El Tribunal Constitucional polaco es el paradigma del enfrentamiento jurídico entre Varsovia y la Unión Europea. Sus miembros, denuncian los críticos, no solo están politizados, sino que en algún caso han sido enviados al cargo directamente desde los escaños de la coalición ultraconservadora en el poder. Sus sentencias han desafiado los pilares básicos de la UE al proclamar la supremacía del derecho nacional sobre los tratados y han arrinconado los valores europeos al reducir prácticamente a la nada los derechos reproductivos de las mujeres, por ejemplo. Ahora, en una paradójica pirueta política, la ley que ha aprobado el Parlamento polaco para supuestamente enderezar el Estado de derecho y conseguir desbloquear así los 35.400 millones de euros del plan europeo de recuperación por la pandemia está en manos de este tribunal. Una fuerte fractura interna con la rebelión de seis jueces atasca, en pleno año electoral, la reforma concebida para solucionar la crisis con Bruselas.

Los cambios legislativos atañen al Tribunal Supremo y pretenden responder a los compromisos acordados con la Comisión Europea en una serie de hitos para mejorar, entre otros asuntos, la independencia judicial. Después de años de choques con Bruselas, Polonia cedía en su pugna en un contexto marcado por la guerra de Rusia en Ucrania, que ha impulsado el perfil de Varsovia como uno de los líderes en el apoyo al país invadido. Con signos de desaceleración económica, una inflación disparada que en enero llegó al 17,2% y elecciones previstas en otoño con las encuestas a la baja, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS) necesita los fondos europeos más que nunca y los veía ya al alcance la mano, como un éxito para vender en campaña.

El texto legal superó los trámites parlamentarios en la segunda semana de febrero pese a la oposición interna de Solidarna Polska, el socio minoritario y euroescéptico del Gobierno, y gracias a la abstención de la oposición, que a toda costa quería evitar ser representada como la culpable de que los millones de Bruselas no llegasen. Solo faltaba el trámite final: la firma del presidente, Andrzej Duda. En su lugar, el jefe de Estado sorprendió a todos al enviar la ley al Tribunal Constitucional para su examen.

“En Polonia nos referimos a él como ‘el llamado Tribunal Constitucional’, porque ya no tenemos uno real”, critica Bogdan Klich, senador de Plataforma Cívica, el principal partido de la oposición. “Este organismo se ha llenado de personas que no son independientes; son políticos en activo que introducen la línea del partido gubernamental en sus decisiones”, acusa el también exministro de Defensa. Tomasz Sieniow, profesor de Derecho de la Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin, opina que la decisión de Duda pone al tribunal “en una situación peculiar”. “Es difícil imaginar que pueda decidir sobre la ley del Tribunal Supremo, que debe cumplir con los fundamentos de la UE, el mismo tribunal que desde el principio ha permitido que se violen”, señala en la sala de juntas del Instituto Estado de Derecho, que preside. El 15 de febrero, la Comisión Europea denunció a Polonia por las sentencias del Constitucional que priman el derecho nacional sobre el europeo.

Amplio rechazo a la reforma

En realidad, a este experto la nueva ley del Supremo no le gusta, como a casi nadie en el sector judicial. Y cree que tampoco cumple con las exigencias de la Comisión Europea. La nueva norma busca soluciones alternativas a la Sala Disciplinaria del Supremo, encargada del régimen sancionador a los jueces, cuya actividad le cuesta un millón de euros de multa a Polonia al día por vulnerar la independencia judicial. En verano, bajo el auspicio de Duda, se aprobó la creación de una nueva cámara de responsabilidad profesional en el Supremo, un tribunal muy politizado. La solución no convenció a Bruselas y en la última reforma, Varsovia propone llevar los casos disciplinarios al Tribunal Supremo Administrativo. Comparado con el Supremo, este tiene menos presencia de neojueces, los magistrados considerados ilegítimos por los de siempre porque han sido nombrados o ascendidos por el nuevo Consejo Nacional Judicial (CNJ), el órgano de gobierno del poder judicial, cuyos miembros antes eran elegidos entre la judicatura y ahora, por políticos. La norma también permite, como exige Bruselas, que los magistrados puedan cuestionar el estatus de estos neojueces sin que esto sea motivo de sanción.

