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Francia entra en zona de turbulencias tras aprobarse por decreto la reforma de las pensiones

Francia ha entrado en zona de turbulencias políticas y sociales. La adopción sin voto de la impopular reforma de las pensiones abre una etapa complicada para el presidente Emmanuel Macron y para un Gobierno cuya fragilidad es mayor que nunca.
En la misma tarde del jueves, tras anunciar la primera ministra, Élisabeth Borne, que recurría al artículo 49.3 de la Constitución para actuar por decreto, salieron a las calles de París miles de manifestantes de forma espontánea. Tras ocho jornadas de multitudinarias protestas desde enero y huelgas prolongadas en sectores como el servicio de la limpieza pública de la capital, los sindicatos llamaron a nuevas convocatorias.
El aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años ya sublevaba a muchos franceses. Que la ley se haya adoptado por decreto, eludiendo el voto en la Asamblea Nacional, refuerza los motivos de indignación.
El desafío inmediato para Macron, la primera ministra Borne y su Gobierno son las mociones de censura que la oposición parlamentaria quiere presentar, la forma más sencilla que tienen para abortar la reforma.
La oposición tiene 24 horas para presentar la moción. Para poder someterse al voto del hemiciclo, requiere la firma de 58 diputados. Después, debe votarse en un plazo de 48 horas. El lunes podría ser el día decisivo.
Marine Le Pen, líder de la extrema derecha del Reagrupamiento Nacional (RN) y rival de Macron en las dos últimas elecciones presidenciales, ya ha anunciado que su partido presentará una moción de censura. La izquierda, que congrega a socialistas, ecologistas y comunistas bajo el mando de los insumisos de Jean-Luc Mélenchon, podría presentar otra. Y se prepara una tercera moción que presentaría el pequeño grupo de diputados regionalistas Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios (LIOT, por sus siglas en francés).
El problema de Le Pen y de la izquierda es que, aunque se uniesen, no alcanzarían los 289 votos que marca la mayoría absoluta. La moción fracasaría. Para que tenga éxito, los 88 diputados del RN y los 149 de las izquierdas debería sumar a 32 de los 61 diputados de Los Republicanos ―el partido de la derecha moderada―, más los 20 de LIOT. Y aquí es donde la iniciativa de este pequeño grupo puede ser la clave para el lunes. Es la opción más verosímil para que prospere una moción.
Si la iniciativa de censura obtiene la mayoría absoluta de escaños, Macron podría nombrar a otro primer ministro. Podría optar por uno de derechas ―Borne viene de la socialdemocracia― que le permitiese construir una alianza estable con Los Republicanos (LR). O disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones legislativas, con el riesgo, para el presidente, de que las ganase el partido de Le Pen y que tuviese que nombrarla a ella primera ministra en cohabitación. Es decir, con un presidente y un Gobierno de signo opuesto.
El presidente de LR, Éric Ciotti, declaró este jueves: “No votaremos a favor de ninguna moción de censura”. La declaración parece cortar de raíz cualquier posibilidad de que triunfe. Al mismo tiempo, Ciotti y sus lugartenientes parlamentarios creyeron, durante semanas, que su grupo aprobaría la reforma de Macron en la Asamblea Nacional, y al final no ha sido así. Si el Gobierno renunció al voto y optó por el artículo 49.3, fue porque demasiados diputados conservadores se rebelaron contra sus jefes e iban a votar en contra.
El efecto del 49.3, sea cual sea el resultado de las mociones de censura, amenaza con enturbiar el ambiente político y social en los próximos meses, y quizá años. El precio, para el presidente, es elevado.
Macron se ha puesto a la mayoría del país en contra. Ha alimentado la desconfianza en los gobernantes y las acusaciones de desconexión con la realidad social. Y, aunque las concesiones del Gobierno durante las últimas semanas de negociaciones no han logrado apaciguar a la oposición, han acabado reduciendo, con estas cesiones, los ahorros en las cuentas públicas que se suponía que iba a permitir la reforma. Al final es un texto descafeinado, menos ambicioso que el proyecto inicial y aún menos que la reforma que ya intentó Macron, sin finalmente llevarla a cabo, en 2019 y 2020.
