Francia y el Reino Unido pospusieron la visita de estado altamente simbólica del rey Carlos III, que debía comenzar el domingo, debido al creciente movimiento de protesta contra el plan del presidente Emmanuel Macron de elevar la edad de jubilación.

El Palacio del Elíseo dijo que Macron y el Rey habían hablado por teléfono sobre la visita que debía realizarse del domingo al miércoles e incluiría una cena ornamentada en el Palacio de Versalles y un viaje a Burdeos.

“La visita se reprogramará lo antes posible”, dijo el Elíseo.

El Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la realeza británica, confirmó que la visita del Rey y su esposa Camila, la reina consorte, había sido “aplazada”. “Sus majestades esperan con ansias la oportunidad de visitar Francia tan pronto como se puedan encontrar fechas”, dijo el palacio.

Se espera que la segunda etapa del viaje planeado, una visita a Alemania, continúe.

La oficina del primer ministro del Reino Unido dijo: «Esta decisión se tomó con el consentimiento de todas las partes después de que el presidente de Francia pidiera al gobierno británico que pospusiera la visita».

En Francia, los sindicatos han convocado otro día nacional de marchas el martes. Funcionarios franceses y británicos habían estado considerando en los últimos días cambios en la logística y los detalles de la visita para salvar lo que se suponía que sería el primer viaje al extranjero del rey Carlos como monarca y simbolizar el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países después de años de tensiones relacionadas con el Brexit.

Pero las escenas caóticas en París y otros lugares los llevaron a retrasar la visita el jueves después de que los sindicatos realizaron manifestaciones que atrajeron a más de 1 millón de personas.

Solo unos días antes de que el Rey visitara la ciudad de Burdeos, en el suroeste del país, personas no identificadas prendieron fuego a las puertas de madera del ayuntamiento el jueves, en una imagen sorprendente del borde violento de algunas de las protestas.

El rey también tenía previsto cenar en el ornamentado Salón de los Espejos de Versalles y asistir a un desfile en los Campos Elíseos con 140 guardias republicanos montados a caballo.

Descartar la visita del Rey es un revés para Macron, quien ha apostado sus credenciales reformistas en su segundo mandato para aumentar la edad de jubilación.

Ha argumentado durante mucho tiempo que la reforma de las pensiones era necesaria para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones de Francia a medida que la población envejece. Si se finaliza, el plan elevará la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y requerirá que las personas trabajen durante 43 años para recibir una pensión completa.

El jueves, más de 1 millón de personas protestaron en toda Francia en manifestaciones que fueron en gran parte pacíficas hasta el anochecer, cuando pequeños grupos se enfrentaron con la policía e incendiaron las toneladas de basura acumulada debido a las huelgas.

Solo en París se iniciaron alrededor de 900 incendios y se realizaron 457 arrestos a nivel nacional, según el Ministerio del Interior.

El movimiento de protesta se ha vuelto más impredecible desde que el gobierno de Macron decidió este mes aprobar la ley de pensiones sin una votación parlamentaria, utilizando la cláusula 49.3 de la constitución francesa. El gobierno sobrevivió a los votos de censura el lunes después de esa decisión, pero la ira pública ha seguido creciendo.

Los sindicatos, que han controlado en gran medida las protestas en todo el país desde enero, ahora están luchando para controlar a los activistas más radicales, incluido un pequeño grupo de anarquistas y matones conocidos como casseurs en francés que a menudo se unen a las grandes protestas.

El alcalde de Burdeos, Pierre Hurmic, expresó «dolor, conmoción e indignación» por el enorme incendio que envolvió las puertas de madera del Palais Rohan del siglo XVIII que alberga el ayuntamiento.

Cuando se le preguntó antes del retraso de la visita del rey Carlos si el monarca aún debería venir a Burdeos, dijo que cancelar equivaldría a entregar una victoria a los «matones» y que ya se habían realizado cambios en el itinerario para garantizar la seguridad.

“La ciudad de Burdeos todavía está lista y motivada para acoger la visita del Rey de Inglaterra”, dijo en la televisión France Info.

Francia había estado planeando desplegar 4.000 policías para asegurar la visita del Rey.

Sin embargo, los opositores políticos de Macron habían criticado la visita y su simbolismo. “Increíble: vamos a tener a Macron, el monarca republicano, dando la bienvenida a Carlos III, bajando por los Campos Elíseos, y van a ir a cenar a Versalles mientras la gente protesta en las calles”, dijo Sandrine Rousseau, miembro del parlamento por el Partido Verde, en BFM TV.

