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La acusación de Bárcenas a la cúpula de Interior por el ‘caso Kitchen’ evita las rebajas de penas de la malversación

Luis Bárcenas, gerente y tesorero del PP durante los mandatos de José María Aznar (1990-2004) y Mariano Rajoy (2004-2009), ha pasado más de seis años en la cárcel. Condenado en firme a 29 años por el caso Gürtel —una trama corrupta que hizo negocio y sobornó a numerosos cargos públicos de administraciones gobernadas por el PP— y a dos años más por pagar con dinero de la caja b de su partido las obras de reforma de la sede principal (Génova, 13), Bárcenas ha conseguido esta semana la semilibertad tras pasar en prisión más de la mitad de los años de cumplimiento máximo (12) que le correspondía.
Cuando ingresó por primera vez en la cárcel (en junio de 2013), la policía puso en marcha una operación secreta ordenada presuntamente desde el Ministerio del Interior y sin autorización del juez para espiar a la familia de Bárcenas con el objetivo de robarle documentación sobre la causa judicial abierta por la caja b del PP. Ese operativo ilegal —la Operación Kitchen— fue pagado con fondos públicos y ejecutado por media docena de comisarios, según la investigación judicial.
Ahora el caso está a punto de ir a juicio. Y Luis Barcenas, su esposa, Rosalía Iglesias (que sigue presa, también condenada por el caso Gürtel), y su hijo, Guillermo Bárcenas, han presentado un escrito de acusación en el que piden penas de cárcel para 11 personas: ocho policías (la mayoría, comisarios), el chófer de la familia al que captaron como confidente y la cúpula política de Interior: el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado Francisco Martínez. A todos ellos les atribuye numerosos delitos, pero el que más años de cárcel conlleva es el de malversación de fondos públicos. Y el artículo del Código Penal que cita el escrito es el 432.2, que castiga “a quienes, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión o custodia o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos o negaren haberlos recibido”. Bárcenas pide seis años de cárcel por ese delito para esas 11 personas, la máxima pena que fija ese artículo 432.2 del Código Penal.
La Fiscalía Anticorrupción aún no ha presentado su escrito de acusación. Antes de hacerlo, analizará si la reforma legal recién aprobada por el Parlamento y que rebaja las penas para la malversación sin lucro personal puede beneficiar a los implicados en el caso Kitchen. La reforma impulsada por el Gobierno a petición de ERC se ha hecho con el objetivo de beneficiar a los independentistas catalanes ya condenados (que ya fueron indultados de la pena de prisión y ahora verán rebajada la de inhabilitación) y a los que están pendientes de juicio o huidos de la justicia (que verán reducidos los años de cárcel por los que pueden ser condenados). Pero se aplicará también a cualquier otro acusado de malversación sin lucro.
La defensa del extesorero del PP entiende, y así lo expresa en el escrito de acusación, que se pagó con fondos públicos al confidente a razón de 2.000 euros al mes durante dos años y, por tanto, hubo un lucro para terceros, algo que sigue estando castigado en el nuevo Código Penal con la misma pena que antes de la reforma legal aprobada el pasado jueves. Pero además, según fuentes jurídicas próximas a la investigación, los delitos fueron cometidos entre 2013 y 2015, cuando el Código Penal en vigor sólo castigaba con penas de cárcel la malversación con lucro personal o de terceros. La reforma actual, que entrará en vigor el próximo 12 de enero, sería incluso más desfavorable, pues penaliza con cárcel la malversación sin lucro.
El escrito que presentó a finales de octubre el abogado de la familia Bárcenas relata los supuestos ataques que sufrió la familia entre 2012 y 2015, cuando se destapó la fortuna que el extesorero ocultaba en Suiza (48 millones de euros) y tras revelar el diario EL PAÍS la existencia de una caja b nunca declarada a Hacienda o al Tribunal de Cuentas por el PP —ocho millones de euros que pagaron empresas contratistas entre 1990 y 2009— que controlaron Luis Bárcenas y su jefe directo en el partido, Álvaro Lapuerta, ya fallecido.
“Entre 2012 y 2015″, señala el escrito, “[la cúpula del Ministerio del Interior] orquestó una operación parapolicial al margen de la ley con el fin de conseguir y destruir la posible información que tuviera [la familia Bárcenas] en su poder que pudiese afectar al Partido Popular y que este pudiera utilizar en el procedimiento Gürtel cuya instrucción se seguía en la Audiencia Nacional”.