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Ayuso y Vox: cuatro años de desamor con el poder y la aversión a la izquierda como nexo de unión

Nunca fue tan verdad que el tiempo es oro, ni fue posible cuantificar tan exactamente lo que valen seis minutos. 2 de diciembre de 2022. Vox registra a las 12:06 sus 80 enmiendas a los Presupuestos para 2023 del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Como el plazo ha vencido al mediodía, sus propuestas son inadmitidas. La Mesa del Parlamento, controlada por el PP, no hace excepción alguna. Vox se niega a aprobar unas cuentas públicas en las que no ha dejado su sello. Y así estalla la alianza de conveniencia entre la extrema derecha y los conservadores: el PP se queda sin 2.705 millones más de gasto para abonar el camino de Ayuso hacia las elecciones del 28-M, y Vox aparece en fuera de juego por su error burocrático. Las escaramuzas entre los dos partidos, que habían arrancado durante la primera legislatura de Ayuso como presidenta (2019-2021), acaban en guerra abierta al final de la segunda (2021-2023).
– “Dios no me hizo perfecta, y por eso no soy de Vox”.
Esa frase, pronunciada por Díaz Ayuso nada más llegar al poder, refleja lo difícil que ha sido una relación de doble filo. De un lado, PP y Vox se sienten obligados a pactar en el Parlamento regional para evitar que la izquierda logre sus objetivos. Del otro, se sienten azuzados a competir porque luchan por seducir al mismo electorado. Eso ha provocado una tensión constante en la Cámara autonómica, donde la extrema derecha ha amagado sin pegar durante la legislatura que ahora acaba: casi siempre ha acabado plegándose a los intereses del PP.
Sobran los ejemplos. En 2021 y 2022, Vox amenazó con abrir una comisión para esclarecer las muertes en las residencias de ancianos durante la pandemia, y se desdijo cuando Díaz Ayuso le llamó a capítulo. Vox anunció su oposición a la ley de autonomía financiera que patrocinaba el Gobierno, y acabó permitiendo su aprobación. Vox clamó al cielo por que el Metro tuviera que endeudarse para no perder 142 trenes que ya tenía circulando por sus vías, y luego permitió que el PP sacara adelante la operación con el extraño método de no participar en la votación.
“Hemos sido un socio leal, hemos aprobado 26 leyes que son buenas para los madrileños”, se defendió este jueves Rocío Monasterio, la líder de la extrema derecha en la Cámara regional, tras escuchar las palabras de ruptura pronunciadas por Ayuso. Y eso que el botín de Vox cuando se ha plegado a los intereses del PP ha sido escaso.
En 2021, por ejemplo, le arrancó a los conservadores un compromiso para reducir el número de diputados de la Asamblea, lo que requeriría también del apoyo de la izquierda: nunca se puso en marcha.
A cambio de permitir que el PP controlara Telemadrid, obtuvo una reducción del 10% en el Presupuesto de la radio y televisión públicas madrileñas.
Por aprobar la ley ómnibus, un compendio de cambios legales clave para el Ejecutivo, logró que se eliminara la obligatoriedad de hacer estudios de impacto de género en materia urbanística, que recogen las normas de igualdad y contra la LGTBIfobia de la región.
Y, tras toda una legislatura intentando arrinconar al PP con iniciativas sobre las que Madrid no tiene competencias (menores no acompañados, memoria histórica, aborto…), vio cómo Ayuso intentaba atraer a sus votantes con un difuso compromiso con la derogación de la ley trans autonómica… para la próxima legislatura.
