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Sánchez Gordillo se va, Marinaleda se queda igual

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Antonio Martín, vecino del pueblo de Marinaleda en la puerta del Sindicato de Obreros del Campo en la localidad sevillana.Alejandro Ruesga

Con una felpa sujetando su melena blanca, Antonio Martín, de 57 años, cuenta que en su primera huelga de hambre tenía 13 años. Estaba en el colegio y no comió durante dos días. “Qué duro fue”, recuerda. Aquello sucedió a principios de los años 80, cuando el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo (PSOE), impulsaba la reforma agraria. De aquel entonces es cuando tiene recuerdos de las ocupaciones de la finca El Humoso, propiedad del duque del Infantado y cuyas tierras reclamaron los vecinos de Marinaleda (Sevilla, 2.577 habitantes en la actualidad) para trabajarlas. Todas aquellas reivindicaciones estaban lideradas por quien ha sido el único alcalde en democracia del municipio, Juan Manuel Sánchez Gordillo, de 74 años, al que Martín, de la saga familiar de los Camilos, siempre ha votado. No podrá hacerlo en mayo porque el regidor ha renunciado a volver a presentar su candidatura. “Lo vamos a echar de menos”, dice en la puerta del Sindicato de Obreros del Campo, epicentro de la actividad política local y en cuya entrada se puede leer “otro mundo es posible”.

Marinaleda es un pequeño municipio ubicado en el corazón de Andalucía donde todos los vecinos se dan los buenos días al cruzarse por la calle. Su economía depende de la agricultura casi en su totalidad. Sobre todo del olivar, pero también se cultivan donde crecen cereales, habas y alcachofas en las llamadas tierras de calma. Este viernes la localidad amaneció gris, con nubes bajas que reflejaban el desconcierto entre sus vecinos, incrédulos ante la decisión de Sánchez Gordillo. “Hasta que no lo escuche de su boca no me lo creo”, contaba Mariano Prados, de 53 años, desde la barra de la sede del sindicato, también casa de la cultura. Un grupo de jubilados jugaba en su interior a las cartas y, fuera, otros se calentaban alrededor de una estufa donde ardían troncos de olivo. “Yo lo he votado siempre”, insistía Prados. “Y si se presenta 20 años más, lo sigo votando”, añadía una de las camareras del bar Enrique, a pocos metros de allí. Recelosa por el trato que la prensa ha dado al municipio y al regidor, no quería dar su nombre. “Es que han machacado mucho a él y al pueblo. Y si digo algo, luego os inventáis otras cosas y ponéis lo que os digan los peces gordos”, denuncia.

El grupo musical sevillano Reincidentes cantaba de Marinaleda, “que allí le echaron dos cojones, que atacaron a la burguesía, temblaron los caciques en el pueblo que murieron en lenta agonía”. El municipio está envuelto en la mística de la lucha jornalera, impulsada por Sánchez Gordillo desde su llegada a la alcaldía en 1979 —también fue diputado en el parlamento andaluz durante 12 años—. Ha colocado a la localidad en el mapa con sus reivindicaciones y okupaciones. Su habitual barba poblada y el pañuelo palestino al cuello forman parte ya del imaginario colectivo. También sus camisetas con la bandera de Andalucía representada con una estrella roja en el centro, símbolo nacionalista andaluz. Está pintada en muchos muros junto a los colores rojo, amarillo y lila de la República, o al morado del feminismo.

“Guerra social contra el capital”, se lee en las paredes exteriores del estadio municipal de fútbol. A su lado, el pabellón cubierto ofrece un enorme mural con el rostro del Che Guevara, uno de los líderes más célebres de la Revolución Cubana. Se ve desde la casa del propio alcalde, donde en la mañana de este viernes nadie respondía a la puerta. En el Ayuntamiento —en cuya puerta ondean las banderas del Sáhara Occidental y de Palestina— aseguran que sigue ejerciendo la gestión municipal, pero que su delicada situación le impide dar más de sí. Sufrió un ictus en 2019 que le dejó la mitad derecha del cuerpo con cierta parálisis. Solo la salud lo ha apartado de la política. “Siempre ha luchado por los trabajadores. No quiere al capitalismo y siempre nos defendió”, decía Antonio Reyes, de 56 años, trabajador municipal, mientras araba unos arriates. “Ha hecho muchas cosas buenas”, subrayaba.

