Sociedad
La Iglesia mantiene el secretismo y desoye a las víctimas de pederastia tras un año con 500 denuncias

La Iglesia católica española ha tenido un año para afrontar su primera gran investigación sobre la pederastia en España, que se vio obligada a emprender a raíz del primer informe de EL PAÍS, en diciembre de 2021, con 251 casos inéditos. Esta cifra se ha doblado hasta 500 en este año, con un segundo dosier, entregado en junio, y un tercero, presentado este mes. En total, más de 1.000 páginas. Sin embargo, un año después, el balance es nulo: nada se sabe de la respuesta a estos casos y la transparencia no solo no ha aumentado, sino que ha empeorado. La Iglesia ha cerrado filas y se sigue negando a revelar lo que sabe: este diario ha preguntado a las 141 entidades con acusaciones, entre órdenes y diócesis, sobre el número de casos que conocen, cuántos procedimientos canónicos han abierto y cuántas indemnizaciones han pagado. Más de un mes después, casi ninguna ha facilitado información. El silencio es aplastante, solo el 13% ha aportado algún dato. Los casos de cada entidad y sus respuestas se pueden consultar en las tablas de datos que acompañan esta información.
Por otro lado, la atención a las víctimas ha sido decepcionante en la mayoría de las ocasiones, según denuncian decenas de afectados, con criterios erráticos en función de la sensibilidad personal de cada obispo o la política de cada congregación. Va del ninguneo a recibir, en casos contados, hasta 40.000 euros, según la suerte que tenga cada afectado de con quién le toque. EL PAÍS no facilitó en sus informes la identidad de las víctimas, pero se ofreció a la Iglesia para mediar con ellas y que pudieran colaborar en la investigación, si así lo deseaban. La Conferencia Episcopal Española (CEE), no obstante, se negó en un primer momento a coordinar esta tarea y este diario tuvo que gestionar el contacto entre cientos de denunciantes y decenas de entidades. A raíz del segundo informe, seis meses después, la CEE por fin se decidió a hacerlo. En todo caso, muchas de las víctimas, escépticas con la investigación —pues cada diócesis y orden se investiga a sí misma—, no han accedido a contactar con los organismos eclesiásticos y han preferido hacerlo con el Defensor del Pueblo.
Obligadas por el Vaticano, las diócesis abrieron en 2020 oficinas de atención a las víctimas, pero en muchas de ellas ni se encuentra el contacto en su web. Se desobedece sistemáticamente al Papa en varios puntos: en ocasiones no se abre una investigación si no hay denuncia directa de la víctima, algo que ya no es necesario; no se la informa de la posibilidad de una compensación; cuando se hace, se imponen cláusulas de silencio; y aunque haya una condena del abusador, no se le da a la víctima la información del caso, ni siquiera el nombre del acusado cuando no lo recuerda, pero sí ha sido identificado por la Iglesia. Aunque condene al acusado, tampoco revela luego dónde ha estado destinado: por ejemplo, la diócesis de Orihuela-Alicante se ha negado a informar de los destinos de un cura pederasta durante 35 años.
Es frecuente que la respuesta se limite a tratar la denuncia de abusos exclusivamente como un asunto jurídico, sin contemplar la escucha y la ayuda. En muchos lugares, la primera reacción con la víctima no es de acogida, sino de desconfianza y cuestionamiento. En poblaciones pequeñas, a veces se acompaña del rechazo social hacia quien denuncia.
Un ejemplo de falta de empatía es el caso de Roberto, nombre ficticio de uno de los denunciantes del primer informe de este diario, en diciembre de 2021. En la diócesis de Orihuela-Alicante lograron identificarlo y fueron a buscarlo directamente a su vivienda unos días más tarde. “Estaba en casa y llamaron al telefonillo. Era la voz de una mujer que me dijo: ‘Abre, que vengo a hablar de los abusos’. Me inundó el pánico, no sabía cómo me habían encontrado”, explica.