Así, Vox ha sucumbido a una aritmética parlamentaria favorable al PP —que no tiene mayoría absoluta pero se acerca mucho— que debilitó siempre su posición negociadora: para frenar las iniciativas de Ayuso tenía que votar junto a Más Madrid, PSOE y Podemos. Los datos lo dicen todo sobre quién se ha beneficiado de esta relación explosiva. Vox ha permitido al PP sacar adelante una treintena de iniciativas legislativas —entre ellas, varias rebajas del tramo autonómico del IRPF, La Ley de Autonomía Fiscal y Financiera, la de Infancia o la de Servicios Sociales—, y solo se ha posicionado en contra de menos de una decena de las propuestas conservadoras (como la creación de la Agencia de Ciberseguridad). En cambio, el PP ha tumbado 34 propuestas de la extrema derecha, según las cuentas de los ultras.
Por su parte, el PP se queja de las dificultades para negociar con un partido “imprevisible”, lamenta que su teórico socio rechazara en el último pleno la iniciativa para bonificar los patrimonios extranjeros que vinieran a Madrid y subraya que el balance presupuestario de las dos legislaturas de Ayuso es mínimo: unas cuentas públicas aprobadas de cuatro posibles.
Y, aun así, lo previsible es que los dos partidos vuelvan a entenderse tras las elecciones del 28-M, si de ello depende que la izquierda no gobierne.
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‘Atrapado en este edificio nazi’: la coalición en disputa de Alemania detiene el movimiento del Ministerio de Finanzas
Durante el último cuarto de siglo, el Ministerio de Finanzas de Alemania se ha alojado en un enorme y lúgubre edificio en el centro de Berlín que solía ser la base de poder de Hermann Göring, el líder nazi y comandante en jefe de la Luftwaffe.
Los funcionarios que trabajan en Detlev-Rohwedder-Haus encuentran que es un lugar espeluznante, pero se consolaron con la esperanza de escapar. Había planes en marcha para construir una nueva ampliación de 600 millones de euros al otro lado de la carretera.
Pero el esquema ha sido bloqueado, víctima de una creciente disputa presupuestaria que está desestabilizando la coalición tripartita del canciller Olaf Scholz y paralizando los asuntos del gabinete.
Los funcionarios no pueden ocultar su decepción. “Hubiera sido tan lindo mudarse”, dijo uno, con tristeza. “Ahora estamos atrapados en este edificio nazi para siempre”.
La controversia tiene sus raíces en una disputa sobre gastos entre Scholz y Christian Lindner, el ministro de finanzas de línea dura de Alemania. Scholz está supervisando una expansión de la cancillería por valor de 777 millones de euros, un plan concebido por su predecesora, Angela Merkel. Lindner dijo este mes que era «innecesario», considerando que muchas personas ahora trabajan desde casa.
Cuando los asistentes de Scholz respondieron que el ministerio de Lindner también se estaba expandiendo, a un costo enorme para los contribuyentes alemanes, el ministro de finanzas anunció que revisaría el proyecto.
La disputa es emblemática de las crecientes tensiones en el gobierno de Scholz, una coalición formada por los Socialdemócratas (SPD), los Demócratas Libres de Lindner (FDP) y los Verdes. Es la primera alianza tripartita de este tipo en la historia alemana de la posguerra y las tensiones comienzan a notarse.
“Parece cada vez más un matrimonio infeliz, y no hay una salida fácil”, dijo un funcionario.
Durante el primer año de su existencia, sus diferencias fueron disimuladas por la guerra en Ucrania. “Estuvimos en modo de crisis todo el tiempo”, dijo un alto funcionario, “y las relaciones fueron bastante armoniosas”.
Pero con una apariencia de normalidad que ahora regresa, las rivalidades internas y las recriminaciones mutuas están socavando cada vez más la unidad de la coalición y amenazando con sabotear la agenda legislativa del gobierno.
Las tensiones incluso se están extendiendo a la UE. El mes pasado, el ministro de transporte del FDP, Volker Wissing, bloqueó una iniciativa de la UE para prohibir la venta de nuevos motores de combustión interna en la UE para 2035, lo que enfureció a los Verdes y causó consternación en las capitales europeas.
