Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional ha obligado a una empresa a facilitar todos los datos de su registro retributivo a la representación legal de la plantilla. Hasta ese momento, la compañía había impedido el acceso a información de los departamentos en que solo trabajara una persona, o lo hicieran empleados de un solo sexo. Los responsables alegaban que, en estos casos, primaba la confidencialidad y la protección de datos de los afectados, al ser reconocible quiénes cobraban el sueldo reflejado.

En su fallo, la Audiencia señala que, si existe una finalidad legítima (averiguar si hay brecha salarial en un determinado departamento), el empresario, responsable del registro, no puede impedir el acceso a los datos. Todas las empresas deben contar con un registro retributivo. Y el artículo 5.3 del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre (norma que regula la igualdad salarial), recoge el derecho de los representantes legales de los trabajadores a acceder a su contenido. Así, como recuerda Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, se comunican “valores medios de salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales, desglosados por sexo y distribuidos por grupos, categorías, niveles y puestos”. Si los empleados no tienen representación, la información se limitará a las “diferencias porcentuales que existan entre retribuciones promediadas entre hombres y mujeres”, explica.

Los abogados laboralistas valoran positivamente el mecanismo. Fe Quiñones, directora del departamento laboral de Javaloyes Legal, lo concibe como “crucial para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres”, así como para “detectar casos en los que no se cumpla con el principio de transparencia retributiva”. La letrada pone el ejemplo de “una trabajadora que accede a las medias y medianas de los sueldos de un puesto de trabajo de igual valor que el suyo”. Si esta empleada “descubre que su salario está por debajo del de sus compañeros, podrá solicitar a la empresa que la situación se corrija”. Si no es atendida, “tendrá la opción de ir al juzgado y reclamar la igualdad retributiva”.

Por tanto, el registro garantiza que no se discrimine salarialmente. Así lo entiende Jonathan Gallego, director de los servicios jurídicos de Comisiones Obreras de Cataluña. El letrado advierte del peligro de “discriminación indirecta”, es decir, una situación aparentemente neutral que, en la práctica, resulte adversa para las mujeres. Esta coyuntura es “más difícil de detectar y, seguramente, el gran foco de desigualdad salarial”. Gallego define el registro como una “herramienta totalmente útil para proteger el derecho fundamental a la igualdad de las personas trabajadoras”.

Para algunos especialistas, no obstante, hay algunos límites difusos en la protección de los datos. Alfredo Aspra, abogado laboralista y socio de Labormatters Abogados, expone sus dudas sobre la nueva sentencia. “Facilitar datos retributivos en supuestos donde únicamente prestan servicios trabajadores de un único sexo, o exista un único trabajador, podría colisionar con lo fijado por la normativa sobre protección de datos personales”, concluye. O lo que es lo mismo, en estos casos, por mera deducción, sería sencillo acceder a información privada de algunos trabajadores.

Principio de igualdad

El núcleo de esta controversia, remarca Aspra, es “dictaminar si, para garantizar la aplicación del principio de igualdad, es imprescindible y no existe otra medida más moderada o menos restrictiva de un derecho fundamental, cual es facilitar el dato retributivo que identifique a la persona”. Por tanto, debe garantizarse el derecho fundamental a la protección de los datos del afectado, “que puede ver su salario publicitado a pesar de no autorizar tal transmisión”.

Sin embargo, Fe Quiñones, primera letrada en conseguir una sentencia por brecha salarial tras la entrada en vigor del registro, ha argumentado en diversos juicios que “por encima de la Ley Orgánica de Protección de Datos se sitúa el principio de igualdad de trato y evitar una discriminación directa o indirecta por razón de sexo”, lo que hace “decaer el derecho individual del titular de los datos”.