Roberto bajó y, según su relato, lo invitaron a que subiera a un coche y lo condujeron a una iglesia donde estaba el fiscal general de la diócesis. Lo sometió a un interrogatorio. “Me dijeron que mis declaraciones tenían contradicciones. Yo estaba muy nervioso por todo lo que estaba pasando. Me sentí como un terrorista”, narra. Esta víctima, que acusa de abusos entre 1998 y 1999 a un sacerdote de iniciales F. N. C., afirma que los encuentros siguieron en su casa: “Se encerraron con mi madre en el salón para hacerle preguntas, quedaron con algunos de mis amigos… No aguanté más, sufrí sarpullidos y tuve que volver al psicólogo. Le dije a la diócesis que no quería saber nada de ellos”. Roberto, de hecho, tiene miedo de que, al contar en la prensa su historia, la Iglesia vuelva a llamar a su puerta.
En todo caso, lo que están haciendo órdenes y diócesis con las denuncias es un misterio. Solo cuatro obispados han respondido a EL PAÍS sobre su actuación en los casos que les afectan: Tarragona, Cartagena, Bilbao y Madrid. Esta última ha sido la única en hacer una descripción precisa del estado de cada proceso, junto con los nombres de los acusados y sus destinos.
La archidiócesis madrileña es una de las pocas que ha demostrado un compromiso creíble por averiguar la verdad y escuchar a las víctimas, con la puesta en marcha del servicio de atención Repara. Ha habido dos diócesis, Astorga y Pamplona-Tudela, que ni han respondido a la consulta. Solo en 12 no constan casos o aseguran no conocer ninguna acusación: Barbastro-Monzón, Cádiz-Ceuta, Huesca, León, Lleida, Menorca, Mondoñedo-Ferrol, Osma-Soria, Sigüenza-Guadalajara, Urgell, Vitoria y el arzobispado castrense. En cuanto a las órdenes, solo ocho han accedido a informar sobre sus casos. El resto, 34 no han contestado.
La Iglesia siempre ha ido a remolque del escándalo: ha pasado de negar que hubiera casos en España a reconocer 220, en abril de 2021, y un año después, de golpe, 506, sin dar ningún detalle. Sigue sin haber más cifras que la contabilidad que lleva este diario en una base de datos abierta que se nutre de informaciones de medios y sentencias: ya ascienden a 906 clérigos y laicos acusados y al menos 1.713 víctimas. Hace cuatro años, cuando EL PAÍS inició su investigación, solo se contaban 34 acusados.
El hermetismo se mantiene: ninguna orden ni ninguna diócesis quiere informar de cuántas denuncias, además de las remitidas por este diario y las que han salido a la luz por otros cauces, les han llegado a sus oficinas de atención a víctimas. Algunas que hasta ahora lo hacían, y aportaban detalles de los casos en las investigaciones de este diario, han dejado de hacerlo. Ahora la respuesta más frecuente es que remiten sus datos a la Conferencia Episcopal. Pero la CEE tampoco responde.
El órgano de los obispos ha pasado de sostener que ignoraba el número de casos en España, escudándose en que no podía pedir datos a las diócesis, por no tener autoridad sobre ellas, a indicar a los obispos qué información deben entregar a la Fiscalía y reclamarles que remitan a la CEE toda la información. El resultado sigue siendo el mismo, total opacidad. En teoría, se está centralizando la información para ofrecerla el próximo marzo, según revelan documentos internos.
El despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, al que la CEE encargó una auditoría sobre los abusos en febrero, está recopilando la información. Los obispos, que siempre se habían negado a encargar una investigación externa como en Francia o Alemania, dieron ese paso a raíz del impacto del primer informe de EL PAÍS, y ante la primera reacción desde las instituciones: en marzo el Congreso ordenó una investigación al Defensor del Pueblo.
La auditoría del bufete madrileño en realidad no es una investigación en profundidad: se están limitando a pedir a las diócesis que les entreguen los datos que tengan. No van a revisar los archivos personalmente. “Nos ha pedido documentación y nosotros se la entregamos. El trabajo lo estamos haciendo nosotros, podemos reservarnos la documentación que nos dé la gana”, critica un alto cargo de un obispado. Por otro lado, el bufete afirma que “está teniendo numerosas reuniones con los obispos” en sus sedes episcopales.