Una trabajadora en la finca El Humoso, expropiada en 1991, y gestionada en la actualidad por la Sociedad Cooperativa Andaluza Marinaleda, que engloba a las ocho cooperativas originales del pueblo.
Una trabajadora en la finca El Humoso, expropiada en 1991, y gestionada en la actualidad por la Sociedad Cooperativa Andaluza Marinaleda, que engloba a las ocho cooperativas originales del pueblo.Alejandro Ruesga

Es difícil traducir estas palabras en cifras. Pero el paro ha rondado el 6% o 7% durante la última década, y hoy apenas 116 personas están sin empleo, según los datos del Ministerio de Trabajo. Hay, sin embargo, dos aspectos que los residentes destacan. A un lado, la vivienda. Desde 1982 el Ayuntamiento ha impulsado 239 viviendas de autoconstrucción, según los datos de un artículo publicado en 2020 firmado por el profesor de la Universidad de Sevilla José Candón-Mena y la arquitecta municipal, Pepa Domínguez-Jaime. Los propios habitantes ejercen de peones en cuadrillas pagadas por el municipio y las casas rondan los 20.000 euros de precio, además de un alquiler mensual de 15 euros. Al otro, la cooperativa. Los trabajadores consiguieron que en 1991 el Gobierno andaluz, entonces del PSOE, expropiase la finca El Humoso y la cediera a ocho cooperativas.

Sus 1.200 hectáreas estaban baldías y hoy suponen un negocio anual de unos seis millones de euros gracias al aceite y las conservas de habas, alcachofas, habas y pimientos. “Este cortijo es para los jornaleros en paro de Marinaleda”, se lee en su entrada. El Ayuntamiento lleva años trabajando para que estas tierras sean municipales sin pagar por ellas, pero la Junta de Andalucía quiere recuperarlas para venderlas y el caso está en los tribunales. La Sociedad Cooperativa Andaluza Marinaleda, que engloba a las ocho cooperativas originales, es la entidad que las gestiona mientras se resuelve el litigio. Es el pulmón económico y social del pueblo. Aporta unos 60 trabajadores fijos, que llegan a 400 con los temporeros que se unen a las distintas campañas. Una veintena de personas recogía este viernes alcachofas. Entre ellas Mari Carmen, vecina que no entendía que se haya publicado la renuncia de Sánchez Gordillo. “Es él quien debe decidirlo y decirlo”, se quejaba. El regidor ya lo hizo en 2014 y después se desdijo.

“Yo siempre presumo de Marinaleda. Tiene más ventajas que desventajas, pero creo que es necesario renovar”, apuntaba Alicia, de 40 años, que solo ha visto a Sánchez Gordillo como alcalde. La marinaleña cree que “Sergio lo va a hacer muy bien”. Y se refiere a Sergio Gómez, segundo teniente de alcalde y maestro de instituto, al que todos apuntan como sucesor —aunque el partido no da nada por oficial— y próximo regidor. Este periódico ha intentado contactar con Gómez en varias ocasiones, sin éxito. Tampoco es fácil encontrar a disidentes que rechacen el legado de Sánchez Gordillo. Muchos de quienes lo hacen, prefieren callar.

Pero no todos se mantienen en silencio sobre la gestión del pueblo en estas décadas. Los integrantes de Avanza, formación que surgió por un grupo de vecinos “cansados de cómo se estaba gobernando” sí que hablan. En 2019 estuvieron a solo 44 votos de conseguir la alcaldía, como recuerda su portavoz, Cristina Martín, que se define como una persona de izquierdas (militó en Izquierda Unida) y participante de la lucha jornalera. Tras volver a vencer, Gordillo dijo: “Las viviendas primeras serán para aquella gente que más dio la cara por este proyecto. El que no de la cara no va a tener recompensa, va a ser destinado a las tinieblas si hace falta”. Este es el tipo de discursos con el que es muy crítica Martín. “Ahí está el problema. Debe gobernar para todos, y no solo para una parte”, argumenta, mientras muestra total incertidumbre sobre qué pasará en las próximas elecciones. Las primeras sin el alcalde eterno de Marinaleda.

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Bitcoin cae por debajo de $ 28K cuando Binance anunció suspensión temporal de comercio al contado

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El intercambio de criptomonedas más grande del mundo anunció la suspensión temporal del comercio al contado debido a un error.

Aunque el equipo dijo que están trabajando para resolver el problema, el precio de bitcoin se redujo inmediatamente en casi mil dólares.

  • Binance lo llevó a Twitter para describir los problemas de la plataforma, que afectaron las funciones de comercio al contado. La compañía dijo que suspendió ese comercio mientras trabajaba en una solución.
  • Una actualización del CEO Changpeng Zhao (CZ) arrojó más luz sobre la naturaleza potencial del problema.
  • A pesar de las garantías del equipo de Binance de que están trabajando para resolver esto, BTC y el resto del mercado de criptomonedas reaccionaron con caídas de precios inmediatas.
  • Los activos digitales más grandes cayeron $ 700 a $ 27,500. Ethereum cayó de más de $1800 a $1750 en minutos.
  • OKX, otro gigante de las criptomonedas, sufrió recientemente una interrupción similar, relacionada con algunos de sus servidores.



