El expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Pascual Sala, que en 1996 tuvo que afrontar una situación de bloqueo del órgano de gobierno de los jueces similar a la actual, considera que ahora podría recurrirse al mismo remedio que se empleó entonces para resolver el problema, mediante una “dimisión colectiva” de vocales, en número suficiente para que no hubiera quórum y fuese ineludible renovar la institución. Sala explica a EL PAÍS que entonces los efectos de la falta de acuerdo para desbloquear el Consejo fueron mucho menos graves que en la actualidad, porque el retraso fue sólo de unos meses, pero que los miembros de la institución lograron ponerse de acuerdo para forzar la situación sin necesidad de que tuvieran que renunciar todos.

“En aquel caso bastó”, recuerda Sala”, con que dimitieran seis vocales, los suficientes en ese momento para que careciera de sentido la permanencia del resto, ya sin quórum”. En la situación actual, en que el Consejo está compuesto por dieciocho vocales, la falta de quórum se produciría con ocho dimisiones, que dejarían al órgano de gobierno con diez integrantes, cuando el quórum necesario para tomar decisiones se lograría con 11.

“En 1996 correspondía renovar el Consejo del Poder Judicial, pero había un proceso electoral en marcha y los contactos para lograrlo se demoraron unos meses. Después de las elecciones a las Cortes ya tenían la posibilidad de renovar y se lo hice notar. Pero me dieron largas y entonces dimitieron los vocales necesarios para dejar inservible el Consejo, e inmediatamente las Cortes renovaron la institución. De manera que hay un caso real, un precedente, que es el mío, en que los relevos se consiguieron así, dimitiendo los vocales necesarios para que el Consejo quedara inservible por falta de quórum para tomar decisiones. Finalmente, así se logró la renovación en tiempos del PP de Aznar, que es el que había ganado las elecciones”.

Pascual Sala añade que “ahora se podría actuar del mismo modo, claro que sí”. El que fue presidente de la cúpula judicial entre 1990 y 1996 explica que no quiere dar consejos a nadie ni inmiscuirse en la labor de los actuales vocales. Considera, sin embargo, que el suyo es un precedente a tener en cuenta, máxime en situaciones extremas como la actual, en que el órgano de gobierno de la magistratura lleva ya más de cuatro años pendiente de renovación y en diciembre próximo habrá doblado el período de su mandato natural de cinco años si la legislatura termina sin un acuerdo para cambiar esta situación.

Sala subraya que una salida de este tipo no requiere muchos trámites. “Basta con que el presidente del Consejo acepte las dimisiones”. Añade que a su juicio no puede haber ninguna responsabilidad administrativa ni de otro tipo por un conjunto de dimisiones, ya fueran de algunos o de todos los miembros del órgano de gobierno de los jueces. “Con las dimisiones aceptadas, el Consejo se queda inservible, completamente inactivo el gobierno de un poder del Estado”. Sala estima asimismo que el presidente que admitiera este tipo de renuncias tampoco incurriría en responsabilidad legal alguna, máxime habida cuenta de que se trataría de una decisión para facilitar el cumplimiento de la propia Constitución, que establece que el Consejo General del Poder Judicial tiene que renovarse cada cinco años, un mandato que no es disponible, a voluntad del destinatario.

El expresidente del Poder Judicial considera que hace ya mucho tiempo que hubieran tenido que ponerse en práctica las medidas oportunas para conducir a una renovación del Consejo. “Al cumplirse un año sin renovación ya hubieran tenido que ponerse en práctica las medidas necesarias para desbloquear la situación. Yo no quiero desautorizar al actual Consejo. Yo no he querido ni quiero intervenir, claro está. En el Consejo ya saben lo que pasó en la renovación del 96. No se puede demorar al doble de su mandato un órgano constitucional. Las renuncias hubieran podido potenciar la renovación. Pero también hay que tener en cuenta que nadie puede obligar a los vocales a dejar su puesto, esto también es importante”.

Para Pascual Sala, lo más relevante es en todo caso tomar en consideración que una salida así de la crisis que atraviesa el Poder Judicial es legítima y tiene el precedente exitoso del episodio que él mismo y los vocales del Consejo que presidió decidieron poner en marcha. “Entonces el retraso de la renovación fue sólo de unos meses, y en circunstancias especiales, porque había habido un proceso electoral en medio. Imaginémonos si estaría justificado y tendría sentido ahora, con cuatro años y cuatro meses de retraso en la renovación”. Una vez tomado el acuerdo y obtenida la situación de hecho que desbloqueaba el Consejo “no me consta que nadie sufriera consecuencia alguna en sus intereses ni protestó en absoluto por las decisiones tomadas”. Las Cortes tomaron nota de lo sucedido y hubo acuerdo “entre el PP, que había ganado las elecciones, y el PSOE para renovar el Consejo”.