El buzón de denuncia del bufete, acusado por algunas asociaciones de víctimas de falta de credibilidad, tampoco está funcionando: las últimas informaciones del despacho cifran los testimonios recibidos en más de un centenar. Aunque también le están llegando por otros canales, como asociaciones de víctimas y organizaciones como Save The Children. “No nos estamos centrando en la cantidad de testimonios. Cremades ya tiene suficientes para el corazón del estudio: la reparación y la prevención”, contesta un portavoz, que precisa que la fecha de entrega de la auditoria será antes de junio.
El Defensor del Pueblo, que abrió otro correo electrónico de atención a víctimas, lleva recogidos 400 desde que comenzó su trabajo en julio. Más de 1.000 personas han escrito ya a EL PAÍS desde 2018.
Si por el lado de la investigación predomina el secretismo y la lentitud (aunque las normas canónicas establecen que el proceso dure tres meses), en la atención a las víctimas reina la anarquía. No hay criterios comunes. Numerosas víctimas relatan muy dolidas la “desastrosa” respuesta que han tenido de obispos y órdenes, a menudo torpes en la mera gestión humana del problema.
Como en el caso anterior de Alicante, a Concha H. Fernández, que contó su historia en EL PAÍS en agosto de 2022, la diócesis de Oviedo también logró identificarla. Su primer contacto con ella, tras narrar los abusos del sacerdote Álvaro Iglesias Fueyo en los años setenta, fue simplemente enviarle una carta a su trabajo, convocándola a un interrogatorio con el fiscal canónico cuatro días después. “Me quedé de piedra, era como si me dijeran que sabían quién era yo y dónde vivía, como la mafia. Sensibilidad cero. Encima el cura sigue donde estaba, dando misa, y a mí hay gente que ha dejado de saludarme. Esto sigue siendo como Vetusta en La Regenta. Ahora comprendo que mis padres no denunciaran cuando se lo conté. Si ahora es así, en los años setenta no quiero ni pensarlo”.
Concha, creyente y que estaba muy implicada en su parroquia hasta el día que sufrió abusos, ha tenido “una decepción enorme” con la Iglesia. “Se sienten por encima del bien y del mal, y el mensaje es que la palabra del cura vale más que la mía”. A la citación respondió con una carta diciendo que no acudiría y solo esperaba que el sacerdote le pidiera perdón. Consultada por este diario, la diócesis de Oviedo no responde. En agosto, cuando se publicó el caso, tampoco lo hizo. No obstante, informó en su web de que investigaría a los acusados cuando la denuncia sea “presentada por la posible víctima, con su nombre y no de manera anónima”.
Las órdenes más grandes, y con mayor número de casos, como maristas y jesuitas, son las que más han avanzado en establecer protocolos de atención a las víctimas que incluyen indemnizaciones, además de asistencia terapéutica. No obstante, los afectados a menudo se resienten de la frialdad burocrática del proceso, con intervención de abogados.
Según los casos que ha conocido este diario, los jesuitas están pagando 15.000 euros como máximo en los casos más graves, en función de un tarifario que antes contempla abusos leves (5.000 euros) y medios (10.000). Los maristas están recurriendo en algunos casos a la mediación de la asociación Betania y han llegado a pagar 35.000 euros, pero, en cambio, en otras ocasiones ni mencionan la posibilidad de una indemnización. Los salesianos también han comenzado a pagar cantidades similares. Pero todo en medio de un gran secretismo, ante el temor de un efecto llamada.
En cuanto a los obispados, ninguno en España admite haber pagado indemnizaciones, aunque algunas sí lo están haciendo. Un responsable de una diócesis explica que lo primero que dice a las víctimas es que investigarán su caso y si es verosímil le pagarán 40.000 euros, pero es una excepción. EL PAÍS ha calculado, según las pocas sentencias que se conocen, que la Iglesia española ya se ha visto obligada a pagar al menos dos millones de euros en indemnizaciones a 173 víctimas en las últimas cuatro décadas.
En un caso de abusos en el colegio de los maristas de Málaga, la congregación pactó con la víctima una compensación de 35.000 euros, pero se negó a darle el nombre del agresor, a quien identificó en una foto. Solo recordaba que se llamaba don José y que era su tutor en quinto curso en 1973. Don José, relata la víctima, vivía al lado del colegio y empezó a llevarse a un compañero de clase a su casa. “Luego nos contaba que le había masturbado y él había masturbado al profesor. Eso nos creó curiosidad, y queríamos ir a su casa, y al final una vez me llevó a mí”. Allí también abusó de él. Tenía 10 años.