Bárcenas sitúa el comienzo de las maniobras policiales contra él y su familia en febrero de 2013, tras la publicación de la contabilidad secreta del PP en EL PAÍS. El extesorero define esa documentación como “una contabilidad extracontable del PP que podía perjudicar en gran manera al partido político”. El escrito detalla los pormenores de la operación policial y las maniobras de Interior contra Bárcenas durante aquellos años.
Abuso de funciones del ministerio. Bárcenas acusa a Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior del Gobierno del PP, y a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, de poner en marcha, “con conocimiento de su ilegalidad y claro abuso de funciones, una operación encaminada a la obtención de información y documentación en poder del extesorero y su familia con el fin de sustraer de forma ilícita dicho material del juez que investigaba el caso Gürtel”.
La operación secreta, según la investigación judicial, implicó a media docena de comisarios y supuso un coste de 50.000 euros de la partida de fondos reservados, para pagar a Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, convertido en topo de la policía para encontrar los secretos que pudiera guardar el extesorero del PP. Además, en la operación de seguimiento participaron, sin saber el objetivo de su misión, decenas de policías.
Clonado de teléfonos móviles y tabletas. El escrito señala que el chófer Sergio Ríos logró copiar el contenido de teléfonos móviles y tabletas propiedad del extesorero del PP para el Ministerio del Interior. Esa información nunca se puso a disposición judicial, hasta que se abrió una investigación por este caso muchos años después.
Robo en un arcón con doble fondo del taller de Rosalía Iglesias. Bárcenas acusa también a Interior de entrar ilegalmente en un taller de restauración de muebles donde trabajaba su esposa para “sustraer documentación de un arcón con un doble fondo”. Esa documentación, sin apenas relevancia, acabó publicándose en prensa bajo la denominación “los papeles de Rosalía” mucho antes de que llegaran al juez que investigaba los hechos.
El asalto al domicilio del falso cura. El extesorero del PP relata el episodio violento del asalto a su domicilio por parte de un hombre disfrazado de cura en octubre de 2013. Enrique Olivares maniató a punta de pistola a Rosalía Iglesias y a su hijo Guillermo dentro de la vivienda de ambos, con el supuesto objetivo de conseguir documentación relevante que ambos guardaban para “acabar con el Gobierno de la nación”. El falso cura fue condenado a 22 años de cárcel en 2014. Murió ocho años después. Pese a las sospechas de Bárcenas, nunca se pudo demostrar la vinculación de ese hombre con la operación del Ministerio del Interior.
Acoso injustificado en la prisión. Bárcenas relata los múltiples incidentes que sufrió durante su estancia en prisión preventiva, entre 2013 y 2015. Fue clasificado como FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) y él argumenta que no cumplía ninguno de los requisitos exigidos: ser especialmente conflictivo y peligroso; pertenecer a organizaciones armadas o de delincuencia organizada; ser miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado o estar vinculado a la delincuencia internacional. El extesorero del PP relata que nunca se le quiso trasladar a un módulo de respeto de la cárcel y que sufrió la vigilancia de distintos internos que supuestamente colaboraban con el equipo parapolicial de Interior a través del comisario José Manuel Villarejo. Tras quedar en libertad durante tres años, Barcenas fue condenado por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 y regresó a prisión, ya para cumplir condena. Unos días después, el socialista Pedro Sánchez ganó una moción de censura contra Rajoy y fue investido presidente del Gobierno. Desde entonces, el extesorero del PP “no ha sufrido nada parecido a lo relatado” durante su primera estancia en prisión provisional.
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Francia se prepara para nuevas protestas que ponen a prueba el manejo de la crisis por parte de Macron

Francia se prepara para nuevas manifestaciones contra la controvertida reforma de pensiones de Emmanuel Macron la próxima semana, poniendo a prueba el manejo del presidente de una reacción violenta que se ha convertido en una crisis política.
El martes se llevará a cabo un nuevo día de huelgas nacionales convocadas por los sindicatos después de que las protestas espontáneas se hayan vuelto violentas ocasionalmente en los últimos días, lo que llevó a la casa real británica a posponer una visita de estado planificada del rey Carlos.