Algunos piensan que el rencor es tan grande que podría desencadenar una ruptura de la coalición. “Siempre he descartado esa posibilidad, pero en estos días no estoy tan seguro”, dijo Andrea Römmele, profesora de comunicaciones en política en la Escuela Hertie de Berlín. “Tenemos que pensar lo impensable”.
Los parlamentarios dicen que los tres partidos están bloqueando deliberadamente las iniciativas de los demás, con unos 30 proyectos de ley que son víctimas de la política arriesgada interna.
“Se están tomando como rehenes demasiadas cosas”, dijo el alto funcionario. “Se están vinculando muchas cosas que no tienen nada que ver entre sí. Está creando un bloqueo”.
Steffen Hebestreit, portavoz de Scholz, ha restado importancia a los conflictos. “Son tres partidos que de repente no van a estar de acuerdo en todo porque han formado un gobierno juntos”, dijo esta semana.
“Lo importante es que hay un fuerte deseo de llegar a buenas soluciones constructivas, y ese es en gran medida el objetivo de este gobierno”.
Hay muchas esperanzas de que algunos de los desacuerdos puedan resolverse este domingo en una reunión crucial del comité de coalición, un organismo informal que reúne a líderes de partidos, ministros y parlamentarios de alto nivel.
Sin embargo, la lista de nudos gordianos para cortar es larga. Lindner está bloqueando un plan de 12.000 millones de euros adelantado por los Verdes y el SPD para un «subsidio infantil básico» destinado a aliviar la pobreza infantil.
También se resiste a los llamamientos para aumentar el gasto en defensa en 10.000 millones de euros, aumentar los impuestos a los ricos y abolir los subsidios «perjudiciales para el medio ambiente», como las ventajas para los automóviles de empresa.
Lindner, que está comprometido con el «freno de la deuda» de Alemania, su restricción constitucional sobre nuevos préstamos que se suspendió durante la pandemia y se restableció este año, ha dicho que los ministerios han exigido un gasto adicional por un total de 70.000 millones de euros.
Eso, le dijo a ARD TV este mes, muestra una «falta de comprensión de las realidades fiscales» que enfrenta Alemania. El gobierno tiene un déficit estructural que fue oscurecido por vastos programas de endeudamiento durante la pandemia y la crisis energética, dijo.
“Tenemos un problema de gasto masivo”, agregó. “Tenemos una situación en la que nos faltan los ingresos para los gastos estatales existentes”, y mucho menos para los adicionales.
La política partidista pura también está obligando a Lindner a mantenerse firme. Sus Demócratas Libres se están desempeñando mal en las encuestas y perdieron las últimas cinco elecciones regionales. “Es hora de la verdad para el FDP”, dijo Römmele. “Están luchando por su propia existencia”.
Los Verdes también están bajo presión, como lo demuestra el extraordinario arrebato del ministro de Economía Verde, Robert Habeck, sobre ARD esta semana.
Habeck ha sido objeto de intensas críticas por un proyecto de ley para prohibir la instalación de sistemas de calefacción que funcionan con combustibles fósiles en viviendas particulares a partir de 2024. El FDP dice que impondría costos excesivos a los propietarios de viviendas.
En una entrevista el martes, Habeck arremetió contra colegas gubernamentales anónimos por filtrar una versión inconclusa del proyecto de ley a la prensa. “Quien interprete la transparencia en el sentido de que se puede manchar el carácter de otras personas está destruyendo deliberadamente la confianza en este gobierno”, dijo.
El FDP, por su parte, ha sido igual de combativo. Wolfgang Kubicki, un alto parlamentario demócrata libre que es vicepresidente del Bundestag, provocó una indignación generalizada esta semana al comparar a Habeck con el presidente ruso Vladimir Putin, buscado por presuntos crímenes de guerra.
“Putin y Habeck tienen una convicción similar de que el estado, el Führer, el Elegido saben mejor que la gente común lo que es bueno para ellos”, dijo. Se disculpó por el comentario.
