunciaron el pasado año que estaban dispuestos a ceder esas 30.000 casas reclamadas por el Gobierno. El número de 25.000 obedece ahora a que estas empresas han ido reduciendo sus carteras en los últimos meses a través de ventas.

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Los principales Montes de Piedad de España registraron durante el año pasado cerca de 220.000 operaciones concedidas y renovadas por un saldo conjunto de unos 150 millones de euros, un crecimiento anual del 2%. Según los datos presentados ayer por la Asociación Española de Montes de Piedad, Presea, estos empeños correspondieron a unos 100.000 clientes, con un perfil de consumidor muy marcado.

La radiografía que ofrece la asociación que reúne a entidades como Fundación Ibercaja, Fundación Unicaja o Montecredit explica que las mujeres recuperaron terreno en el uso del préstamo prendario de joyas, siendo el 68% de los clientes (siete puntos porcentuales más que un ejercicio antes). Presea achaca este aumento a “una mayor vinculación” de las mujeres con “la gestión y las prioridades domésticas, habida cuenta de los aumentos de precios al consumo”.

Por edades, según desprende la radiografía, el 37% de los consumidores oscilaba entre los 51 y los 65 años, mientras que otro 24% superaba los 66 años de edad. Menos de un 10% de los clientes tenía menos de 35 años.

Por importe, la mayor parte de los empeños (40%) se movió entre los 600 y los 1.500 euros, seguido de aquellos que oscilaron entre los 300 y los 600 euros (23%). Un 16% estuvo entre los 1.500 y los 3.000 euros y otro 15% no llegó a los 300 euros. Tan solo el 6% de los empeños superaron los 3.000 euros de saldo.

El importe promedio por préstamo, añade la asociación, ascendió a 690 euros, con un incremento del 3% en comparación con el importe promedio de 668 euros por operación registrado en 2021. En un año en el que el crédito al consumo ha mostrado “cierta atonía”, estos aumentos de saldo y, en proporción, de importe promedio por préstamo “obedecen en gran medida al crecimiento de la demanda de oro a nivel mundial”, que avanzó un 18% en 2022 hasta llegar a las 4.741 toneladas (la cifra más alta en más de una década).

Los resultados de explotación obtenidos por los Montes de Piedad asociados son un “claro reflejo de la atonía económica que ha caracterizado al año 2022 en España”. Así, y considerando que la actividad prendaria es procíclica con los créditos al consumo, y no anticíclica, el sector “se ha comportado como cabría prever, siguiendo la estela de los préstamos al consumo”.

Los Montes de Piedad concedieron casi 70.000 nuevos préstamos. En comparación con los 71.000 de 2021 supone una reducción del 2%, muy inferior a la registrada en el ejercicio precedente. Entonces, la caída ahondó hasta el 13%, acusada sobremanera por el crecimiento del ahorro de los hogares.

Recuperación

Lo más habitual, explica la asociación, es que la duración de los empeños sea de 12 meses prorrogables por plazos equivalentes. Una vez cancelado el préstamo mediante el abono del capital y de los intereses correspondientes, el prestatario recupera sus joyas al instante.

Las que no son recuperadas terminan en subasta pública. Cuando la deuda queda saldada con el importe de la adjudicación correspondiente, cualquier beneficio a mayores queda a disposición del cliente. N onstante, este escenario es muy poco habitual, ya que el 97% de las joyas empeñadas son recuperadas.

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