Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra militantes respaldados por Irán en el este de Siria después de que un contratista estadounidense muriera y cinco soldados resultaran heridos por un ataque con aviones no tripulados en una base de la coalición en el estado árabe.

El Pentágono dijo que la inteligencia estadounidense había evaluado que el dron que atacó una base estadounidense en Siria el jueves era de “origen iraní”, lo que destaca el riesgo de una mayor escalada de las tensiones entre Washington y Teherán.

Estados Unidos ataca instalaciones específicas utilizadas por grupos vinculados a la Guardia Revolucionaria de élite de Irán, dijo el Pentágono en un comunicado.

“Los ataques aéreos se realizaron en respuesta al ataque de hoy, así como a una serie de ataques recientes contra las fuerzas de la coalición en Siria por parte de grupos afiliados al IRGC. [Revolutionary Guards]”, dijo el secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin.

Irán ha tenido una presencia militar en Siria desde que intervino para respaldar al presidente sirio Bashar al-Assad después de que estalló la guerra civil en el país en 2011.

Estados Unidos tiene alrededor de 900 soldados en Siria, principalmente en el noreste, donde han estado involucrados en la lucha contra ISIS y han apoyado a los militantes liderados por los kurdos que luchan contra el grupo yihadista.

«Como presidente [Joe] Biden ha dejado en claro que tomaremos todas las medidas necesarias para defender a nuestra gente y siempre responderemos en el momento y lugar que elijamos”, dijo Austin. “Ningún grupo atacará a nuestras tropas con impunidad”.

Los militantes chiítas alineados con Irán en Siria e Irak, donde Estados Unidos tiene alrededor de 2500 soldados, intensificaron los ataques contra el personal y los activos estadounidenses en ambos países después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retirara en 2018 del acuerdo nuclear que Teherán había firmado con las potencias mundiales e impuso. oleadas de sanciones a Irán.

Biden asumió el cargo prometiendo reducir las tensiones en la región y devolver a EE. UU. al acuerdo de 2015 y levantar muchas sanciones contra Irán si el país volvía a cumplir con el acuerdo.

Pero las conversaciones indirectas entre la administración de Biden y la República Islámica para revivir el acuerdo moribundo se detuvieron después de que Irán frustró a las potencias occidentales al negarse a aceptar un borrador de propuesta para salvar el acuerdo en septiembre.

Las relaciones de Irán con Occidente se deterioraron aún más después de que los gobiernos de Estados Unidos y Europa condenaran ampliamente la violenta represión de Teherán contra las protestas nacionales que estallaron el año pasado. Occidente se ha enfurecido por la decisión de Teherán de vender drones armados a Moscú que las fuerzas rusas han utilizado en su guerra en Ucrania.

Irán ha negado las acusaciones de que ha vendido armas a Rusia para usarlas en Ucrania, al tiempo que culpa a sus enemigos extranjeros por avivar los disturbios civiles en la república islámica.

En enero, creció la preocupación de que Teherán se había acercado más al enriquecimiento de uranio a nivel de armas después de que la Agencia Internacional de Energía Atómica, el organismo de control de la ONU, descubriera partículas de uranio enriquecido con una pureza del 84 por ciento en una instalación nuclear iraní.

No está claro si las partículas eran parte de un plan deliberado de Irán para aumentar su enriquecimiento o si se crearon accidentalmente. La mayoría de los expertos consideran que el 90 por ciento de pureza es apto para armas.

El Pentágono dijo que Estados Unidos “tomó medidas proporcionadas y deliberadas destinadas a limitar el riesgo de escalada y minimizar las bajas” en los ataques aéreos del jueves en Siria.

Biden ordenó previamente ataques contra militantes respaldados por Irán en Siria en 2021 y 2022 después de ataques similares contra personal estadounidense.