Algunos políticos han criticado a Scholz por no imponer disciplina en el gabinete. Sus ayudantes dicen que ese no es su estilo. “Liderazgo no significa golpear la mesa como un autoritario”, dijo Hebestreit.
Otros lo ven diferente. “Scholz debería encerrarlos en una habitación hasta que estén de acuerdo en todo”, dijo un funcionario. “En cambio, simplemente muestra una calma estoica mientras el FDP y los Verdes asaltan las barricadas”.
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FTX quiere recuperar los fondos de capital de riesgo invertidos en Modulo Capital

Modulo Capital, una firma de inversión creada por tres exejecutivos de Jane Street, ha estado lidiando con una solicitud del Grupo FTX para el retorno de las inversiones de capital riesgo recibidas de Alameda Research.
Viejos amigos
Los ejecutivos en cuestión, Xioayun «Lily» Zhang y Duncan Rheingans-Yoo, eran conocidos de Sam Bankman-Fried por su período como empleado de Jane Street, y luego se fueron para crear su propia firma de inversión. Sin embargo, The New York Times ha descubierto dos cosas notables sobre la firma.
En primer lugar, Xioayun «Lily» Zhang parece haber tenido una relación sentimental con SBF, según fuentes anónimas supuestamente familiarizadas con el asunto.
¿La novia de Bankman-Fried? Xiaoyun «Lily» Zhang, solía tener una relación sentimental con Bankman-Fried, según cuatro personas familiarizadas con su relación. su socio, Duncan Rheingans-Yoo, solo se había graduado de Harvard dos años antes de la inversión de SBF. eso es libro de texto
– 9:29 (@GuitarSunCat) 25 de enero de 2023
En segundo lugar, parece que Modulo Capital pudo haber sido financiado casi en su totalidad por FTX Group. Según el mismo informe del NYT, Modulo comenzó a comerciar con criptomonedas antes del colapso de FTX y ahora, para todos los efectos, ha cesado sus operaciones.
Dos Rondas de Capital Semilla
Aunque la chequera de inversión en criptomonedas de FTX Group es un lío que el nuevo director ejecutivo todavía está tratando de desenredar, los registros de inversión de FTX VC son mucho más claros debido a los requisitos de presentación de informes. Según el Financial Times, FTX Group realizó dos inversiones separadas con Modulo Capital, inicialmente comprometiendo $ 150 millones, a las que siguieron rápidamente otros $ 250 millones.
Sin embargo, la solicitud de recuperación actual apunta a la cifra de 475 millones de dólares. Además, los documentos judiciales sugieren que, suponiendo que el acuerdo sea aprobado por el juez que preside el caso de quiebra de FTX, el pago de esta suma eliminaría casi por completo cualquier capital que Modulo tenga.
“La entrada de los Deudores en el Acuerdo es en el mejor interés de sus patrimonios, acreedores y partes interesadas, y debe consumarse rápidamente. Los términos del Acuerdo otorgarán a los patrimonios de los Deudores un valor significativo que representa el 99 % de los activos restantes de las Entidades del módulo y el 97 % de las transferencias originales de los Deudores de Alameda a las Entidades del módulo (después de considerar los gastos y las pérdidas comerciales)”.
Esta declaración da crédito a la teoría antes mencionada de que Modulo Capital fue financiado casi en su totalidad por el Grupo FTX.
El liderazgo de Modulo supuestamente aceptó los términos de la recuperación, lo que evitaría que ambas partes tuvieran que lidiar con los gastos legales. A cambio, el Grupo FTX renunciaría a todos los derechos sobre las acciones de Modulo Capital.
FTX actualmente les debe a sus acreedores más de $11 mil millones de dólares. Si se aprueba el acuerdo, los fondos devueltos por Modulo cubrirían alrededor del 7% del déficit. Es probable que sigan futuras solicitudes de recuperación, ya que FTX Group ya ha intentado emprender acciones similares contra Voyager y ha anunciado su intención de perseguir las donaciones hechas a candidatos políticos.
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