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El hijo de Obiang introdujo en España 800.000 euros en billetes con la ayuda de un colaborador

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Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia de Guinea Ecuatorial, investigado por la Audiencia Nacional por el secuestro y torturas a cuatro opositores al régimen de su padre, Teodoro Obiang Nguema, utilizó a una persona de su confianza para introducir en España 793.000 euros en billetes de 200, según refleja un informe confidencial del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la unidad de inteligencia financiera dependiente de la Secretaría de Estado de Economía. Asimismo, Carmelo Ovono Obiang recibió transferencias desde un banco guineano por 300.000 euros. En solo diez meses movió 1.100.000 euros, cuyo origen se desconoce.

El abogado ecuatoguineano Erik Mercader Penda ingresó por la frontera española en cuatro viajes diferentes, todos ellos procedente de Malabo, bolsas con voluminosos paquetes con centenares de billetes de 200 euros. El viajero declaró en los controles del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas que el propietario del dinero era Carmelo Ovono Obiang, de 44 años, jefe del servicio secreto en el Exterior e hijo del dictador, según refleja el informe del Sepblac al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los ingresos declarados se produjeron en un periodo de diez meses, entre el 22 de julio de 2021 y el 27 de mayo de 2022. Y en todos los casos el portador de las bolsas cargadas de dinero en efectivo fue Mercader, un letrado que en ocasiones ha ostentado alguna responsabilidad en diversos organismos del régimen.

Cuatro viajes

En su primer viaje, Mercader declaró 300.000 euros en efectivo. Afirmó que el dinero procedía de “rentas de capital (dividendos, ganancias de inversiones, intereses y seguros)” de Ovono Obiang y añadió que su destino era el pago de una hipoteca en España del alto funcionario de Guinea Ecuatorial. En el segundo viaje, el 16 de diciembre de 2021, el viajero llegó a Madrid procedente de Duala (Camerún) cargado con otros 200.000 euros en billetes. Justificó la procedencia del efectivo como “rentas laborales (salarios, pensiones e ingresos procedentes del emprendimiento)”. Y, sobre su uso, adujo la devolución de un préstamo. En su tercer viaje, Mercader entró el 1 de abril de 2022 con 209.000 euros procedentes supuestamente de “rentas de capital” y esgrimió que se destinarían a la compra de inmuebles. La última entrada del abogado con dinero en efectivo de Carmelo Ovono Obiang fue cuatro semanas después. Entonces declaró 84.000 euros procedentes de “venta de propiedades inmobiliarias” y dijo que estaban destinados a la devolución de un préstamo.

Los ingresos en efectivo de estos 793.000 euros en las cuentas que el hijo del dictador tiene en el BBVA provocaron que este banco bloqueara una de ellas ante la sospecha de un posible delito de blanqueo de capitales. El banco tomó esta iniciativa meses antes de que este periódico desvelara que el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, investigaba por secuestro y torturas a Ovono Obiang, junto con el ministro de Estado, Nicolás Obama Nchama, responsable de la seguridad Interior, e Isaac Nguema Endo, director general de la Seguridad.

Transferencias y compra de casas

El departamento de Cumplimiento del banco advirtió que el hijo del dictador ostentaba la condición de PEP (Persona Políticamente Expuesta, en la jerga bancaria) y sonaron todas las alarmas cuando se observaron los constantes ingresos sin justificar de importantes cantidades en billetes de 200 y 500 euros. Ovono Obiang tiene cinco cuentas en BBVA que en la actualidad disponen únicamente de 19.492 euros, según la investigación judicial.

El informe del Sepblac destaca, asimismo, cuatro transferencias procedentes de Guinea Ecuatorial ordenadas por Ovono Obiang por importe de 300.000 euros. Desde la cuenta a nombre de la sociedad Dereck Edita y Hermanos S.L., de la que es administrador, se abonaron 185.000 euros para la compra de un apartamento en Marbella, en febrero de 2022 y, dos meses después, otros 400.000 para la adquisición de una vivienda en Madrid. Asimismo, se amortizaron 70.000 euros de la hipoteca de otra casa en Barcelona que el hijo del autócrata compró por 525.000. Y otros 50.000 euros a favor de un concesionario de Mercedes Benz en Madrid.

Carmelo Ovono Obiang, alias Didi, obtuvo la residencia en España en 2020. Está casado con una española y tiene una hija. Vive entre Marbella y Malabo y logró el certificado de residente al acreditar un saldo de 431.378 euros en una de sus cuentas bancarias. Cuatro opositores al régimen presos en Guinea Ecuatorial, dos de ellos españoles, le acusaron de haberlos secuestrado y torturado. Uno de ellos, Julio Obama, de 61 años, falleció el pasado 15 de enero en circunstancias no aclaradas. El juez, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Parlamento Europeo han pedido sin éxito la repatriación de su cadáver. Carmelo Ovono Obiang está citado a declarar por videoconferencia ante el juez el próximo día 28.