Corrupción clara siempre es la tuya. Esa es la máxima que vuelve a regir en las cúpulas de los principales partidos ante este resurgimiento de acusaciones de casos de corrupción, que volvieron a florecer esta semana en el debate de la moción de censura encabezada por Ramón Tamames. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, le arrojó metafóricamente varios sumarios desde la tribuna al presidente socialista Pedro Sánchez. Y el presidente del Gobierno y su portavoz parlamentario, Patxi López, esgrimieron algunos escándalos por resolver de los populares. Todos los partidos presumen de ser contundentes en sus estatutos y en sus planteamientos contra los corruptos, luego difieren sobre qué es corrupción cuando les surge en sus filas algún “garbanzo negro”. La última refriega se centra en comparar la actuación distinta en los casos de María Gámez, exdirectora de la Guardia Civil que dimitió cuando se imputó a su marido, y el de la alcaldesa y senadora popular de Marbella, Ángeles Muñoz, con familiares procesados por blanqueo de capitales y narcotráfico.

La dimisión por sorpresa este miércoles de Gámez, que renunció al cargo tras conocerse que su marido, Juan Carlos Martínez, debía comparecer como investigado por un caso de corrupción relacionado con una pieza judicial derivada del caso ERE, ha vuelto a evidenciar cómo reaccionan los partidos ante estos supuestos.

La ministra y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, fue la primera que contrapuso este jueves desde Rota la actitud “ejemplar” de Gámez frente al “silencio cómplice” del PP en asuntos que afectan al exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, la alcaldesa Muñoz o el exministro popular, Jorge Fernández Díaz, para el que la Fiscalía pide hasta 15 años de cárcel como cabecilla de la llamada Operación Kitchen, el operativo policial montado para espiar sin control judicial al que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas. Bolaños agradeció a Gámez su “paso a un lado” y retó al PP a fijarse en dónde situó ella “los estándares éticos”.

Al PP, sin embargo, la música del caso Gámez le suena a corrupción, o a “presunta corrupción”, como matizó el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, este jueves desde Bruselas. Feijóo pidió explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por un asunto que relacionó con “la vida intensa en gananciales” de Gámez y que conectó mediáticamente con los escándalos del Tito Berni o de los cuartéles de la Guarcia Civil.

Tras varios días de silencio sobre casos judiciales que perjudican al PP, Feijóo aseguró que “la corrupción no tiene cabida” en ese partido y precisó que su formación sabe “distinguir lo que es corrupción y lo que no lo es”. Feijóo y el PP sostienen que el caso que implica a Albiol se trata de una simple instalación de “unas torretas para unos operadores móviles que él ni conoció ni le notificaron”, pese a que el juez que instruye esa investigación considera que el exalcalde toleró su montaje y funcionamiento irregular varios años y la Fiscalía solicita para Albiol dos años y 10 meses de cárcel, así como otros 10 años de inhabilitación por un posible delito de prevaricación continuada urbanística y ambiental.

En el PP fijan como posición oficial para tramitar la expulsión de un cargo o militante que antes haya una condena judicial. Si ésta no existe, “se puede dar de baja a un afiliado en función del procedimiento abierto y de la casuística del caso”, lo que deja mucho espacio para la interpretación.

Los populares no ven nada que implique corrupción en Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella y senadora. El Senado ha impulsado una investigación sobre su patrimonio, en el que han aflorado 12 millones de euros, y su marido, Lars Gunnar Broberg, que falleció hace unas semanas, fue procesado por blanqueo de capitales, y su hijastro, Joakim Broberg, señalado como cabecilla de una red de venta de marihuana y hachís por la Audiencia Nacional. El PP la ha ratificado como candidata a la alcaldía. En el PP de Andalucía, que controla Juan Manuel Moreno, no la cuestionan “porque no está imputada ni investigada por nada” y presumen de que no entran en ese tipo de batallas maritales tampoco cuando tocan a la esposa del líder autonómico del PSOE, Juan Espadas.