Los mercados de valores se mezclaron el viernes, ya que las preocupaciones sobre la salud del sistema bancario mundial arrastraron a la baja las acciones de los prestamistas estadounidenses más del 14 por ciento esta semana.

El índice bursátil FTSE All-World bajó un 0,1 por ciento el viernes durante las operaciones asiáticas, pero subió un 1,6 por ciento durante la semana. Las acciones tecnológicas en Asia inicialmente siguieron al alza del Nasdaq Composite con la esperanza de que el ciclo de ajuste monetario de la Reserva Federal de EE. UU. esté llegando a su fin.

El índice tecnológico Hang Seng de Hong Kong subió hasta un 2,3 por ciento el viernes antes de reducir las ganancias a solo un 0,1 por ciento. Otros puntos de referencia en la región registraron pérdidas menores, incluida una caída del 0,3 por ciento para el CSI 300 de China. Las ganancias de las acciones tecnológicas en Asia siguieron a un aumento del 1 por ciento para el índice Nasdaq Composite el jueves.

Los futuros hicieron que el índice bursátil FTSE 100 cayera un 0,6 por ciento en la apertura en Londres, mientras que el S&P 500 subiría un 0,2 por ciento.

El S&P 500 más amplio obtuvo una ganancia de solo 0,3 por ciento, con las acciones financieras luchando por recuperarse tras el colapso de Silicon Valley Bank en los EE. UU. y el rescate del prestamista suizo Credit Suisse por parte de su rival UBS.

El índice KBW Nasdaq Bank terminó la sesión del jueves con una caída del 1,7 por ciento, incluso después de los comentarios de la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, de que los reguladores estaban «preparados para tomar medidas adicionales si se justifica» para garantizar la seguridad de los depósitos bancarios. El índice bancario estadounidense ha perdido casi un 30 por ciento en las últimas dos semanas.

El miércoles, la Reserva Federal de EE. UU. procedió con un aumento de la tasa de interés de 0,25 puntos porcentuales. El jueves, el Banco de Inglaterra también elevó su tasa de referencia en 0,25 puntos porcentuales.

El estratega de Citigroup, Dirk Willer, dijo que era «demasiado pronto para saber» si la tensión en el sector bancario había crecido lo suficiente como para afectar significativamente el ciclo económico de Estados Unidos. Pero agregó que ante la mayor incertidumbre, la Fed se había «vuelto más cautelosa, al igual que el BCE».

“Seguimos siendo negativos en cuanto a los activos de riesgo dado que el estrés bancario reduce el crédito y reafirma el llamado de Citi a una recesión en EE. UU. [the second half] de 2023”, dijo Willer.

En los mercados de divisas, el índice del dólar, que rastrea el valor del billete verde frente a una cesta de otras monedas, bajó un 0,1 por ciento, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron 0,04 puntos porcentuales a 3,385 por ciento.

El teniente general Pablo Vázquez Jarava, principal imputado en el caso Cuarteles, una de las investigaciones por corrupción que sacude la Guardia Civil, defendió ante la jueza de Madrid María Isabel Durántez su inocencia y acusó al Servicio de Asuntos Internos, encargado de las pesquisas, y al propio instituto armado de perseguirle. Así consta en el acta judicial de la declaración que prestó el 6 de abril de 2022, la única hasta ahora, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento, que recoge de manera condensada las palabras del alto mando, señala que admitió cómo el constructor canario al que presuntamente benefició, Ángel Ramón Tejera de León, Mon, le pagó una estancia de hotel junto a su mujer en Cádiz y los vuelos de avión a Cardiff (Reino Unido) para asistir a la final de la Champions League de 2017. No obstante, el general negó que fueran “regalos” y afirmó que él luego abonó otros gastos del empresario “para compensar” o que, en el caso del desplazamiento para ver el partido de fútbol, más tarde “hicieron cuentas”, según el relato de su declaración recogido en el documento judicial. EL PAÍS ha intentado contactar con el general a través de su abogado para aclarar determinados aspectos de su testimonio, pero no ha obtenido respuesta.

Vázquez Jarava está acusado de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y malversación por haber dado supuestamente indicaciones a los responsables de 13 comandancias para que adjudicaran 193 contratos de obras menores en cuarteles a Tejera de León. Este se embolsó por esos trabajos ―algunos de los cuales constan como no realizados o solo hechos parcialmente― algo más de 3 millones de euros. Ante la jueza, el general negó que diera instrucciones a los responsables de las comandancias para que contrataran a este constructor, con el que sí reconoció tener una relación de amistad, y limitó su intervención a que se lo presentó a los responsables de las instalaciones de la Guardia Civil donde se iban a hacer los trabajos. Tras insistir que él no participaba en las adjudicación, añadió que ni siquiera llegó a conocer que hubieran encargado finalmente obras a Tejera de León.

