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Teherán arresta a iraníes con nacionalidad británica y reitera que hay conspiración extranjera en las protestas

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha aludido de nuevo este lunes a la tesis de la conspiración extranjera como origen de las protestas que ya duran más de tres meses en Irán, después de que este domingo la Guardia Revolucionaria detuviera a siete personas, según un comunicado divulgado por los medios de la propaganda oficial. Entre ellas, hay un número no precisado de ciudadanos con doble nacionalidad iraní y británica. Al ser interrogado por un periodista sobre esas detenciones, el portavoz del Ministerio, Nasser Kanaani, ha asegurado que Londres desempeña un “papel destructivo” en la actual oleada de descontento popular, cuya mecha fue la muerte bajo custodia policial, el 16 de septiembre, de la joven de 22 años Mahsa Amini, detenida por dejar ver parte de su cabello bajo el velo.

“Algunos países, especialmente el que usted ha mencionado [Reino Unido], han desempeñado un papel poco constructivo en los recientes acontecimientos en Irán. Su papel ha sido totalmente destructivo e incitado los disturbios”, criticó Kanaani. Este portavoz se limitó luego a anunciar que Teherán ha notificado su situación y “comunicado sus delitos” a los respectivos gobiernos de los detenidos -no aclaró si hay personas de otras nacionalidades en el grupo de siete-.

En el comunicado del domingo de la Guardia Revolucionaria —la organización paramilitar cuyo objetivo es proteger al régimen iraní— presentaba a esas siete personas como “líderes principales de las recientes protestas”, se afirmaba que algunos de ellos tenían doble nacionalidad y se aseguraba que habían sido detenidos por los servicios de inteligencia de la fuerza paramilitar cuando trataban de abandonar el país.No han trascendido otros datos sobre quiénes son esos siete iraníes vinculados con el Reino Unido. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha anunciado que está tratando de buscar más información sobre ellos.

Irán mantiene encarcelados a decenas de ciudadanos de la Unión Europea y de otros países occidentales, entre ellos, dos españoles, el madrileño Santiago Sánchez, de 41 años, arrestado el 2 de octubre, y la gallega de 24 años Ana Baneira, cuya detención se conoció el 10 de noviembre.

En octubre pasado, el Center for Human Rights in Iran (CHRI), con sede en Nueva York, cifraba en al menos 20 los occidentales presos en el país, de los que 14 tienen doble nacionalidad, por lo que Teherán no les reconoce la condición de extranjeros ni permite que se les preste asistencia consular. El 30 de septiembre, el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional iraní informó de la detención de otros nueve europeos. La lista del CHRI tampoco incluye a los 40 extranjeros cuyo arresto reveló el 22 de noviembre el portavoz del Poder Judicial de Teherán, sin detallar sus nacionalidades. Los casos conocidos de ciudadanos de la UE afectan a Francia (7), Suecia (5) Alemania (4), Austria (2), España (2), Bélgica (1), Holanda (1) y Polonia (1). Además, hay estadounidenses, canadienses y suizos. También británicos, a los que se suman los detenidos con doble nacionalidad de este domingo.

Fuentes diplomáticas europeas no tienen duda de que las acusaciones contra los europeos detenidos son casi siempre falsas y que se trata de “rehenes con los que Teherán presiona para frenar la imposición de sanciones”; por las violaciones de derechos humanos o por el suministro por parte de Irán de los drones que usa Rusia para atacar Ucrania.

Desde el inicio de unas protestas que los analistas consideran uno de los mayores desafíos, si no el mayor, de la historia de la República Islámica instaurada por el ayatolá Jomeini en 1979, Teherán ha detenido a más occidentales y, sobre todo, reprimido con enorme dureza a su propia población, mientras culpaba a Occidente, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí de orquestar unas protestas en las que las mujeres y los jóvenes están teniendo gran protagonismo. Según la organización iraní de derechos humanos en el exilio, HRANA, hasta el domingo habían muerto 507 manifestantes, entre ellos 69 menores, en las protestas. Esta organización calcula que más de 18.500 manifestantes han sido detenidos.