Que el Supremo Administrativo se ocupe de los casos disciplinarios de los jueces “es como si se lo encargasen a los árbitros de fútbol”, opina Dariusz Mazur, portavoz de la asociación de jueces Themis. “Está fuera de sus competencias constitucionales”, explica el juez en la estación central de Varsovia, antes de tomar un tren de vuelta a Cracovia. Además, la abogada y promotora, junto a tres compañeros, de la fundación Free Courts, Paulina Kieszkowska-Knapik, cree que el movimiento “paralizaría completamente el Tribunal Supremo Administrativo, el único que controla la acción del Gobierno”.

La idea de que el presidente se ha tomado como un asunto personal que el Gobierno envíe una propuesta distinta a la que él avaló en verano y que se puedan cuestionar los nombramientos de jueces, que llevan su firma, se repite en todas las conversaciones. Mazur considera “diabólico” que Duda haya dejado en manos del Constitucional la reforma, porque ahora mismo significa dejarla en un limbo sin asumir la responsabilidad. Los miembros del Constitucional están inmersos en una fuerte disputa interna. Un grupo de seis de los 15 magistrados que lo componen, considerados cercanos al ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, defienden que el mandato de la presidenta, Julia Przylebska, ha terminado y la consideran ilegítima. Ella, que tiene el apoyo del PiS y de la mayoría del tribunal, lo rebate y asegura que se mantendrá en su puesto hasta 2024. Para revisar el caso se necesitan 11 miembros, pero los rebeldes se niegan a sentarte hasta que la presidenta renuncie.

Estos enfrentamientos son reflejo de la brecha que divide también a los socios de coalición, que comienzan a negociar listas electorales. Por un lado, está el mayoritario PiS, que ha liderado los cambios en el Supremo y la negociación con la UE, y por otro, Solidarna Polska, de Ziobro, arquitecto de la reforma judicial iniciada tras la llegada al poder en 2015 y origen de los enfrentamientos con Bruselas. Está por ver hasta dónde son capaces de aguantar el desafío los seis díscolos, bajo presión del PiS.

Existen serias dudas de que los fondos europeos lleguen antes de las elecciones. Si el tribunal superase sus diferencias, tardaría al menos dos o tres meses en tomar una decisión, según los expertos, y después la ley y su implementación tendrían que ser examinadas por Bruselas. Anna Wojcik, investigadora del Instituto de Estudios Jurídicos de la Academia Polaca de las Ciencias, opina que “lo más racional y rápido sería adoptar una nueva ley, porque el Constitucional no va a considerar la moción”. En un café en la orilla este del Vístula, cree que el país debe aprender de los muchos errores cometidos “y emerger con un sistema judicial más fuerte y mejor”.

Kieszkowska-Knapik explica que la asociación de jueces Iustitia tiene una reforma judicial alternativa que se podría implementar en seis meses, “de forma muy higiénica” y que crearía un CNJ “en condiciones” con un sistema transparente para el nombramiento de jueces. Abogan, además, por revisar la designación o ascensos de los neojueces, que ya son 3.000 de los 10.000 que hay en el país, según sus cálculos. “Tenemos que evitar el caos, pero debemos limpiar las heridas. Si no lo arreglamos, Polonia tendrá un sistema podrido”, lamenta.

“No darán marcha atrás porque sería admitir que se han equivocado”, apunta Sieniow, que no cree que haya avances hasta que se forme una nueva coalición de gobierno y se alcance un acuerdo. En una entrevista con CNN el pasado 9 de marzo, Duda aseguró que el conflicto con Bruselas es político y que “el principal problema es que la Comisión Europea viola la ley europea en detrimento de Polonia”. El presidente, que en teoría ensaya una posición independiente para continuar su carrera cuando termine su mandato, acusó a “representantes de las instituciones europeas, el campo de la izquierda liberal” de intentar “influenciar el resultado de las elecciones” y de querer “desbancar a las autoridades polacas al no darles este dinero”. La nota de prensa oficial que recoge la entrevista no menciona que la reforma con la que el Gobierno esperaba desbloquear los fondos está enredada en la maraña del tribunal al que él mismo la envió.