Por otra parte, y para evitar filtraciones, la ley obliga a la representación legal de los trabajadores a guardar sigilo profesional. Quiñones es partidaria de exigir la reserva a todos los implicados, “sea en el ámbito empresarial por los representantes de los trabajadores, sea en el juzgado por las partes implicadas”. Pero no siempre hay colaboración. Según la abogada, la sentencia muestra que “algunas empresas son reacias a la transparencia retributiva y a aportar los datos concretos, sobre todo en determinados perfiles cualificados o directivos”. Sería deseable que las mercantiles se anticiparan para evitar problemas de interpretación de la información registral, a través de “una adecuada valoración de los puestos de trabajo”. En este sentido, añade, “las empresas más grandes están implementando políticas de igualdad y transparencia imprescindibles para una imagen adecuada de las mismas”.

Jonathan Gallego, por su parte, reconoce la naturaleza de derecho fundamental de la protección de datos, pero esto “no puede servir de excusa para vulnerar otros derechos fundamentales”. La regulación del deber de sigilo profesional es, según el experto sindical, suficiente. “El artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores es tajante en este sentido”, razona, y su incumplimiento “podría dar lugar a medidas disciplinarias”. Alfredo Aspra no esconde algunas reticencias. En ocasiones, a pesar del deber de sigilo y de la imposibilidad de usar información confidencial fuera del ámbito de la empresa, “el control de la confidencialidad es harto complicado”. Por ello, el letrado incide en extremar las precauciones en los procesos más complejos y que requieran de documentación profusa, como “las mesas negociadoras tan extensas como las que se dan en el ámbito de la igualdad”.

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España construye poca vivienda protegida y, al menos de momento, mal enfocada a solucionar los problemas de accesibilidad residencial. Esa es la foto que ofrecen las últimas estadísticas publicadas. El año pasado se terminaron en todo el país 9.221 viviendas de protección oficial (VPO), lo que supone un pequeño paso atrás respecto a las 9.567 de 2021. Y de esas, solo 2.362 tenían como destino el alquiler o el alquiler con derecho a compra. De nuevo son menos que en 2021 (2.418) y suponen apenas un 25,6% del total de casas protegidas, un porcentaje que avanza muy lentamente pese a que numerosos análisis de expertos y políticos han señalado la VPO de alquiler como clave para solucionar los problemas de accesibilidad a la vivienda en España. “Todo parece apuntar a que el nuevo modelo tiene que pivotar sobre la vivienda de alquiler social y asequible, pero no acaba de consolidarse”, diagnostica Jordi Bosch, director del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona y experto en políticas de vivienda.

En esa transición hacia un nuevo paradigma en la vivienda social, algunas comunidades autónomas salen mejor retratadas que otras. Cinco territorios (Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Murcia y La Rioja) no terminaron ni una sola VPO en 2022, según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Otras tres (Aragón, Asturias y Extremadura) edificaron casas protegidas, pero sin destinarlas al arrendamiento. En otras como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia el porcentaje o el número de VPO que se destinaron al alquiler fue irrisorio. Y solo dos, Baleares y Canarias, destinaron toda la vivienda protegida al arrendamiento. El siguiente porcentaje más alto fue, con un 36,5%, el de Madrid, de largo el territorio donde más se construye (3.466 VPO en total, 1.264 para arrendamiento), aunque también el que más retrocedió respecto al año anterior, cuando se terminaron más de 5.000 casas protegidas, y ninguna de las nuevas formó parte del plan de 15.000 viviendas que el Gobierno regional había prometido a bombo y platillo para esta legislatura.

Javier Jiménez, director de Suelo de la consultora CBRE en España, cree que hay tres factores que explican por qué el modelo no acaba de despegar. Dos son coyunturales, la carestía de materiales de construcción a raíz de la guerra de Ucrania y las mayores dificultades para encontrar financiación, y afectaron a toda la construcción residencial. El año pasado se acabaron menos VPO de la misma manera que se edificaron menos casas de renta libre (cerca de 80.000, por 84.000 en 2021). Pero hay un tercer elemento de carácter estructural: los módulos en los que las Administraciones fijan el precio máximo al que luego se puede ofrecer cada vivienda. “Están completamente obsoletos”, lamenta Jiménez, “ahora mismo todo esto está estrangulando el desarrollo de vivienda protegida”.