A la horca con 22 años

Tras las ejecuciones a principios de diciembre de Mohsen Shekari y Majid Reza Rahnavard, ambos de 23 años, este fin de semana se confirmó que otro manifestante, Mohammad Qabadlo, de 22 años, será ejecutado en la horca, condenado por graves delitos de los que él se declara inocente. La semana pasada, los medios oficiales iraníes habían informado de que el Tribunal Supremo del país había aceptado el recurso de este joven y del rapero de origen kurdo Saman Seydi Yasin, conocido por aludir en sus letras a la desigualdad, la opresión y el desempleo. En un comunicado posterior, la agencia de noticias propagandística del poder judicial iraní, Mizan News, precisó que solo se había aceptado la apelación de Yasin, cuyo juicio tendrá que ser repetido.

Mohammad Qabadloo fue acusado de matar a un agente de policía y herir a otros cinco durante las protestas, algo que él niega. Su abogado ha denunciado que ni siquiera pudo entrar en la sala donde se celebraron las audiencias del juicio de su cliente. Según la ONG iraní Iran Human Rights, este joven fue juzgado en primera instancia por un tribunal revolucionario presidido por el juez Abolqasem Salavati, a quien las organizaciones de derechos humanos iraníes llaman “el juez de la horca” por la cantidad de penas capitales que han salido de su puño y letra. Salavati llegó a condenar a muerte por herejía a un hombre de 37 años, en septiembre de 2014, por definir el mito de Jonás y la ballena, que también recoge el Corán, como “una alegoría”.

Amnistía Internacional ha alertado de que las autoridades iraníes han pedido ya la pena de muerte para al menos otras 26 personas durante lo que la organización califica de “juicios falsos concebidos para intimidar a quienes participan en el levantamiento popular”. Según Amnistía, a todos los condenados a muerte se les ha negado el derecho a una defensa adecuada y el acceso a letrados de su elección. Los grupos de derechos humanos afirman que, en lugar de ello, los acusados tienen que recurrir a abogados de oficio que incluso apoyan las tesis acusatorias de la Fiscalía.



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Estados Unidos lanza ataques aéreos en Siria en respuesta al golpe de un supuesto dron iraní

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Estados Unidos ha lanzado ataques aéreos la madrugada de este viernes en Siria en respuesta a un ataque que atribuye a un dron iraní que ha provocado la muerte de un contratista estadounidense, según ha comunicado el Pentágono. No es la primera vez que Estados Unidos lanza una operación militar contra supuestos milicianos proiraníes en Siria bajo la presidencia de Joe Biden. De hecho, la primera operación militar de su mandato, en febrero de 2021, fue también la respuesta a un supuesto lanzamiento de cohetes iraníes en la región. En junio de ese año y en agosto de 2022 también hubo ataques aéreos estadounidenses por el mismo motivo,

“Siguiendo instrucciones del presidente Biden, he autorizado a las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos a realizar ataques aéreos de precisión esta noche en el este de Siria contra instalaciones utilizadas por grupos afiliados al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (IRGC)”, ha declarado el secretario de Defensa, Lloyd Austin, a través de un comunicado.

Según el Pentágono, un contratista estadounidense ha muerto y cinco militares estadounidenses y otro contratista han resultado heridos después de que un vehículo aéreo no tripulado de un solo uso impactara contra una instalación de mantenimiento de una base cerca de Hasakah, en el noreste de Siria, aproximadamente a las 13:38 hora local. “La comunidad de inteligencia evalúa que el vehículo aéreo no tripulado es de origen iraní”, afirma el Departamento de Defensa.

Washington ha realizado su operación en respuesta al golpe de ese dron iraní. “Los ataques aéreos se llevaron a cabo en respuesta al ataque de hoy, así como una serie de recientes ataques contra las fuerzas de la Coalición en Siria por grupos afiliados a la IRGC”, ha añadido Austin.

El Pentágono asegura que esos ataques de precisión tienen por objeto proteger y defender al personal estadounidense. Estados Unidos califica sus medidas de “proporcionadas y deliberadas destinadas a limitar el riesgo de escalada y minimizar las bajas”.

“Como ha dejado claro el presidente Biden, tomaremos todas las medidas necesarias para defender a nuestro pueblo y responderemos siempre en el momento y lugar que elijamos”, ha declarado el secretario Austin. “Ningún grupo atacará impunemente a nuestras tropas”. “Nuestros pensamientos están con la familia y los compañeros del contratista que resultó muerto y con los que resultaron heridos en el ataque de hoy”, ha añadido.