Aunque sin conexión con el rechazo más amplio a la decisión de Macron de aumentar la edad de jubilación, los manifestantes se enfrentaron con la policía el sábado en manifestaciones no autorizadas cerca del pueblo de Sainte-Soline en el oeste de Francia por los planes para construir un depósito de agua, a lo que se oponen los ambientalistas.
Un manifestante y un policía resultaron gravemente heridos. Los manifestantes lanzaron proyectiles e incendiaron camionetas, mientras que los agentes montaron en cuatriciclos para tratar de controlar a las multitudes en los campos y usaron gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento, lo que provocó nuevas críticas de algunos políticos de la oposición por las tácticas policiales de mano dura.
Las protestas contra los impopulares planes de pensiones de Macron han tomado un giro más impredecible desde que el gobierno pasó por alto una votación parlamentaria a mediados de marzo para aprobar la ley, lo que provocó una reacción violenta en las calles que se está convirtiendo en un dolor de cabeza político para el gobierno.
Después de que más de 1 millón de personas participaran en marchas en Francia el jueves pasado, estallaron enfrentamientos con la policía al margen. Los manifestantes prendieron fuego a la basura no recolectada en el centro de París, lo que llevó a la policía a disparar gases lacrimógenos y desplegar su brigada de motocicletas más pesadas para controlar a las multitudes.
Los sindicatos y los manifestantes han pedido a Macron que retire su reforma, que elevará la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y requerirá que las personas trabajen durante 43 años para calificar para una pensión completa. Laurent Berger, el líder del sindicato moderado CFDT, instó al gobierno el viernes a «hacer una pausa» en sus planes y dijo que la espiral de violencia al margen de las manifestaciones era preocupante.
Macron se ha mantenido firme, argumentando que la reforma es necesaria para que el sistema de pensiones siga siendo viable. El portavoz del Gobierno, Olivier Véran, dijo el domingo que no habría lugar para renegociar la edad de jubilación y llamó a la calma.
“No podemos permitir que arraigue esta idea de que la violencia es de alguna manera una respuesta justificable o comprensible”, dijo Véran al periódico Journal du Dimanche.
La policía francesa ha sido acusada por grupos de derechos y activistas legales de recurrir al exceso de fuerza durante las protestas.
Más de 1.200 personas han sido detenidas desde el 16 de marzo, cuando los manifestantes comenzaron a tomar las calles con más asiduidad, y varios grupos de derechos humanos franceses han dicho que muchos arrestos se realizaron innecesariamente y sin fundamento legal. Han citado casos de transeúntes atrapados en una redada policial sobre manifestantes, mientras que la mayoría de las personas fueron liberadas después de una noche en la cárcel sin seguimiento.
El organismo de asuntos internos de la policía francesa ha iniciado 11 investigaciones sobre presuntos abusos, dijo el viernes el ministro del Interior, Gérald Darmanin.
Sin embargo, Darmanin defendió la respuesta policial en Sainte-Soline y dijo que había sido proporcional. Culpó a los activistas de extrema izquierda entre los miles de manifestantes en el sitio del embalse planeado por la violencia. La policía local dijo que había confiscado cuchillos y machetes antes de que comenzara la protesta.
El líder de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon y miembros de su partido “France Unbowed” que estaban en Sainte-Soline dijeron que la policía había usado granadas de aturdimiento indiscriminadamente.
A nivel político, la reacción pública ha beneficiado hasta ahora al partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, según mostró una encuesta de Ifop en Le Journal du Dimanche. El apoyo a la RN crecería en 7 puntos porcentuales a 26 por ciento si se celebraran elecciones parlamentarias ahora, en comparación con su puntaje de 19,2 por ciento en las elecciones de junio pasado.
El apoyo al partido Renacimiento de Macron, que no tiene una mayoría en la cámara baja pero aún tiene la mayoría de los escaños, retrocedería en casi 5 puntos porcentuales al 22 por ciento, mostró la encuesta.
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Bitcoin rechazado en resistencia crítica, este es el nivel a observar ahora: análisis de precios de BTC

Después de alcanzar el área crítica de precios de $29-30K, el repunte alcista de Bitcoin fue rechazado y el precio volvió al rango de consolidación de $27-28K.
En el próximo corto plazo, la marca de $ 30K probablemente servirá como la resistencia más importante. Este rango fue el mínimo registrado a mediados de 2021 antes del repunte al ATH actual de Bitcoin en $69K registrado en noviembre de 2021.
