Durante el último cuarto de siglo, el Ministerio de Finanzas de Alemania se ha alojado en un enorme y lúgubre edificio en el centro de Berlín que solía ser la base de poder de Hermann Göring, el líder nazi y comandante en jefe de la Luftwaffe.

Los funcionarios que trabajan en Detlev-Rohwedder-Haus encuentran que es un lugar espeluznante, pero se consolaron con la esperanza de escapar. Había planes en marcha para construir una nueva ampliación de 600 millones de euros al otro lado de la carretera.

Pero el esquema ha sido bloqueado, víctima de una creciente disputa presupuestaria que está desestabilizando la coalición tripartita del canciller Olaf Scholz y paralizando los asuntos del gabinete.

Los funcionarios no pueden ocultar su decepción. “Hubiera sido tan lindo mudarse”, dijo uno, con tristeza. “Ahora estamos atrapados en este edificio nazi para siempre”.

La controversia tiene sus raíces en una disputa sobre gastos entre Scholz y Christian Lindner, el ministro de finanzas de línea dura de Alemania. Scholz está supervisando una expansión de la cancillería por valor de 777 millones de euros, un plan concebido por su predecesora, Angela Merkel. Lindner dijo este mes que era «innecesario», considerando que muchas personas ahora trabajan desde casa.

Cuando los asistentes de Scholz respondieron que el ministerio de Lindner también se estaba expandiendo, a un costo enorme para los contribuyentes alemanes, el ministro de finanzas anunció que revisaría el proyecto.

La disputa es emblemática de las crecientes tensiones en el gobierno de Scholz, una coalición formada por los Socialdemócratas (SPD), los Demócratas Libres de Lindner (FDP) y los Verdes. Es la primera alianza tripartita de este tipo en la historia alemana de la posguerra y las tensiones comienzan a notarse.

“Parece cada vez más un matrimonio infeliz, y no hay una salida fácil”, dijo un funcionario.

Durante el primer año de su existencia, sus diferencias fueron disimuladas por la guerra en Ucrania. “Estuvimos en modo de crisis todo el tiempo”, dijo un alto funcionario, “y las relaciones fueron bastante armoniosas”.

Pero con una apariencia de normalidad que ahora regresa, las rivalidades internas y las recriminaciones mutuas están socavando cada vez más la unidad de la coalición y amenazando con sabotear la agenda legislativa del gobierno.

Las tensiones incluso se están extendiendo a la UE. El mes pasado, el ministro de transporte del FDP, Volker Wissing, bloqueó una iniciativa de la UE para prohibir la venta de nuevos motores de combustión interna en la UE para 2035, lo que enfureció a los Verdes y causó consternación en las capitales europeas.

Algunos piensan que el rencor es tan grande que podría desencadenar una ruptura de la coalición. “Siempre he descartado esa posibilidad, pero en estos días no estoy tan seguro”, dijo Andrea Römmele, profesora de comunicaciones en política en la Escuela Hertie de Berlín. “Tenemos que pensar lo impensable”.

Los parlamentarios dicen que los tres partidos están bloqueando deliberadamente las iniciativas de los demás, con unos 30 proyectos de ley que son víctimas de la política arriesgada interna.

“Se están tomando como rehenes demasiadas cosas”, dijo el alto funcionario. “Se están vinculando muchas cosas que no tienen nada que ver entre sí. Está creando un bloqueo”.

Steffen Hebestreit, portavoz de Scholz, ha restado importancia a los conflictos. “Son tres partidos que de repente no van a estar de acuerdo en todo porque han formado un gobierno juntos”, dijo esta semana.

“Lo importante es que hay un fuerte deseo de llegar a buenas soluciones constructivas, y ese es en gran medida el objetivo de este gobierno”.

Hay muchas esperanzas de que algunos de los desacuerdos puedan resolverse este domingo en una reunión crucial del comité de coalición, un organismo informal que reúne a líderes de partidos, ministros y parlamentarios de alto nivel.

Sin embargo, la lista de nudos gordianos para cortar es larga. Lindner está bloqueando un plan de 12.000 millones de euros adelantado por los Verdes y el SPD para un «subsidio infantil básico» destinado a aliviar la pobreza infantil.

También se resiste a los llamamientos para aumentar el gasto en defensa en 10.000 millones de euros, aumentar los impuestos a los ricos y abolir los subsidios «perjudiciales para el medio ambiente», como las ventajas para los automóviles de empresa.

Lindner, que está comprometido con el «freno de la deuda» de Alemania, su restricción constitucional sobre nuevos préstamos que se suspendió durante la pandemia y se restableció este año, ha dicho que los ministerios han exigido un gasto adicional por un total de 70.000 millones de euros.

Eso, le dijo a ARD TV este mes, muestra una «falta de comprensión de las realidades fiscales» que enfrenta Alemania. El gobierno tiene un déficit estructural que fue oscurecido por vastos programas de endeudamiento durante la pandemia y la crisis energética, dijo.

“Tenemos un problema de gasto masivo”, agregó. “Tenemos una situación en la que nos faltan los ingresos para los gastos estatales existentes”, y mucho menos para los adicionales.