Dos de los miembros del ejército heridos fueron tratados en el lugar, mientras que otros tres y el contratista estadounidense fueron evacuados por razones médicas a instalaciones médicas de la Coalición en Irak.

Estados Unidos aún mantiene cerca de un millar de soldados y numerosos empleados no militares en Siria para tratar de prevenir un resurgimiento del Estado Islámico. Sufren frecuentes ataques por parte de milicias con lazos con el régimen iraní. Washington considera a Irán la principal amenaza para la seguridad en la región.

Irán es, además, uno de los pocos aliados de Rusia. Le ha facilitado drones con los que Moscú ha ordenado ataques sobre Ucrania que han golpeado objetivos militares e infraestructuras civiles. Irán ha negado ser responsable de estos ataques, aunque países occidentales y expertos han vinculado componentes de los drones a Teherán.

La guerra de Siria comenzó con las protestas de la Primavera Árabe de 2011, que sacudieron Oriente Próximo y derrocaron gobiernos en Egipto, Libia, Túnez y Yemen. Más tarde se transformó en un conflicto regional por poderes en el que Rusia e Irán han respaldado a Bachar el Asad. Naciones Unidas calcula que más de 300.000 civiles han muerto en la guerra. Estas cifras no incluyen a los soldados e insurgentes muertos en el conflicto, cuyo número se estima en decenas de miles.



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72 horas clave para el bloqueo del Poder Judicial: el sector progresista debate si dimite para forzar la renovación

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La posible dimisión de los ocho vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está en el aire, después de la reunión que ayer celebraron en la sede de esta institución cuatro de los integrantes del mencionado bloque, los que en principio podrían tener una actitud más favorable a utilizar esta vía para facilitar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Participaron en el encuentro el presidente suplente del Consejo, Rafael Mozo, y los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y, por videoconferencia, Pilar Sepúlveda. No se tomaron decisiones, salvo la de convocar otra reunión el próximo martes, a la que asistirían en principio los ocho integrantes de este bloque, para seguir analizando la oportunidad y la conveniencia de una renuncia colectiva.

Este primer encuentro fue propuesto por Álvaro Cuesta, quien tras la dimisión de la vocal Concepción Sáez, propuesta en su día por Izquierda Unida, consideró necesario que el grupo progresista en su conjunto se replanteara su continuidad o no en el Consejo, en una situación de progresiva degradación de la institución y dada su actual limitación de competencias, ante la falta de acuerdo para su renovación, pendiente desde hace más de cuatro años. En el propio grupo progresista, sin embargo, hay una pluralidad de opiniones que lleva a estimar difícil que prospere la idea de la renuncia en bloque. De entrada, hay al menos tres vocales que de un modo u otro han hecho llegar su criterio contrario a precipitar decisiones. Son Roser Bach, Mar Cabrejas y Enrique Lucas.

En todo caso, este debate se dará en la reunión del grupo progresista, la tarde del martes, a la que sus ocho integrantes están convocados para tratar de definir una postura “coordinada”, en expresión de Álvaro Cuesta, de cara al pleno del Consejo que tendrá lugar el jueves siguiente, día 30. Este vocal ha pedido al presidente del órgano de gobierno de los jueces que en el orden del día de ese pleno figure un punto consistente en analizar las consecuencias de la marcha de Concepción Sáez y la posibilidad de que su decisión sea seguida por otros miembros del pleno, con objeto de facilitar su renovación.

Ahora bien, en el propio grupo progresista hay quien piensa que, respetando la decisión individual de Sáez, una salida colectiva de ocho vocales como la que se ha propuesto podría equivaler simplemente a dejar en manos de los conservadores la gestión del CGPJ. En las actuales circunstancias los integrantes del Poder Judicial que permanecieran en sus puestos no podrían tomar decisiones de gran relevancia. Sobre todo, no podrían efectuar nombramientos, facultad que el Consejo tiene bloqueada desde hace dos años, al aprobarse la reforma legal que trató de conseguir por esta vía el reinicio de negociaciones para renovar la institución. Pero en el grupo progresista existe el temor de que un Consejo no renovado y en el que solo hubieran quedado los 10 vocales del sector conservador, pudiera recuperar dentro de unos meses, si el PP ganas las elecciones generales, las competencias para efectuar nombramientos, y ya sin necesidad de negociarlos internamente, con lo que podría designar a los candidatos más afines.