Alberto Núñez Feijóo puso en bandeja a Vox el juego de palabras al elegir dónde iba a pasar la mañana del martes mientras el Congreso debatía la moción de censura presentada por los ultras. El líder del PP se fue a la Embajada de Suecia en Madrid mientras trataba de ponerse de perfil ante la iniciativa parlamentaria del partido de Santiago Abascal. Sus competidores en la derecha no tardaron en reprocharle que, mientras su líder defendía a una censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Feijóo estaba “haciéndose el sueco e hinchándose a canapés” en la legación diplomática del país escandinavo. El político gallego quería pasar desapercibido y guardó silencio durante toda la jornada, pero su nombre resonó una y otra vez en el Parlamento, sobre todo citado por el líder de Vox, que puso las cartas sobre la mesa. Ante los intentos del PP de desmarcarse de la moción de censura y de la extrema derecha, Abascal recordó a Feijóo que lo necesitará como socio, según el escenario que dibujan todas las encuestas. “Entendámonos mañana para ofrecer a los españoles una alternativa sólida”, exhortó el líder de los ultras al silente presidente del PP.

En principio y salvo sorpresa, la apelación de Abascal a Feijóo para pactar un Gobierno conjunto quedará sin respuesta. La portavoz popular, Cuca Gamarra, no prevé contestarla este miércoles en el debate, según fuentes de Génova, que argumentan que tampoco es necesario un desmarque ideológico de Vox, a pesar de las críticas del presidente del Gobierno al PP por lo que entiende como condescendencia de los populares con la extrema derecha. La cúpula del PP asegura que no le preocupan esas invectivas porque no calan. Y, a diferencia del beligerante discurso de Pablo Casado contra Abascal en la anterior moción de censura de Vox―del que se acordaron el martes el líder de Vox y Pedro Sánchez―, Gamarra se limitará a cargar contra el Gobierno y contra el instrumento elegido por los ultras. Será crítica con la forma elegida por la extrema derecha, pero no con el fondo. “Esta no es nuestra fiesta”, arguyen en el PP.

Feijóo eligió la incomparecencia en la moción, según la tesis de que “cuando el rival se equivoca, no hay que buscar el foco”, esgrimen en su equipo. Es la estrategia del PP en las últimas semanas, ni siquiera específica para la iniciativa de Vox: Feijóo está de perfil bajo, ya sea en época de turbulencias para el Gobierno o ante el debate propiciado por la extrema derecha, también tratando de evitar los errores que lastraron su imagen en su salto a la política nacional. A lo Mariano Rajoy.

El PP cree que la moción de censura va a desgastar a Vox, pero no mucho, porque en Génova saben que los ultras tienen un suelo electoral sólido, de en torno a entre un 12% o un 15% de intención de voto. En cambio, en el partido de Feijóo reconocen que la iniciativa favorece a Pedro Sánchez. “La moción es una cortina de humo, al Gobierno le ha venido muy bien”, admiten fuentes populares. “Qué desastre de moción, menuda plataforma le han dado a Sánchez gratuitamente”, se lamentaba un dirigente. “Tamames no es un candidato de verdad, no es creíble. Su discurso fue una conferencia… cualquiera que lo viera no entendía qué pintaba allí”.

La dirección de Feijóo quiso desmarcarse del “lío entre el PSOE y Vox” y acusó a ambos partidos de forma equidistante de la moción de censura auspiciada por la extrema derecha. “Los problemas que tienen los españoles requieren una altura de miras y una generosidad que se aleja mucho de los intereses partidistas que han motivado la celebración de esta moción por parte de quien la ha presentado y de quien la ha alentado: Vox y PSOE; dos partidos que se necesitan ante la pujanza demoscópica de un PP que gana votos a derecha e izquierda”, esgrimieron fuentes oficiales del PP. Sin embargo, Abascal recordó a Feijóo que la fiesta también va con él, a pesar de su intento de hacerse el sueco.

Horas después de que las autoridades suizas presionaran a Credit Suisse para que se fusionara con su rival local UBS, los líderes de CS enviaron un correo electrónico al personal. No se preocupe, los bonos y aumentos previamente programados seguirán adelante, escribieron el presidente Axel Lehmann y el director ejecutivo Ulrich Körner.

Esto se suma a la noticia de que el director ejecutivo de Silicon Valley Bank, Greg Becker, vendió casi 30 millones de dólares en acciones en los últimos dos años, incluida una porción de 3,6 millones de dólares solo unos días antes de que el banco provocara una corrida de depósitos al revelar grandes pérdidas en la venta de valores. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos tuvo que rescatar al prestamista de California.

Cue la indignación habitual. El presidente Joe Biden y los miembros del Congreso de ambos partidos se apresuraron a proponer una legislación que facilitaría la recuperación de bonos o ganancias de la venta de acciones de los ejecutivos de bancos fallidos de todos los tamaños y prohibirlos en la industria. “Nadie está por encima de la ley, y fortalecer la rendición de cuentas es un elemento disuasorio importante para evitar la mala gestión en el futuro”, dijo Biden.