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Francia pospone la visita de Estado del rey Carlos mientras se intensifican las protestas por las pensiones

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Francia y el Reino Unido pospusieron la visita de estado altamente simbólica del rey Carlos III, que debía comenzar el domingo, debido al creciente movimiento de protesta contra el plan del presidente Emmanuel Macron de elevar la edad de jubilación.

El Palacio del Elíseo dijo que Macron y el Rey habían hablado por teléfono sobre la visita que debía realizarse del domingo al miércoles e incluiría una cena ornamentada en el Palacio de Versalles y un viaje a Burdeos.

“La visita se reprogramará lo antes posible”, dijo el Elíseo.

El Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la realeza británica, confirmó que la visita del Rey y su esposa Camila, la reina consorte, había sido “aplazada”. “Sus majestades esperan con ansias la oportunidad de visitar Francia tan pronto como se puedan encontrar fechas”, dijo el palacio.

Se espera que la segunda etapa del viaje planeado, una visita a Alemania, continúe.

La oficina del primer ministro del Reino Unido dijo: «Esta decisión se tomó con el consentimiento de todas las partes después de que el presidente de Francia pidiera al gobierno británico que pospusiera la visita».

En Francia, los sindicatos han convocado otro día nacional de marchas el martes. Funcionarios franceses y británicos habían estado considerando en los últimos días cambios en la logística y los detalles de la visita para salvar lo que se suponía que sería el primer viaje al extranjero del rey Carlos como monarca y simbolizar el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países después de años de tensiones relacionadas con el Brexit.

Pero las escenas caóticas en París y otros lugares los llevaron a retrasar la visita el jueves después de que los sindicatos realizaron manifestaciones que atrajeron a más de 1 millón de personas.

Solo unos días antes de que el Rey visitara la ciudad de Burdeos, en el suroeste del país, personas no identificadas prendieron fuego a las puertas de madera del ayuntamiento el jueves, en una imagen sorprendente del borde violento de algunas de las protestas.

El rey también tenía previsto cenar en el ornamentado Salón de los Espejos de Versalles y asistir a un desfile en los Campos Elíseos con 140 guardias republicanos montados a caballo.

Descartar la visita del Rey es un revés para Macron, quien ha apostado sus credenciales reformistas en su segundo mandato para aumentar la edad de jubilación.

Ha argumentado durante mucho tiempo que la reforma de las pensiones era necesaria para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones de Francia a medida que la población envejece. Si se finaliza, el plan elevará la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y requerirá que las personas trabajen durante 43 años para recibir una pensión completa.

El jueves, más de 1 millón de personas protestaron en toda Francia en manifestaciones que fueron en gran parte pacíficas hasta el anochecer, cuando pequeños grupos se enfrentaron con la policía e incendiaron las toneladas de basura acumulada debido a las huelgas.

Solo en París se iniciaron alrededor de 900 incendios y se realizaron 457 arrestos a nivel nacional, según el Ministerio del Interior.

El movimiento de protesta se ha vuelto más impredecible desde que el gobierno de Macron decidió este mes aprobar la ley de pensiones sin una votación parlamentaria, utilizando la cláusula 49.3 de la constitución francesa. El gobierno sobrevivió a los votos de censura el lunes después de esa decisión, pero la ira pública ha seguido creciendo.

Los sindicatos, que han controlado en gran medida las protestas en todo el país desde enero, ahora están luchando para controlar a los activistas más radicales, incluido un pequeño grupo de anarquistas y matones conocidos como casseurs en francés que a menudo se unen a las grandes protestas.

El alcalde de Burdeos, Pierre Hurmic, expresó «dolor, conmoción e indignación» por el enorme incendio que envolvió las puertas de madera del Palais Rohan del siglo XVIII que alberga el ayuntamiento.

Cuando se le preguntó antes del retraso de la visita del rey Carlos si el monarca aún debería venir a Burdeos, dijo que cancelar equivaldría a entregar una victoria a los «matones» y que ya se habían realizado cambios en el itinerario para garantizar la seguridad.

“La ciudad de Burdeos todavía está lista y motivada para acoger la visita del Rey de Inglaterra”, dijo en la televisión France Info.

Francia había estado planeando desplegar 4.000 policías para asegurar la visita del Rey.

Sin embargo, los opositores políticos de Macron habían criticado la visita y su simbolismo. “Increíble: vamos a tener a Macron, el monarca republicano, dando la bienvenida a Carlos III, bajando por los Campos Elíseos, y van a ir a cenar a Versalles mientras la gente protesta en las calles”, dijo Sandrine Rousseau, miembro del parlamento por el Partido Verde, en BFM TV.

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