Recuerda que a los pocos días fue otro compañero, pero luego se lo contó a sus padres. Lo denunciaron y el centro despidió al profesor. “Se le expulsó, pero no se le abrió expediente. Se tapó todo. Se iría a otro colegio. Lo he preguntado, pero tampoco me lo han dicho”, cuenta. Nada se sabe de si han investigado el encubrimiento. “A los niños entonces ni nos preguntaron ni se interesaron por nosotros. Su respuesta fue mandarnos a otro profesor, una especie de sargento, que fue brutal con nosotros”. A esta víctima lo ocurrido le marcó su vida, pero ahora dice haber quedado satisfecha con la atención recibida de la orden.
“Se lavan las manos”
Otros no han tenido tanta suerte. E. A., por ejemplo, narra una experiencia frustrante con los jesuitas por los abusos que denuncia en el seminario SAFA de la orden en Úbeda (Jaén), entre 1969 y 1970. Acusa al profesor seglar G. M. Q. “Nos encandiló a todos. Era joven, muy activo, portero de fútbol, jugador de balonmano, tocaba la batería. Lo teníamos mitificado. Al acostarnos nos ponía música, Noches de blanco satén, era moderno”. Pero tenía otra cara.
En el internado podían volver a casa el fin de semana, pero E. A. prefería dormir allí ya el domingo, para no tener que madrugar. Vivía en un cortijo y tenía que caminar cuatro kilómetros. “Estábamos pocos y entonces nos mandaba a todos a una habitación. Aquello era su corral y hacía lo que quería con nosotros. Se metía en la cama y cometía todo tipo de tropelías sexuales. Tocamientos de mis partes, me chupaba el cuello, me mordía y chupaba las orejas y se esforzaba en que me diera la vuelta para meterme la lengua en la boca. Era todo asqueroso, quería morirme”, relata.
E. A. recuerda que los abusos le dejaron marcado: empezó a sacar malas notas, perdió la beca y tuvo que dejar de estudiar. Su familia era pobre y empezó a trabajar. Contactó con los jesuitas hace ya dos años, en enero de 2021, y solicitó dos cosas: que le pidieran perdón y una compensación, pero la orden replica que el acusado era seglar, luego dejó el centro y no contempla una indemnización.
“¿Esto sale gratis, que te jodan la vida sale gratis? Este señor era un empleado suyo que hizo daño a muchas personas y los jesuitas tienen un responsabilidad. Se lavan las manos”. La respuesta que le ha dado la Compañía es que escriba al Defensor del Pueblo y a la Conferencia Episcopal. Lo peor es que E. A. ha seguido la pista de este docente y se instaló en un municipio cercano de Jaén donde durante años ha seguido en contacto con niños como profesor de educación física y entrenador deportivo. En internet abundan fotos suyas con menores. Los jesuitas lo localizaron para mediar con la víctima, pero él rechazó las acusaciones y se negó a pedir perdón de nada.
Otras órdenes, como La Salle, usan la técnica de trasladar los casos a la Fiscalía para dirigirlos a una vía muerta y desentenderse: como están prescritos, siempre se archivan y luego la orden no abre ninguna investigación interna. El caso del hermano Joaquín Berruguete es flagrante: EL PAÍS contabiliza al menos 14 víctimas suyas, entre 1976 y 1994, en dos colegios, en Santander y Santiago de Compostela. Las denuncias lo describen como un depredador que ha dejado un reguero de víctimas, pero hasta ahora la orden no ha dado ninguna explicación.
“Además de profesor de matemáticas estaba en la enfermería. Cuando ibas te bajaba el pantalón, aunque no fuera necesario y mientras te echaba mercromina te metía la mano por debajo del calzoncillo y te tocaba”, relata A. L., exalumno del colegio de cántabro. “Además de los tocamientos constantes en clase, otra cosa que hacía era meterse en las duchas del gimnasio, cuando nos estábamos duchando”.