Pero la rendición de cuentas es mucho más fácil de exigir que de cumplir. Después de la crisis financiera de 2008, los políticos y los reguladores prometieron reescribir la estructura de incentivos para la banca. Dijeron que ya no sería posible que los ejecutivos aprovecharan las apuestas arriesgadas mientras contaban con que los contribuyentes absorbieran las pérdidas cuando los mercados cambiaran.

Todos estuvieron de acuerdo en que el pago debe vincularse más estrechamente con los resultados a largo plazo a través de períodos diferidos y recuperaciones si las pérdidas se desarrollan más adelante. La ley de reforma Dodd-Frank de 2010 instruyó a los reguladores de EE. UU. a elaborar reglas formales a tal efecto, y la UE las incorporó a sus leyes junto con un tope de bonificación.

Sin embargo, los escándalos continuaron. Una docena de prestamistas globales se vieron envueltos en la manipulación de tasas de Libor y tipos de cambio en la década de 2010. Wells Fargo desembolsó miles de millones en multas por objetivos de ventas agresivos que llevaron a los empleados a abrir millones de cuentas falsas. Y JPMorgan Chase está luchando contra los reclamos de mujeres que alegan que el banco se «benefició» del tráfico sexual del delincuente convicto Jeffrey Epstein.

Sin embargo, las condiciones financieras benignas hicieron posible creer que los cambios en los pagos y la rendición de cuentas habían hecho que los bancos fueran más seguros, si no más agradables o culturalmente mejorados. Ahora lo sabemos mejor.

Los ejecutivos de SVB fueron advertidos hace más de un año por sus propios consultores y supervisores en la Reserva Federal de San Francisco sobre la incapacidad del banco para monitorear y administrar los riesgos de tasa de interés en su cartera de valores. Sin embargo, socavó fatalmente la confianza de los depositantes e inversores al acumular grandes pérdidas en esas tenencias a medida que subían las tasas. Credit Suisse hizo una serie de malas decisiones sobre tratos riesgosos con Archegos y Greensill Capital, y perturbó aún más al mercado la semana pasada al admitir «debilidades materiales» en sus controles financieros.

Ese banco incorporó tanto aplazamientos como recuperaciones en sus planes de pago, y las autoridades suizas dijeron el martes que habían bloqueado a CS para que no pagara los 1.250 millones de francos suizos en pago diferido que ya figuraba en sus libros. Pero no llegaron a bloquear los bonos en efectivo de este año, para “evitar afectar a los empleados que no causaron la crisis”.

Pero EE. UU. nunca terminó de escribir esas reglas sobre salarios y responsabilidad. Se presentaron dos borradores diferentes, uno en 2011 y otro en 2016, pero no se finalizaron, en parte porque hubo profundos desacuerdos sobre la mejor manera de hacerlos funcionar.

Dennis Kelleher, del grupo de consumidores Better Markets, argumenta que las reglas de pago no pueden hacer mucho y que las autoridades deberían hacer más uso de sus poderes criminales cuando supervisan el sector: “Pon a un par de ellos en la cárcel y te sorprenderán mucho el cumplimiento que obtienes”.

Pero los fiscales en gran medida no han podido presentar cargos que se mantengan, particularmente contra la alta gerencia. Los directores ejecutivos rara vez envían correos electrónicos sobre decisiones operativas específicas. El Reino Unido jugó con revertir la carga de la prueba para los gerentes bancarios sénior y exigirles que demuestren que no habían causado una infracción regulatoria, pero abandonaron la idea en 2015.

Casi ocho años después de que se hiciera público el mal comportamiento de Wells Fargo, los fiscales estadounidenses presentaron su primer procesamiento. Carrie Tolstedt, alguna vez jefa de banca minorista, accedió a declararse culpable la semana pasada de obstruir un examen bancario al dejar estadísticas sobre despidos de empleados en un memorando de 2015. Nadie ha sido acusado por los objetivos de ventas de alta presión que llevaron a los empleados a portarse mal en primer lugar.

A pesar de toda la tormentosa retórica sobre la rendición de cuentas ahora, es probable que la realidad sea algo diferente. Cuantos más prestamistas se tambalean, más fácil es para sus líderes afirmar que nadie podría haber esperado los problemas, y más difícil es probar negligencia criminal.

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