El teniente general fue entre octubre de 2015 y el 15 de enero de 2018, fecha en la que pasó a retiro, el responsable de la Subdirección General de Apoyo, uno de los puestos de mayor poder dentro del instituto armado al gestionar los recursos financieros y patrimoniales de la institución. En su declaración ante la jueza, Vázquez Jarava aseguró que desde ese puesto se encargaba de “preparar [los] presupuestos de la Guardia Civil para presentarlos a Interior y a Hacienda” y que lo hacía con el criterio de “repartir de la forma más equitativa posible [el dinero presupuestado] y que llegara a todas las comandancias, de acuerdo a sus necesidades”. No obstante, añadió que él no bajaba al detalle de las cuantías y en qué se gastaba, de lo que responsabilizó a los jefes de las propias comandancias.

Sobre su relación con Tejera de León, el general admitió que lo conocía porque se lo presentó un coronel de la Guardia Civil en Canarias, y que iban a ver partidos de fútbol. También reconoció que desde el primer momento el empresario le dijo que era constructor y que tenía “un proyecto para mejorar la fachada de los cuarteles”, por lo que le pidió que le recomendara en las comandancias. En este sentido, Vázquez Jarava aseguró a preguntas de la Fiscalía que, cuando las instalaciones del instituto armado estaban deterioradas, él intentaba conseguir una buena imagen con reparaciones y que, al haber instalaciones con humedades, pensó en este constructor. En este sentido, señaló que Tejera de León le había hablado de un producto el “corcho proyectado” que no conocía y que impermeabilizaba superficies. Según un informe de Asuntos Internos incorporado a la causa, en realidad el sistema que proponía el constructor no era novedoso, ya que se comercializaba desde mediados de 2011 y se utilizaba en cuarteles de la Guardia Civil desde 2014.

El alto mando detalló que en 2016, el año de mayor facturación del empresario a la Guardia Civil, su departamento repartió 32 millones de euros a las comandancias para obras menores de reparación y que eran los responsables de estas las que decidían qué se hacía y quién las hacía, además de comprobar que los trabajos se realizaban. Ese año, Tejera de León consiguió que sus mercantiles se adjudicaran 80 contratos del instituto armado por un valor cercano a 1,4 millones de euros. Es decir, el 4% de todo el dinero. Pese a ello, cuando fue interrogado comandancia a comandancia si había dado instrucciones a los responsables de estas para que lo contrataran, como así han declarado al menos 11 altos mandos, Vázquez Jarava lo negó, y sugirió que tal vez algún mando conociera al constructor “de antes”.

Primera investigación

Aquella concentración de adjudicaciones al mismo empresario propició la apertura de una primera investigación que, finalmente, se archivó en 2018 después de que el propio general elaborara un informe en el que se aseguraba que no había habido irregularidades. Ante la jueza, el alto mando admitió que entonces la subdirección que dirigía recibió quejas y un escrito anónimo que motivaron aquella investigación y que se encontraron “algunas deficiencias”, pero nada delictivo, insistió. Vázquez Jarava recalcó que el entonces director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado Merino, el último de los gobiernos de Mariano Rajoy, ordenó que cesaran las pesquisas y no se informara a la Fiscalía. Desde entonces, aseguró a la juez que se sentía perseguido por Asuntos Internos ―cuya labor es perseguir los delitos cometidos por guardias civiles―, a cuyos agentes acusó de haber presentado en la causa documentación “incompleta” y haber “tergiversado” algunos detalles.

Sobre las supuestas dádivas que, según los informes policiales, Tejera de León le entregó a cambio de las adjudicaciones, el general negó haber recibido “jamás” regalos o dinero. No obstante, admitió que el empresario pagó inicialmente algunos viajes y estancias en hoteles. Sobre el viaje a Cardiff para asistir a la final de la Champions League que ese año jugó el Real Madrid, aseguró que él se encargó de conseguir las entradas ―para lo que dijo que utilizó su amistad con directivos del equipo de fútbol―; su sobrino, el alojamiento, y el constructor, los vuelos. Posteriormente, afirmó que hacían “cuentas” para repartir gastos. Sobre el viaje del año anterior a Milán, también para ver una final en la jugaba el equipo madrileño, aseguró que hicieron “algo parecido”.

Sobre las estancias en hoteles, Vázquez Jarava admitió que el empresario pagó su estancia en el Hotel Tryp Cádiz La Caleta, aunque aseguró que este lo hizo porque el general había pagado anteriormente al constructor la habitación en otro establecimiento de playa en el que habían coincidido. El alto mando negó, además, haber pasado el fin de año de 2016 en un hotel de Lanzarote, aunque reconoció que Tejera de León había comprado los billetes de avión para que se desplazaran él y varios miembros de su familia, pero que ese viaje finalmente se anuló. El general también confirmó en su declaración que tenía una empresa de consultoría junto a su esposa e hijos, aunque recalcó que esta había empezado a funcionar después de su retiro de la Guardia Civil y, por tanto, cuando no tenía responsabilidades en el instituto armado.