La política partidista pura también está obligando a Lindner a mantenerse firme. Sus Demócratas Libres se están desempeñando mal en las encuestas y perdieron las últimas cinco elecciones regionales. “Es hora de la verdad para el FDP”, dijo Römmele. “Están luchando por su propia existencia”.

Los Verdes también están bajo presión, como lo demuestra el extraordinario arrebato del ministro de Economía Verde, Robert Habeck, sobre ARD esta semana.

Habeck ha sido objeto de intensas críticas por un proyecto de ley para prohibir la instalación de sistemas de calefacción que funcionan con combustibles fósiles en viviendas particulares a partir de 2024. El FDP dice que impondría costos excesivos a los propietarios de viviendas.

En una entrevista el martes, Habeck arremetió contra colegas gubernamentales anónimos por filtrar una versión inconclusa del proyecto de ley a la prensa. “Quien interprete la transparencia en el sentido de que se puede manchar el carácter de otras personas está destruyendo deliberadamente la confianza en este gobierno”, dijo.

El FDP, por su parte, ha sido igual de combativo. Wolfgang Kubicki, un alto parlamentario demócrata libre que es vicepresidente del Bundestag, provocó una indignación generalizada esta semana al comparar a Habeck con el presidente ruso Vladimir Putin, buscado por presuntos crímenes de guerra.

“Putin y Habeck tienen una convicción similar de que el estado, el Führer, el Elegido saben mejor que la gente común lo que es bueno para ellos”, dijo. Se disculpó por el comentario.

Algunos políticos han criticado a Scholz por no imponer disciplina en el gabinete. Sus ayudantes dicen que ese no es su estilo. “Liderazgo no significa golpear la mesa como un autoritario”, dijo Hebestreit.

Otros lo ven diferente. “Scholz debería encerrarlos en una habitación hasta que estén de acuerdo en todo”, dijo un funcionario. “En cambio, simplemente muestra una calma estoica mientras el FDP y los Verdes asaltan las barricadas”.

Modulo Capital, una firma de inversión creada por tres exejecutivos de Jane Street, ha estado lidiando con una solicitud del Grupo FTX para el retorno de las inversiones de capital riesgo recibidas de Alameda Research.

Viejos amigos

Los ejecutivos en cuestión, Xioayun «Lily» Zhang y Duncan Rheingans-Yoo, eran conocidos de Sam Bankman-Fried por su período como empleado de Jane Street, y luego se fueron para crear su propia firma de inversión. Sin embargo, The New York Times ha descubierto dos cosas notables sobre la firma.

En primer lugar, Xioayun «Lily» Zhang parece haber tenido una relación sentimental con SBF, según fuentes anónimas supuestamente familiarizadas con el asunto.

¿La novia de Bankman-Fried? Xiaoyun «Lily» Zhang, solía tener una relación sentimental con Bankman-Fried, según cuatro personas familiarizadas con su relación. su socio, Duncan Rheingans-Yoo, solo se había graduado de Harvard dos años antes de la inversión de SBF. eso es libro de texto

– 9:29 (@GuitarSunCat) 25 de enero de 2023

En segundo lugar, parece que Modulo Capital pudo haber sido financiado casi en su totalidad por FTX Group. Según el mismo informe del NYT, Modulo comenzó a comerciar con criptomonedas antes del colapso de FTX y ahora, para todos los efectos, ha cesado sus operaciones.

Dos Rondas de Capital Semilla

Aunque la chequera de inversión en criptomonedas de FTX Group es un lío que el nuevo director ejecutivo todavía está tratando de desenredar, los registros de inversión de FTX VC son mucho más claros debido a los requisitos de presentación de informes. Según el Financial Times, FTX Group realizó dos inversiones separadas con Modulo Capital, inicialmente comprometiendo $ 150 millones, a las que siguieron rápidamente otros $ 250 millones.

Sin embargo, la solicitud de recuperación actual apunta a la cifra de 475 millones de dólares. Además, los documentos judiciales sugieren que, suponiendo que el acuerdo sea aprobado por el juez que preside el caso de quiebra de FTX, el pago de esta suma eliminaría casi por completo cualquier capital que Modulo tenga.

“La entrada de los Deudores en el Acuerdo es en el mejor interés de sus patrimonios, acreedores y partes interesadas, y debe consumarse rápidamente. Los términos del Acuerdo otorgarán a los patrimonios de los Deudores un valor significativo que representa el 99 % de los activos restantes de las Entidades del módulo y el 97 % de las transferencias originales de los Deudores de Alameda a las Entidades del módulo (después de considerar los gastos y las pérdidas comerciales)”.

Esta declaración da crédito a la teoría antes mencionada de que Modulo Capital fue financiado casi en su totalidad por el Grupo FTX.

El liderazgo de Modulo supuestamente aceptó los términos de la recuperación, lo que evitaría que ambas partes tuvieran que lidiar con los gastos legales. A cambio, el Grupo FTX renunciaría a todos los derechos sobre las acciones de Modulo Capital.