Nunca fue tan verdad que el tiempo es oro, ni fue posible cuantificar tan exactamente lo que valen seis minutos. 2 de diciembre de 2022. Vox registra a las 12:06 sus 80 enmiendas a los Presupuestos para 2023 del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Como el plazo ha vencido al mediodía, sus propuestas son inadmitidas. La Mesa del Parlamento, controlada por el PP, no hace excepción alguna. Vox se niega a aprobar unas cuentas públicas en las que no ha dejado su sello. Y así estalla la alianza de conveniencia entre la extrema derecha y los conservadores: el PP se queda sin 2.705 millones más de gasto para abonar el camino de Ayuso hacia las elecciones del 28-M, y Vox aparece en fuera de juego por su error burocrático. Las escaramuzas entre los dos partidos, que habían arrancado durante la primera legislatura de Ayuso como presidenta (2019-2021), acaban en guerra abierta al final de la segunda (2021-2023).

– “Dios no me hizo perfecta, y por eso no soy de Vox”.

Esa frase, pronunciada por Díaz Ayuso nada más llegar al poder, refleja lo difícil que ha sido una relación de doble filo. De un lado, PP y Vox se sienten obligados a pactar en el Parlamento regional para evitar que la izquierda logre sus objetivos. Del otro, se sienten azuzados a competir porque luchan por seducir al mismo electorado. Eso ha provocado una tensión constante en la Cámara autonómica, donde la extrema derecha ha amagado sin pegar durante la legislatura que ahora acaba: casi siempre ha acabado plegándose a los intereses del PP.

Sobran los ejemplos. En 2021 y 2022, Vox amenazó con abrir una comisión para esclarecer las muertes en las residencias de ancianos durante la pandemia, y se desdijo cuando Díaz Ayuso le llamó a capítulo. Vox anunció su oposición a la ley de autonomía financiera que patrocinaba el Gobierno, y acabó permitiendo su aprobación. Vox clamó al cielo por que el Metro tuviera que endeudarse para no perder 142 trenes que ya tenía circulando por sus vías, y luego permitió que el PP sacara adelante la operación con el extraño método de no participar en la votación.

“Hemos sido un socio leal, hemos aprobado 26 leyes que son buenas para los madrileños”, se defendió este jueves Rocío Monasterio, la líder de la extrema derecha en la Cámara regional, tras escuchar las palabras de ruptura pronunciadas por Ayuso. Y eso que el botín de Vox cuando se ha plegado a los intereses del PP ha sido escaso.

En 2021, por ejemplo, le arrancó a los conservadores un compromiso para reducir el número de diputados de la Asamblea, lo que requeriría también del apoyo de la izquierda: nunca se puso en marcha.

A cambio de permitir que el PP controlara Telemadrid, obtuvo una reducción del 10% en el Presupuesto de la radio y televisión públicas madrileñas.

Por aprobar la ley ómnibus, un compendio de cambios legales clave para el Ejecutivo, logró que se eliminara la obligatoriedad de hacer estudios de impacto de género en materia urbanística, que recogen las normas de igualdad y contra la LGTBIfobia de la región.

Y, tras toda una legislatura intentando arrinconar al PP con iniciativas sobre las que Madrid no tiene competencias (menores no acompañados, memoria histórica, aborto…), vio cómo Ayuso intentaba atraer a sus votantes con un difuso compromiso con la derogación de la ley trans autonómica… para la próxima legislatura.

Así, Vox ha sucumbido a una aritmética parlamentaria favorable al PP —que no tiene mayoría absoluta pero se acerca mucho— que debilitó siempre su posición negociadora: para frenar las iniciativas de Ayuso tenía que votar junto a Más Madrid, PSOE y Podemos. Los datos lo dicen todo sobre quién se ha beneficiado de esta relación explosiva. Vox ha permitido al PP sacar adelante una treintena de iniciativas legislativas —entre ellas, varias rebajas del tramo autonómico del IRPF, La Ley de Autonomía Fiscal y Financiera, la de Infancia o la de Servicios Sociales—, y solo se ha posicionado en contra de menos de una decena de las propuestas conservadoras (como la creación de la Agencia de Ciberseguridad). En cambio, el PP ha tumbado 34 propuestas de la extrema derecha, según las cuentas de los ultras.