En febrero de 2022 lo denunció al director del centro, que le dirigió a un abogado de La Salle. “Lo denunciamos en Fiscalía y todo fue muy rápido, al cabo de una semana se archivó el caso, y ahí acabó todo. La Salle luego no me ha dicho nada más, ni me ha ofrecido una compensación económica”, dice el afectado. “Tiene que haber decenas de víctimas. Creo que a estas alturas, por mucho que me haya dicho el director que lo siente, no se trata solo de eso”.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, escríbanos a abusosamerica@elpais.es
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Sociedad
La reforma educativa transforma la asignatura de inglés: “No puede enseñarse como el latín”

“El inglés no es latín, no tiene sentido que se aprenda solo leyendo y escribiendo”. La frase de Vicente López, profesor de inglés en el instituto público Virxe do Mar, en Noia (A Coruña), podría parecer una obviedad, si no fuera porque en la última Selectividad 16 de las 17 comunidades autónomas solo incluyeron en los exámenes de la asignatura preguntas escritas. La prueba de acceso a la Universidad tiene tal fuerza de atracción que condiciona cómo se estudian las materias en el Bachillerato e incluso en la ESO. Si en la Selectividad no hay oralidad, en clase habrá poca. Muchos docentes tratan pese a ello de fomentarla, pero lo hacen en contra del diseño del sistema. El Ministerio de Educación ha incluido por primera vez con carácter general una tarea de listening (escucha) en las pruebas que ha realizado de la nueva Selectividad. Y ello, unido al nuevo currículo de la asignatura, que potencia la oralidad y un enfoque más práctico de la lengua, contribuirá, según la decena de docentes entrevistados para este artículo, a mejorar el aprendizaje y el nivel de inglés con que los chavales salen del instituto. Al examen de Selectividad, advierten, sigue faltándole un ejercicio de expresión oral, que exigiría un gran esfuerzo logístico.
“Muchos profesores llevamos años insistiendo en que el inglés se aprende desde la comunicación, interactuando y generando actividades para que los alumnos hablen y participen”, dice Michael Artiles, que da clases en el instituto Sant Vicent Ferrer de Algemesí (Valencia). “La reforma educativa ya nos lo había validado, pero aun así al llegar al Bachillerato teníamos que parar en seco por la presión de la Selectividad; tener que preparar una prueba de comprensión lectora y escrita hace que la comunicación oral se reduzca mucho en primero de Bachillerato y se reduzca a la mínima expresión en segundo”. El hecho de que en la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau) haya una prueba de listening, continua Silvia Borrull, docente en el instituto Districte Marítim de Valencia, “hará que en clase se dedique mucho más tiempo a preparar esa destreza”. Potenciar la oralidad cobra más sentido en un contexto en el que la inteligencia artificial está empezando a hacer por los estudiantes las tareas escolares escritas que se les encargan, cree Borrull. “Lo sé porque conozco su nivel cuando hacen las pruebas escritas delante de mí, y veo luego el nivel de las redacciones que me traen de casa”.
La forma tradicional de aprender inglés en España ―que explica por qué la Evau ha tardado tanto en cambiar o por qué en el segundo ciclo de primaria hay alumnos que ya tienen exámenes escritos de la asignatura― es poco aconsejable, opina Mercedes Hernández, directora del British Council School de Madrid, que trabajó tres décadas en el Reino Unido. “El desarrollo natural del aprendizaje de una lengua se hace siempre desde la escucha. Es contraproducente empezar de otra manera, porque puede generar rechazo y falta de confianza”.
El examen de inglés de la Evau del año pasado fue parecido en casi todas las comunidades. Se compuso, según la terminología andaluza, de tres bloques: uno de comprensión lectora, otro de uso de la lengua (con tareas del tipo rellenar huecos en frases) y una redacción. Algunas comunidades, como Castilla-La Mancha, incluyeron los polémicos ejercicios que tratan de cubrir la fonética por escrito, pidiendo al alumno, por ejemplo, que diga “cómo se pronuncia la u de hug [abrazo]: /u:/, /ʊ / o /ʌ”. Cataluña fue la única con actividad de escucha. Y ello, confirma Jorge Solans, que enseña en un instituto de Barcelona, facilita trabajar la oralidad. A pesar de que su centro está situado en un contexto socialmente desfavorecido, sus alumnos, cree Solans, terminan el Bachillerato con un nivel “bastante razonable” de comprensión auditiva.