FTX actualmente les debe a sus acreedores más de $11 mil millones de dólares. Si se aprueba el acuerdo, los fondos devueltos por Modulo cubrirían alrededor del 7% del déficit. Es probable que sigan futuras solicitudes de recuperación, ya que FTX Group ya ha intentado emprender acciones similares contra Voyager y ha anunciado su intención de perseguir las donaciones hechas a candidatos políticos.

El expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Pascual Sala, que en 1996 tuvo que afrontar una situación de bloqueo del órgano de gobierno de los jueces similar a la actual, considera que ahora podría recurrirse al mismo remedio que se empleó entonces para resolver el problema, mediante una “dimisión colectiva” de vocales, en número suficiente para que no hubiera quórum y fuese ineludible renovar la institución. Sala explica a EL PAÍS que entonces los efectos de la falta de acuerdo para desbloquear el Consejo fueron mucho menos graves que en la actualidad, porque el retraso fue sólo de unos meses, pero que los miembros de la institución lograron ponerse de acuerdo para forzar la situación sin necesidad de que tuvieran que renunciar todos.

“En aquel caso bastó”, recuerda Sala”, con que dimitieran seis vocales, los suficientes en ese momento para que careciera de sentido la permanencia del resto, ya sin quórum”. En la situación actual, en que el Consejo está compuesto por dieciocho vocales, la falta de quórum se produciría con ocho dimisiones, que dejarían al órgano de gobierno con diez integrantes, cuando el quórum necesario para tomar decisiones se lograría con 11.

“En 1996 correspondía renovar el Consejo del Poder Judicial, pero había un proceso electoral en marcha y los contactos para lograrlo se demoraron unos meses. Después de las elecciones a las Cortes ya tenían la posibilidad de renovar y se lo hice notar. Pero me dieron largas y entonces dimitieron los vocales necesarios para dejar inservible el Consejo, e inmediatamente las Cortes renovaron la institución. De manera que hay un caso real, un precedente, que es el mío, en que los relevos se consiguieron así, dimitiendo los vocales necesarios para que el Consejo quedara inservible por falta de quórum para tomar decisiones. Finalmente, así se logró la renovación en tiempos del PP de Aznar, que es el que había ganado las elecciones”.

Pascual Sala añade que “ahora se podría actuar del mismo modo, claro que sí”. El que fue presidente de la cúpula judicial entre 1990 y 1996 explica que no quiere dar consejos a nadie ni inmiscuirse en la labor de los actuales vocales. Considera, sin embargo, que el suyo es un precedente a tener en cuenta, máxime en situaciones extremas como la actual, en que el órgano de gobierno de la magistratura lleva ya más de cuatro años pendiente de renovación y en diciembre próximo habrá doblado el período de su mandato natural de cinco años si la legislatura termina sin un acuerdo para cambiar esta situación.

Sala subraya que una salida de este tipo no requiere muchos trámites. “Basta con que el presidente del Consejo acepte las dimisiones”. Añade que a su juicio no puede haber ninguna responsabilidad administrativa ni de otro tipo por un conjunto de dimisiones, ya fueran de algunos o de todos los miembros del órgano de gobierno de los jueces. “Con las dimisiones aceptadas, el Consejo se queda inservible, completamente inactivo el gobierno de un poder del Estado”. Sala estima asimismo que el presidente que admitiera este tipo de renuncias tampoco incurriría en responsabilidad legal alguna, máxime habida cuenta de que se trataría de una decisión para facilitar el cumplimiento de la propia Constitución, que establece que el Consejo General del Poder Judicial tiene que renovarse cada cinco años, un mandato que no es disponible, a voluntad del destinatario.

El expresidente del Poder Judicial considera que hace ya mucho tiempo que hubieran tenido que ponerse en práctica las medidas oportunas para conducir a una renovación del Consejo. “Al cumplirse un año sin renovación ya hubieran tenido que ponerse en práctica las medidas necesarias para desbloquear la situación. Yo no quiero desautorizar al actual Consejo. Yo no he querido ni quiero intervenir, claro está. En el Consejo ya saben lo que pasó en la renovación del 96. No se puede demorar al doble de su mandato un órgano constitucional. Las renuncias hubieran podido potenciar la renovación. Pero también hay que tener en cuenta que nadie puede obligar a los vocales a dejar su puesto, esto también es importante”.

Para Pascual Sala, lo más relevante es en todo caso tomar en consideración que una salida así de la crisis que atraviesa el Poder Judicial es legítima y tiene el precedente exitoso del episodio que él mismo y los vocales del Consejo que presidió decidieron poner en marcha. “Entonces el retraso de la renovación fue sólo de unos meses, y en circunstancias especiales, porque había habido un proceso electoral en medio. Imaginémonos si estaría justificado y tendría sentido ahora, con cuatro años y cuatro meses de retraso en la renovación”. Una vez tomado el acuerdo y obtenida la situación de hecho que desbloqueaba el Consejo “no me consta que nadie sufriera consecuencia alguna en sus intereses ni protestó en absoluto por las decisiones tomadas”. Las Cortes tomaron nota de lo sucedido y hubo acuerdo “entre el PP, que había ganado las elecciones, y el PSOE para renovar el Consejo”.