Por su parte, el PP se queja de las dificultades para negociar con un partido “imprevisible”, lamenta que su teórico socio rechazara en el último pleno la iniciativa para bonificar los patrimonios extranjeros que vinieran a Madrid y subraya que el balance presupuestario de las dos legislaturas de Ayuso es mínimo: unas cuentas públicas aprobadas de cuatro posibles.

Y, aun así, lo previsible es que los dos partidos vuelvan a entenderse tras las elecciones del 28-M, si de ello depende que la izquierda no gobierne.

Durante el último cuarto de siglo, el Ministerio de Finanzas de Alemania se ha alojado en un enorme y lúgubre edificio en el centro de Berlín que solía ser la base de poder de Hermann Göring, el líder nazi y comandante en jefe de la Luftwaffe.

Los funcionarios que trabajan en Detlev-Rohwedder-Haus encuentran que es un lugar espeluznante, pero se consolaron con la esperanza de escapar. Había planes en marcha para construir una nueva ampliación de 600 millones de euros al otro lado de la carretera.

Pero el esquema ha sido bloqueado, víctima de una creciente disputa presupuestaria que está desestabilizando la coalición tripartita del canciller Olaf Scholz y paralizando los asuntos del gabinete.

Los funcionarios no pueden ocultar su decepción. “Hubiera sido tan lindo mudarse”, dijo uno, con tristeza. “Ahora estamos atrapados en este edificio nazi para siempre”.

La controversia tiene sus raíces en una disputa sobre gastos entre Scholz y Christian Lindner, el ministro de finanzas de línea dura de Alemania. Scholz está supervisando una expansión de la cancillería por valor de 777 millones de euros, un plan concebido por su predecesora, Angela Merkel. Lindner dijo este mes que era «innecesario», considerando que muchas personas ahora trabajan desde casa.

Cuando los asistentes de Scholz respondieron que el ministerio de Lindner también se estaba expandiendo, a un costo enorme para los contribuyentes alemanes, el ministro de finanzas anunció que revisaría el proyecto.

La disputa es emblemática de las crecientes tensiones en el gobierno de Scholz, una coalición formada por los Socialdemócratas (SPD), los Demócratas Libres de Lindner (FDP) y los Verdes. Es la primera alianza tripartita de este tipo en la historia alemana de la posguerra y las tensiones comienzan a notarse.

“Parece cada vez más un matrimonio infeliz, y no hay una salida fácil”, dijo un funcionario.

Durante el primer año de su existencia, sus diferencias fueron disimuladas por la guerra en Ucrania. “Estuvimos en modo de crisis todo el tiempo”, dijo un alto funcionario, “y las relaciones fueron bastante armoniosas”.

Pero con una apariencia de normalidad que ahora regresa, las rivalidades internas y las recriminaciones mutuas están socavando cada vez más la unidad de la coalición y amenazando con sabotear la agenda legislativa del gobierno.

Las tensiones incluso se están extendiendo a la UE. El mes pasado, el ministro de transporte del FDP, Volker Wissing, bloqueó una iniciativa de la UE para prohibir la venta de nuevos motores de combustión interna en la UE para 2035, lo que enfureció a los Verdes y causó consternación en las capitales europeas.

Algunos piensan que el rencor es tan grande que podría desencadenar una ruptura de la coalición. “Siempre he descartado esa posibilidad, pero en estos días no estoy tan seguro”, dijo Andrea Römmele, profesora de comunicaciones en política en la Escuela Hertie de Berlín. “Tenemos que pensar lo impensable”.

Los parlamentarios dicen que los tres partidos están bloqueando deliberadamente las iniciativas de los demás, con unos 30 proyectos de ley que son víctimas de la política arriesgada interna.