Para que la nueva prueba general de listening salga bien es fundamental tener equipos adecuados. De nuevo puede parecer obvio, pero el profesor Vicente López asegura que en Galicia, donde el ejercicio existió durante décadas (se suprimió con la pandemia y no se ha recuperado), con frecuencia no ocurría: “Un año llegué a presentar una protesta porque conectaron un ordenador precario a un minibafle en un aula magna para 400 alumnos. La grabación, además, era defectuosa, y cuando subían el volumen era peor porque se distorsionaba, así que se oía lo mínimo. Hubo muchas reclamaciones, pero no sirvió de nada. Yo soy partidario de la prueba, pero no así”.
El nuevo examen de inglés de la Evau contiene más cambios. Todas las partes de la prueba giran en torno a un mismo tema vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en la prueba piloto, al acceso al agua potable en el mundo). “Y desembocaba en una gran tarea final de expresión escrita, en la que el alumnado debe utilizar lo que ha ido escuchando y leyendo en el ejercicio, reorganizarlo y aportar ideas propias”, explica el profesor Miguel Ángel Lara, ahora en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y coautor del ejercicio piloto. El examen es más coherente con el nuevo currículo de la asignatura, que potencia la oralidad y las tareas vinculadas a la realidad, dice María José Martínez, que trabaja en el centro de formación del profesorado de Alzira y participó en la elaboración del currículo valenciano de la asignatura. “Antes teníamos listas infinitas de contenidos para dar. Y ahora no es que se escatime conocimiento, pero el planteamiento es más realista. Más: ‘Vamos a enseñarles esto, porque es lo que van a necesitar utilizar”.
El giro educativo trata de aprovechar los intereses de los alumnos para facilitar el aprendizaje. Y en ese terreno, las plataformas televisivas y las redes sociales ofrecen grandes oportunidades a la asignatura de inglés, cree Martínez, porque los chavales ya se están exponiendo al idioma por su cuenta. Neus, que estudia Bachillerato en el Districte Marítim de Valencia, está de acuerdo: “Casi todo el mundo ve al menos algunos contenidos en inglés en redes sociales como Instagram o TikTok”.
Un examen todavía incompleto
Incorporar la escucha es un avance, pero los docentes coinciden en que la Evau seguirá siendo incompleta y condicionando para mal cómo se estudia en secundaria mientras no incluya una prueba de speaking (expresión oral). Hacerlo requeriría, sin embargo, una gran apuesta logística.
“Lo ideal sería que hubiera una prueba oral. Pero en la Escuela Oficial de Idiomas examinar oralmente a dos alumnos cuesta unos 45 minutos. Eso quiere decir que un docente puede examinar a unos 20 [estudiantes] al día”, afirma Ramiro Cebreiro, presidente de la Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales Idiomas (EOI) de Madrid. A las pruebas de acceso a la universidad se presentan más de 200.000 estudiantes que, en tres o cuatro días, realizan hasta nueve exámenes. Concentrar la prueba oral de inglés en una jornada siguiendo el modelo de las EOI exigiría contar con unos 10.000 docentes de inglés (cuando para toda la Selectividad se movilizan cada año en torno a 15.000 docentes de todas las disciplinas). Cebreiro señala que podría utilizarse un “formato más corto de ejercicio”, y otras fuentes plantean que el examen oral podría celebrarse durante varios días o semanas, flexibilizando la estructura la Evau. Cada vez que se ha planteado el ejercicio oral, las universidades han advertido, por su parte, de que para garantizar las reclamaciones de nota habría, además, que grabar todas las pruebas.
Muchos profesores defienden que la oralidad debería estar presente en los exámenes de más asignaturas de la Evau. Especialmente en Lengua Castellana y Literatura, para mejorar la forma en que la materia se estudia en secundaria. Uno de los partidarios es Francisco Amaya, docente de Lengua y secretario general de Educación de Extremadura: “Siempre les digo a mis alumnos que si son capaces de dominar su lengua oralmente y por escrito, van a tener mucho conseguido”.