En diversos ámbitos del propio Consejo se conceden escasas expectativas al movimiento iniciado para tratar de propiciar una renuncia colectiva de los vocales progresistas. Desde el lado conservador, por otra parte, existe la práctica convicción de que esta iniciativa no llegará a puerto. Es decir, que no va a haber una salida en bloque del otro sector del Poder Judicial. Desde el grupo conservador se considera que la iniciativa, de prosperar, no tendría el efecto deseado de propiciar algún tipo de aproximación entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo. Y tampoco falta quien admite que si los vocales conservadores se quedan solos en el órgano de gobierno de los jueces tratarán de sacarle el máximo partido a las competencias que pudieran seguir ejerciendo.

Las complicaciones, en todo caso, están a la vuelta de la esquina. El 19 de julio se jubila, al cumplir los 72 años, Rafael Mozo. En principio, le sustituiría por razones de edad el vocal del sector conservador Vicente Guilarte, que no es magistrado, sino abogado. En el Consejo se explica que en esa condición no tiene obligación de jubilarse a una edad concreta, como sucede con los magistrados. Y hay quien imagina que un órgano de gobierno de los jueces formado por sólo 10 vocales conservadores y presidido por un jurista de la misma órbita ideológica sin límite de permanencia en el cargo podría dar lugar a un Consejo que no solo doblara, sino que llegara a triplicar el tiempo de su mandato, y lo empleara procediendo a nombramientos del mismo signo. Todos estos cálculos y previsiones —que según un vocal conservador responden a ejercicios de “justicia ficción”— forman parte de las vueltas que los vocales progresistas le están dando a la idea de dimitir en bloque.

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Deutsche Bank: vender bancos el viernes y desaparecer

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Los fines de semana suelen ser momentos de tranquila reflexión. Pero la agitación bancaria convirtió a los últimos dos en pánico frenético para algunos. Los banqueros alemanes ansiosos pueden incluir algunas opciones en los planes para este fin de semana: las acciones de Deutsche Bank cayeron hasta un 14 por ciento el viernes por la mañana.

La causa parecía ser un salto en el costo del seguro contra el incumplimiento de los bonos Deutsche. Ninguna razón subyacente para esto último fue evidente entre los sospechosos habituales. Eso deja al probable culpable como el nerviosismo de los inversores tras el matrimonio forzoso el fin de semana pasado de Credit Suisse, como Deutsche, un banco europeo con un historial irregular.

La diferencia es que Deutsche se estabilizó hace mucho tiempo. Es sólidamente, si no muy rentable, con un rendimiento sobre el capital tangible de alrededor del 7 al 8 por ciento. Tiene una cantidad razonable de depósitos asegurados, en torno al 32 por ciento, apunta Autónoma. El índice de cobertura de liquidez es un tolerable 142 por ciento.

Los bancos europeos son relativamente insensibles a los cambios de tipos, dice JPMorgan. Por cada cambio del 1 por ciento en los rendimientos de los bonos regionales, los bancos europeos sufren un impacto de revaluación de alrededor de medio por ciento en sus tenencias de bonos. Los bancos estadounidenses tienen siete veces esa sensibilidad.

El posible golpe de revaluación del capital de nivel uno común de Deutsche del 13,4 por ciento sería leve. El riesgo de revalorización de Silicon Valley Bank era una décima parte de su colchón de capital equivalente.

El riesgo de bienes raíces comerciales ofrece más de qué preocuparse. Más de la mitad de la exposición crediticia CRE del 7 por ciento de Deutsche (28.100 millones de euros) está en los EE. UU., más que sus rivales. Los bancos regionales estadounidenses más pequeños tienen más del 45 por ciento de exposición, según datos de Oxford Economics.

Incluso los analistas pesimistas luchan por dudar de la resiliencia financiera de Deutsche. Pero uno no puede subestimar el efecto de la angustia del mercado. Algunos inversionistas querían salir de los bancos antes de que el fin de semana les diera a las autoridades financieras la oportunidad de realizar más arreglos. Pero la caída de las acciones de Deutsche es más un ruido que una señal del peligro que se avecina.

El equipo de Lex está interesado en saber más de los lectores. Díganos lo que piensa de Deutsche Bank en la sección de comentarios a continuación.

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