“Se están tomando como rehenes demasiadas cosas”, dijo el alto funcionario. “Se están vinculando muchas cosas que no tienen nada que ver entre sí. Está creando un bloqueo”.

Steffen Hebestreit, portavoz de Scholz, ha restado importancia a los conflictos. “Son tres partidos que de repente no van a estar de acuerdo en todo porque han formado un gobierno juntos”, dijo esta semana.

“Lo importante es que hay un fuerte deseo de llegar a buenas soluciones constructivas, y ese es en gran medida el objetivo de este gobierno”.

Hay muchas esperanzas de que algunos de los desacuerdos puedan resolverse este domingo en una reunión crucial del comité de coalición, un organismo informal que reúne a líderes de partidos, ministros y parlamentarios de alto nivel.

Sin embargo, la lista de nudos gordianos para cortar es larga. Lindner está bloqueando un plan de 12.000 millones de euros adelantado por los Verdes y el SPD para un «subsidio infantil básico» destinado a aliviar la pobreza infantil.

También se resiste a los llamamientos para aumentar el gasto en defensa en 10.000 millones de euros, aumentar los impuestos a los ricos y abolir los subsidios «perjudiciales para el medio ambiente», como las ventajas para los automóviles de empresa.

Lindner, que está comprometido con el «freno de la deuda» de Alemania, su restricción constitucional sobre nuevos préstamos que se suspendió durante la pandemia y se restableció este año, ha dicho que los ministerios han exigido un gasto adicional por un total de 70.000 millones de euros.

Eso, le dijo a ARD TV este mes, muestra una «falta de comprensión de las realidades fiscales» que enfrenta Alemania. El gobierno tiene un déficit estructural que fue oscurecido por vastos programas de endeudamiento durante la pandemia y la crisis energética, dijo.

“Tenemos un problema de gasto masivo”, agregó. “Tenemos una situación en la que nos faltan los ingresos para los gastos estatales existentes”, y mucho menos para los adicionales.

La política partidista pura también está obligando a Lindner a mantenerse firme. Sus Demócratas Libres se están desempeñando mal en las encuestas y perdieron las últimas cinco elecciones regionales. “Es hora de la verdad para el FDP”, dijo Römmele. “Están luchando por su propia existencia”.

Los Verdes también están bajo presión, como lo demuestra el extraordinario arrebato del ministro de Economía Verde, Robert Habeck, sobre ARD esta semana.

Habeck ha sido objeto de intensas críticas por un proyecto de ley para prohibir la instalación de sistemas de calefacción que funcionan con combustibles fósiles en viviendas particulares a partir de 2024. El FDP dice que impondría costos excesivos a los propietarios de viviendas.

En una entrevista el martes, Habeck arremetió contra colegas gubernamentales anónimos por filtrar una versión inconclusa del proyecto de ley a la prensa. “Quien interprete la transparencia en el sentido de que se puede manchar el carácter de otras personas está destruyendo deliberadamente la confianza en este gobierno”, dijo.

El FDP, por su parte, ha sido igual de combativo. Wolfgang Kubicki, un alto parlamentario demócrata libre que es vicepresidente del Bundestag, provocó una indignación generalizada esta semana al comparar a Habeck con el presidente ruso Vladimir Putin, buscado por presuntos crímenes de guerra.

“Putin y Habeck tienen una convicción similar de que el estado, el Führer, el Elegido saben mejor que la gente común lo que es bueno para ellos”, dijo. Se disculpó por el comentario.

Algunos políticos han criticado a Scholz por no imponer disciplina en el gabinete. Sus ayudantes dicen que ese no es su estilo. “Liderazgo no significa golpear la mesa como un autoritario”, dijo Hebestreit.

Otros lo ven diferente. “Scholz debería encerrarlos en una habitación hasta que estén de acuerdo en todo”, dijo un funcionario. “En cambio, simplemente muestra una calma estoica mientras el FDP y los Verdes asaltan las barricadas”.