Estas mismas causas explican, además, por qué se hace más VPO destinada a la venta. Como la mayoría de promociones se apoyan en el sector privado, este opta por la fórmula que mejor conoce y la que le resulta más rentable. “Construir edificios protegidos para vivienda en alquiler con un módulo máximo de renta es prácticamente inviable”, sostiene Jiménez, quien cree que a la Administración “tampoco le resulta rentable asumir los costes de construcción y el resto de limitaciones, y por eso busca poner suelos en mercado para que un privado los desarrolle”.

Como en todo el sector inmobiliario, el estallido de la burbuja inmobiliaria marcó un antes y un después para la VPO. “La vivienda protegida de venta como instrumento clave y nuclear de la política de vivienda en España tuvo su época dorada en el franquismo y tuvo décadas muy buenas en democracia, pero tras la crisis de 2008 se deconstruyó”, recuerda Bosch. “El sistema está en una fase de transición que no se acaba de cerrar”, continúa, “se pone la atención en la vivienda de alquiler social y asequible, pero no acaba de asentarse por un tema de estabilidad de recursos y de estabilidad legislativa”. Aunque el experto también destaca la “asimetría” por comunidades y destaca al País Vasco como ejemplo de “modelo sólido”.

La falta de consistencia general del modelo tiene consecuencias muy perjudiciales para muchas familias. En España hay 11 millones de personas en riesgo de exclusión residencial, según los cálculos de Foessa, una fundación auspiciada por Cáritas. Y Andrea Jarabo, responsable de Comunicación e Incidencia de Provivienda, otra organización sin ánimo de lucro, esgrime esos datos para reivindicar “un cambio estructural con respecto a la inversión pública en VPO”. “En la práctica vemos que en las diferentes promociones muchas veces se quedan fuera personas en situación de vulnerabilidad, como jóvenes, personas migradas o familias de bajos ingresos”, describe.

Jarabo recuerda que siete de cada diez desahucios se dan en hogares que viven de alquiler y España presenta índices de emancipación juvenil muy insuficientes. Todo ello, cree, se relaciona con un modelo de vivienda protegida para venta “en un contexto relacionado con dinámicas muy especulativas” que hay que desterrar. “Orientar la política de vivienda hacia una política más inclusiva, que tienda a equilibrar los regímenes de tenencia y a equilibrar el parque social y asequible es un proceso largo en el que no se va a notar el impacto hasta el medio y el largo plazo”, reflexiona la experta, “se tiene que complementar con cuestiones que aborden el corto plazo”.

La construcción de VPO es solo una pata de la política de vivienda de las comunidades, que tienen transferida esa competencia en exclusiva, aunque en la práctica se complementa con acciones de la Administración central o de los Consistorios. Algunas autonomías como Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana han apostado por ampliar sus parques públicos con vivienda existente, bien sea a partir de cesiones forzosas de grandes propietarios o mediante adquisiciones masivas. Recientemente se anunció la mayor compra de pisos por parte de una administración pública, la Generalitat Valenciana, a Sareb y fuentes de esta última relataban más operaciones en marcha con Cataluña, Madrid o Murcia.

Una emergencia “cronificada”

El proyecto de ley de Vivienda que el Gobierno envió al Congreso recuerda que entre 1962 y 2020 se levantaron 5,7 millones de viviendas protegidas. Pero como eran para venta, y pasado un periodo las casas pasaban al mercado libre, España tiene uno de los parques públicos más escasos de Europa. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana insiste en la importancia de la futura norma y saca pecho por su plan de 100.000 viviendas de alquiler social y asequible. Unas 60.000 deben salir de nueva construcción: 25.000 en coordinación con comunidades y ayuntamientos, 17.000 en desarrollos directos de Sepes (la entidad pública del Suelo) y 20.000 del impulso de los fondos europeos de recuperación. “Partíamos de una situación de abandonos en las políticas de vivienda, algo que se está revirtiendo”, justifican.