El PSOE andaluz intentó en un primer momento sacar partido de la trama criminal que salpica a Muñoz, y presentaron varias preguntas en el Parlamento regional para poner en un brete a Moreno. Esa vía se relegó en Andalucía pero fue retomada por el PSOE y sus ministros a nivel nacional. El PP, cuando se le reta con Muñoz, recuerda que la esposa del actual secretario general del PSOE andaluz, Carmen Ibanco, formó parte de un grupo de 84 empleados de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), cuya contratación investiga un juez por presuntos desvíos de fondos públicos tras la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios, que apunta que fueron fichados por su vinculación política. El PP y Vox han activado por tercera vez la creación de una comisión de investigación de la Faffe en el Parlamento andaluz, a poco más de dos meses de las elecciones municipales del 28 de mayo, informa Lourdes Lucio.

El PSOE presume, sin embargo, de que no padece ningún caso de corrupción como los del PP, de que cuando un militante es citado a un juicio se le expulsa y, en ocasiones, como pasó con el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, incluso sin llegar a ese punto. El PSOE tardó ocho horas en forzar su renuncia en cuanto se desató el caso Mediador. “Nadie, ningún partido, está libre de que se le cuele alguien indigno, alguien que no esté a la altura de las siglas. El problema es cuando son las siglas las que no están a la altura, y ese es el gran problema del PP”, resaltan en el área de Organización del PSOE.

En ERC presumen de que son una formación superrígida, con 92 años de historia, un contundente código de conducta y sin casos de corrupción, pero aclaran que según su criterio los procesos que les podrían perjudicar, como los que atañen a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, “no son corrupción”, pese a que la Fiscalía Superior de Cataluña les pide elevadas penas de cárcel por un delito de malversación agravada.

En el PNV también ensalzan la dureza del artículo 14 de sus estatutos, cambiados dos veces en la última década para reforzar su exigencia ante casos de corrupción y de violencia machista, donde se fija que la suspensión de militancia es automática cuando un afiliado es investigado o imputado. La suspensión de afiliación por parte del Euzkadi Buru Batzar no se hace definitiva hasta que la sentencia es firme, como ha pasado hace unos días tras el pronunciamiento del Supremo para los implicados en el caso De Miguelo caso Miñano, que han permanecido lustros en sus cargos.

En Podemos, tal y como figura en su reglamento ético, se establece un compromiso de renuncia al cargo público, interno o a cualquier candidatura en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos de corrupción. Ese principio se matiza cuando el partido observa acusaciones de “acoso judicial antidemocrático o con intenciones políticas”, el lawfare, en lo que entienden que es una estrategia que han sufrido con varios escándalos que se les atribuían mediáticamente y que luego se demostraron falsos. Podemos resalta que su financiación no depende de los bancos como una barrera que les diferencia de las demás organizaciones políticas.

PSOE

María Gámez, directora general de la Guardia Civil, 22 de marzo de 2023

Dimitió horas después de que su marido fuera imputado en un caso de blanqueo de capitales y cohecho.

Los expresidentes de Andalucía, Manual Chaves y José Antonio Griñán, dimiten de sus cargos en junio de 2015

Ambos dejaron sus cargos de diputado y senador seis meses después de que el Supremo les abriera una investigación por el fraude de los ERE en Andalucía. Los dos fueron condenados. Chaves por prevaricación y Griñan por prevaricación y malversación.

Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles, 13 de marzo de 2023

La Audiencia reabre el caso de las ITV y propone juzgar a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, por los supuestos delitos de malversación y prevaricación. El PSOE la mantiene en el cargo.

Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, 15 de febrero de 2023

El PSOE le obliga a dimitir tras destaparse el escándalo del caso Mediador, días antes de que fuera formalmente imputado tras perder su aforamiento.

Demetrio Madrid, expresidente de Castilla y León, 29 de octubre de 1986

Dimitió tras su procesamiento por la supuesta venta ilegal de la empresa Pekus, de su propiedad. El tribunal acabó absolviéndole del delito por el que tuvo que abandonar su cargo.

Miembros del PSOE implicados en las ‘tarjetas black’, octubre de 2014

El PSOE expulsa a siete de los 16 dirigente socialistas (los otros nueve se fueron voluntariamente) que utilizaron las tarjetas black de CajaMadrid. Lo hizo cuatro años antes de que la mayoría fueran condenados y algunos de ellos resultarán absueltos porque sus delitos estaban prescritos.

PP

Xavier García Albiol, 22 de marzo de 2023

El alcalde de Badalona es procesado por varios delitos de prevaricación. Es candidato a revalidar su cargo en mayo de este año, y miembro del equipo directivo del PP nacional. El PP le mantiene en sus cargos.