Análisis técnico
Por Shayán
El gráfico diario
Después de formar un retroceso a la línea de promedio móvil de 100 días en $ 19.6K, el precio continuó aumentando con un notable impulso alcista. Sin embargo, Bitcoin ahora enfrenta una poderosa resistencia a $ 30K.
En el lado bajista se aprecia una importante divergencia entre el precio y el indicador RSI, lo que podría dar lugar a una fase de corrección ante una posible continuación alcista.
El gráfico de 4 horas
Al observar la acción reciente del precio de Bitcoin, se puede ver que el intenso impulso alcista se ha debilitado mientras se produce una confluencia entre los alcistas y bajistas de Bitcoin en esta región de precios específica.
Considerando la fortaleza psicológica del nivel de precios de $30K, el escenario más probable para Bitcoin en el mediano plazo es consolidarse en un rango estático entre $25K y $30K.
En el caso de una caída significativa, el rango de precios entre los niveles de retroceso de Fibonacci de 0,5 ($24,4K) y 61,8 ($23K) probablemente respaldará a Bitcoin.
Análisis en cadena
Parece que Bitcoin actualmente está experimentando un mercado alcista basado en varios indicadores confiables. Sin embargo, es esencial operar con cautela debido a la posibilidad de una corrección de precios como resultado del rápido aumento reciente.
La métrica SOPR del titular a corto plazo también es compatible con lo anterior, cuando vio un aumento repentino simultáneamente, con Bitcoin alcanzando la zona de resistencia de $ 30K, lo que indica presión de venta de los inversores a corto plazo.
Este rango de precios representa una barrera significativa para Bitcoin en su ascenso. Una ruptura por encima de este nivel podría eliminar la incertidumbre y generar una demanda masiva para ingresar al mercado.
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Los viticultores temen que la financiación se agote tras la caída de Silicon Valley Bank

Mientras los capitalistas de riesgo y los fundadores de tecnología intercambiaban frenéticos mensajes de WhatsApp que impulsaron una corrida histórica en Silicon Valley Bank el 9 de marzo, otros clientes importantes del prestamista trabajaban duro, ajenos a lo que se avecinaba.
Jasmine Hirsch, gerente general de Hirsch Vineyards en Sonoma, dijo que solo se enteró de la corrida bancaria de $ 42 mil millones a través de un contacto familiar en finanzas el día antes de que los reguladores federales rescataran al prestamista, sin tener conocimiento previo de sus problemas.
“No estábamos en el chat del grupo VIP”, dijo.
En las semanas posteriores, se ha sentido desconcertada por los comentarios de que los clientes de SVB deberían haber realizado más debida diligencia en el banco.
«Estoy como: ‘¿Cuándo fue la última vez tú ¿miró el balance de su banco?’”, dijo. “¡Somos granjeros! Confiamos en que nuestro banco estará allí mañana”.
Con la venta parcial de SVB por parte del gobierno, los viticultores de las fértiles regiones vinícolas al norte de San Francisco corren el riesgo de perder un socio vital. La división de vinos de SVB ha sido un pilar fundamental para el sector, prestando más de $4 mil millones a bodegas desde 1990 y publicando un informe anual sobre el estado de la industria del vino que se ha vuelto tan popular que recibe cobertura en el New York Times.
Paul Mabray, director ejecutivo de Pixwine, una plataforma de descubrimiento de vinos, llamó a la división de vinos la «joya» del banco y agregó: «Estaba realmente arraigada en la comunidad».
Cuando se derrumbó, SVB tenía 1.200 millones de dólares en préstamos para bodegas. Ahora, sus clientes se preocupan por saber de dónde provendrá su financiación mientras se enfrentan a mayores costos de hacer negocios y al empeoramiento de los impactos del cambio climático.
Sus preocupaciones están bien fundadas. El negocio del vino es notoriamente arriesgado, de bajo margen y minuciosamente lento. Una de las razones por las que funcionó para SVB fue el prestigio que confería.
“Las empresas emergentes y el vino: los dos se conectan muy bien”, dijo Alessandro Chesser, quien trabajó en SVB hace una década y ha trabajado con él desde entonces. «SVB obtendría vino de los clientes de vino y luego enviaría vino a los clientes nuevos».