Pero de momento las estadísticas dejan claro que las VPO de alquiler están llegando con cuentagotas. Eso ha impedido curar las heridas que ha ido dejando la vivienda desde el estallido de la crisis financiera-inmobiliaria de 2008: primero, la avalancha de ejecuciones hipotecarias y, en los últimos años, las crecientes dificultades de muchos inquilinos para pagar unos alquileres que no dejan de subir. “Desde 2010 hasta ahora vivimos en una permanente emergencia en materia de vivienda y quizás deberíamos considerar que esa situación se ha cronificado”, resume Bosch. “La vivienda tiene un importante impacto en la desigualdad social”, advierte, “siempre lo ha tenido, pero en la última década mucho más”.

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El vuelco inesperado de los mercados energéticos unido a la suavización de los cuellos de botella en la llegada de suministros había empezado a disipar algunas de las principales incertidumbres que pesaban sobre la economía española. Pero eso era sin contar con las repercusiones del episodio de inestabilidad financiera que se ha desatado desde la caída de Silicon Valley Bank, y que sigue extendiéndose.

De momento las fuerzas expansivas son las que dominan la coyuntura, como lo muestran el buen comportamiento del mercado laboral y las encuestas de actividad, con indicadores PMI que apuntan a un crecimiento tanto en los servicios como —y esto es lo nuevo— en la industria. El turismo da buenas sensaciones, y estaría a un tris de superar los niveles prepandemia en términos de entradas de extranjeros. Todo ello es compatible con un avance del PIB en el primer trimestre y probablemente también en el segundo, a tenor del tirón anunciado para esta Semana Santa.

Más allá, los efectos del ajuste monetario y de las tensiones financieras que han aflorado estos últimos días ganarán protagonismo. La contracción del crédito bancario, importante indicador avanzado de actividad, ya es palpable: el volumen de nuevos préstamos a hogares ha descendido un 8% desde el verano pasado y en el caso de las empresas el descenso alcanza el 9,3% (con datos desestacionalizados y suavizados que van hasta enero). De manera similar, las entidades financieras también declaran haber endurecido las condiciones de acceso al crédito, según la última encuesta del BCE realizada antes del colapso de SVB.

La restricción crediticia sólo puede agravarse tras la última vuelta de tuerca del BCE, y sobre todo como consecuencia de la probable reacción de prudencia de las entidades financieras en un entorno marcado por la pérdida de confianza. Las instituciones financieras se enfrentan a pérdidas latentes que se generan de manera cuasi automática a medida que los bonos que habían comprado a tipo de interés fijo durante la era de abundancia monetaria se devalúan. Si bien se trata de pérdidas potenciales (solo se realizan en caso de venta de los títulos antes de llegar a vencimiento), las entidades no pueden permitirse añadir a ese riesgo de tipos de interés otro de impago en los créditos que conceden, de ahí la necesidad de una mayor cautela en la política de préstamos al sector privado.

De manera general, las decisiones de política monetaria podrían impactar con más nitidez en la segunda parte del año, habida cuenta del tiempo de latencia entre las medidas y la evolución de la economía. Además, como ya ocurrió en la crisis financiera de 2008, el impacto se refuerza con cada subida adicional de tipos de interés (es decir, la repercusión no es lineal).

En todo caso, la clave está en la inflación. De moderarse significativamente, los bancos centrales tendrán la ocasión de frenar sus subidas de tipos, atenuando los riesgos recesivos y de crisis financiera. Se espera que los próximos datos de IPC relajen la presión: en el caso de España, el incremento será inferior al 5% en términos interanuales, por la comparación con los meses inmediatamente posteriores a la invasión de Ucrania (efecto escalón). Además, la electricidad se ha abaratado un 16% en lo que va de mes. Pero Fránkfort ya ha detectado efectos de segunda ronda en los márgenes de algunos sectores, y alerta de la posibilidad de una reacción de los salarios en los países miembros con mercados laborales más tensionados. Los costes laborales se incrementaron casi un 6% en el cuarto trimestre en términos medios interanuales en la eurozona, pero solo un 3,6% en España. Una heterogeneidad que complica aún más la tarea de la política monetaria en su doble objetivo, cada vez más contradictorio, de actuar enérgicamente contra la inflación y a la vez asegurar la estabilidad financiera.

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