Vicent Martí, president del Consell de Ibiza, 28 de febrero de 2023

Imputado el diputado balear, y presidente del Consell de Ibiza, Vicent Martí, por prevaricación, tráfico de influencias y coacciones. El PP le mantiene en el cargo.

Alberto Casero, exalcalde de Trujillo, 3 de marzo de 2023

El Supremo propone juzgarle por malversación y prevaricación al diputado. Casero dimite como diputado ese mismo día.

Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos, 14 de marzo de 2023

La alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, imputada por un caso de prevaricación. El PP la mantiene en el cargo.

Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, 30 de enero de 2023

La Audiencia imputa al hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por narcotráfico. También implica a su marido en los hechos, pero suspende la causa contra él porque padece una grave enfermedad (murió casi dos meses después). El PP mantiene en su cargo a la alcaldesa. El Senado abrió una investigación sobre su patrimonio.

Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, septiembre de 2018

El Supremo investiga por corrupción a la entonces senadora del PP por Valencia, Rita Barberá. La senadora pide su baja en el PP y se pasa al grupo mixto.

Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, 14 de mayo de 2009

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia imputa a Francisco Camps, presidente autonómico. El PP le mantiene en el cargo hasta el 21 de julio de 2011 tras ser procesado en el caso de los trajes, del que resultó absuelto por un jurado popular.

ERC

Roger Torrent, expresidente del Parlament, marzo de 2022

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña procesa al expresidente del parlamento catalán, Roger Torrent, por un delito de desobediencia. ERC le mantiene en el cargo a Torrent. El tribunal absolvió a Torrent y la fiscalía anticorrupción pide que se repita el juicio.

Josep Maria Jové, diputado en el Parlament, febrero de 2023

Procesado el diputado de ERC Josep María Jové y el presidente del Puerto de Barcelona, Lluis Salvadó (ERC) por malversación en el caso del procés. ERC les mantiene en el cargo.

La decisión de la Fed de garantizar a los depositantes no asegurados de Silicon Valley Bank es “el ejemplo más maravilloso de riesgo moral que hemos encontrado en bastante tiempo”, dice el jefe de Standard Chartered, Bill Winters.

Los comentarios de Winters, realizados el viernes en una conferencia financiera de Hong Kong, se producen después de que los reguladores estadounidenses se comprometieran a proteger los depósitos en los fallidos Silicon Valley Bank y Signature Bank.

Agregó que parecía haber “modelos comerciales no viables, al menos en los EE. UU.”, con otros bancos que tenían bases de clientes igualmente estrechas.

Los comentarios del jefe de StanChart son parte del debate sobre la expansión de las garantías de depósitos bancarios de EE. UU., particularmente si hay una mayor fuga de depósitos como resultado de la agitación actual.

La administración de Biden enfrenta la presión de inversionistas, empresarios y algunos legisladores para intervenir con más fuerza para garantizar que todos los depositantes estén completos, o arriesgarse a que otros bancos se vean presionados a medida que los clientes se apresuran a esconder efectivo en instituciones más grandes.

Las acciones bancarias cayeron esta semana después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, descartara una amplia expansión del seguro de depósitos para proteger a los ahorradores con saldos superiores a $250,000 en el corto plazo.

Winters agregó que el colapso de Credit Suisse y la posterior adquisición por parte de su rival UBS ha sacudido el mercado. “Al final del día, la característica común es la falta de confianza. . . el problema no es tanto si el regulador tiene confianza en nuestra solvencia, sino si el mercado tiene confianza en nuestra liquidez”.

La liquidación de los bonos AT1 de $17 mil millones de Credit Suisse provocada por su acuerdo de adquisición tiene implicaciones «profundas» para las regulaciones bancarias globales, dijo, y planteó preguntas sobre cómo los reguladores deberían evaluar la salud de los bancos.

“Mi observación a los tres bancos que han quebrado es que parecen haber sido solventes”, dijo Winters.

“Hay mucho enfoque en la cuestión de la jerarquía. Pero no es la gran pregunta. La gran pregunta es ¿cómo eliminar US$17.000 millones de AT1 en un banco solvente sin un proceso de revisión?

“Creo que tuvo implicaciones muy profundas para la regulación de los bancos y para la forma en que los bancos se administran a sí mismos”.