Un ejecutivo de uno de los principales fondos de capital de riesgo contó que le pidió a SVB que patrocinara un evento. ‘¿Por qué no solo proporcionamos el vino?’ llegó la respuesta. “Había un ambiente de discoteca”, agregaron. “Un banco con sede en Nueva York o Londres no ofrecería vino para su evento”.
Otro inversionista de riesgo dijo que otorgar préstamos a las bodegas tenía que ver con las relaciones que podría generar: las oportunidades para suscribir acuerdos o atraer depósitos.
“Son todos proyectos de pasión”, dijo esta persona sobre los viñedos. «Lo harías [bank them] si te preocupas por los propietarios de esas bodegas, que son capitalistas de riesgo”.
El destino de la división de vinos de SVB no está claro. Un comprador que dependa menos de esas relaciones tecnológicas puede no sentirse tentado a asumirlo, ni es obvio que pueda operar como una unidad independiente.
El director de marketing de una empresa de vinos en Napa, que no quiso ser identificado, dijo que confiaba en que la división de vinos encontraría un comprador.
“Esta industria está llena de activos sólidos (tierra, uvas, ladrillos y cemento), por lo que es difícil imaginar que esos no sean atractivos para cualquier banco que recoja el balance general”, dijo esta persona. “Mucho más, creo, que nuevas empresas tecnológicas”.
No todos comparten esa perspectiva soleada. Los incendios forestales y una pandemia mundial han golpeado al turismo, que antes del covid podría representar más del 50 por ciento de las ventas de algunas pequeñas bodegas. El propio experto en vinos de Silicon Valley Bank, Rob McMillan, quien fundó la división hace 32 años, escribió en su blog en octubre que “el estado de ánimo en la industria se ha vuelto decisivamente negativo en comparación con el año pasado”.
En el último informe anual de SVB, publicado en enero, diagnosticó una crisis a largo plazo: la gente más joven buscaba bebidas saludables como la kombucha más que el cabernet o el merlot.
La industria del vino en general había crecido un 20 % anual a principios de la década de 2000, pero el crecimiento cayó al 10 % en 2010, se estancó en 2016 y durante los últimos dos años se ha reducido. Los únicos segmentos de consumidores que prosperaron fueron los de 60 a 90 años.
McMillan lamentó al New York Times en enero que la incapacidad de la industria para atraer a los consumidores millennials era «peor de lo que pensaba», y agregó: «He estado hablando de este problema durante siete años y todavía no hemos reaccionado».
Ahora la crisis es más aguda y personal. En un blog publicado el domingo, McMillan reflexionó sobre “una de las peores semanas de mi vida”.
“Todo lo que sabía era que había perdido una cantidad sustancial de dinero en las acciones del banco y la FDIC me había dado un contrato de 45 días para trabajar para ellos. Eso pondrá nervioso a cualquiera”, escribió.
Predijo que un comprador llegará a “una solución formal dentro de las próximas tres semanas”, y agregó que él y el gerente de la división, Jed Taborski, han recibido más de una docena de llamadas de “organizaciones seriamente interesadas” que consideran la división de vinos como una compra independiente.
A algunos clientes existentes les encantaría eso. Hirsch dijo que abrió una nueva cuenta bancaria el día que los reguladores federales se hicieron cargo de SVB, pero que aún tiene que depositar fondos allí. Su mayor esperanza, compartida por muchos otros que se beneficiaron de las relaciones cercanas y el servicio personalizado de SVB, es que ella no tiene que hacerlo.
“Todo el mundo dice algo así como, ¿no es este el lugar más seguro para estar en este momento?” ella dijo, citando cartas de SVB que dicen que está abierto para negocios, honrando préstamos y buscando nuevos negocios.
Mientras tanto, algunos miembros de la comunidad no pueden evitar sentir que toda la situación podría haberse evitado si los Tech Bros a lo largo de la costa hubieran mantenido la calma y no hubieran retirado su dinero de SVB. en masa.
“La insularidad que mira el ombligo de ese mundo: ¡derribaron su propio banco!” dijo un ejecutivo de viñedos que no quiso ser identificado. “Lo que es tan irónico es que es solo una mierda tecnológica clásica. Quiero decir, sin ofender ni nada, pero ¿no crees que la tecnología arruina todo lo que toca?
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