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‘Influencers’, tiendas de barrio y festivales: estrategias para crear una nueva generación de vapeadores
En un bazar de Salou, donde Víctor y sus amigos fueron a celebrar que habían terminado la selectividad, había bebidas, alimentos variados, aperitivos de todo tipo y vapeadores. Compraron unas cervezas para tomar en la playa y decidieron probar también este dispositivo, similar a un cigarrillo electrónico. Desde entonces, se ha convertido en habitual para él cada vez que sale de fiesta. “Sé que es malo para la salud, pero creo que lo puedo controlar. Tabaco nunca fumaría, me da más respeto”, confiesa.
El vapeador y el cigarrillo electrónico (dos dispositivos que sirven para inhalar un aerosol con sustancias variadas, con o sin nicotina) van mostrando cada vez más efectos perniciosos, que van desde el daño que hacen las micropartículas que se inhalan en el sistema respiratorio, hasta enfermedades cardiovasculares o mayor riesgo de cáncer. A falta de más tiempo de estudio sobre sus efectos, la evidencia no lo equipara al tabaco tradicional, uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo. Pero la regulación más laxa para estos nuevos productos en España está permitiendo a la industria llegar a un sector de población joven, una generación que la Unión Europea pretende que viva libre de tabaco.
Es frecuente ver promociones de estos dispositivos en festivales de música, hay campañas en redes sociales en las que participan influencers con un público muy joven entre el que abundan adolescentes, y se pueden encontrar en tiendas de todo tipo, adornados con colores atractivos y anunciados con aromas dulces que recuerdan a golosinas. No hay mucho disimulo en la estrategia de fomentar este producto perjudicial para la salud entre la población más joven.
Los datos dicen que lo están consiguiendo. Aunque la última Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (Estudes), publicada en 2022, muestra una pequeña caída en el consumo con respecto a 2019, indica que el 44% de los adolescentes de entre 14 y 18 años había probado los cigarrillos electrónicos, lo que supone más del doble que en 2016. La mayoría de los estudiantes que vapean se decantan por cartuchos sin nicotina (60,7%), el 14,9% prefieren los que sí llevan, y el 24,4% utiliza de los dos tipos.
Uno de los discursos que ha esbozado la industria del vapeo y el cigarrillo electrónico (que a menudo es también la tabaquera) es que los dispositivos están sobre todo pensados para quien fuma, incluso para ayudar a dejarlo, y no para atraer a nuevos adeptos. La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), que aglutina 600 pequeñas y medianas empresas y que registró en 2022 un récord en el negocio (95 millones de euros), asegura que su vocación es la de ayudar a la cesación tabáquica y tiene entre sus buenas prácticas “intentar disuadir a los no fumadores de que compren un dispositivo, aun cuando soliciten que sea sin nicotina”.
Blu, una filial de Imperial Tobacco que se denomina líder en el sector del cigarrillo electrónico, responde —a preguntas de EL PAÍS— que se dirige “exclusivamente a consumidores adultos” y que sus campañas “se llevan a cabo solo en los soportes y canales que permite la normativa vigente y en los términos que contempla la legislación”. “Aunque aún estamos lejos de las cifras de países de nuestro entorno como Reino Unido, Francia o Alemania, son muchos los fumadores que han decidido reducir o abandonar el tabaco convencional gracias al vapeo. Concretamente, el último estudio de Edades afirma que cerca del 45% de los usuarios de cigarrillos electrónicos utilizan estos dispositivos como sustitutivo del tabaco”, señala un portavoz de la compañía.
Esto no es así entre los más jóvenes. La encuesta Estudes señala que solo un 8,5% de los estudiantes que han fumado cigarrillos electrónicos manifiestan que su intención era reducir su consumo de tabaco o dejar de fumarlo. En el sondeo que menciona Blu (Edades), que aborda una mayor franja de edad, se comprueba que únicamente dos de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años que vapean lo hacen motivados por dejar de fumar.
Entre las campañas de Blu en redes sociales se pueden encontrar promociones con influencers que se dirigen a un público muy joven, con muchos adolescentes entre sus seguidores, que promocionan el cigarrillo electrónico. Esto publicaba (sin las tildes bien puestas) hace unos meses Telmo Trenado en su perfil de Instagram, con 150.000 seguidores: “SORTEO!! Quieres irte de viaje por Europa con quien tú quieras y que os pille un fotógrafo de Tik Tok infraganti??? Pues participa y llévate un Waynabox así. Dale like al post. Sigue a @bluspain y a mí”.
Campañas similares se pueden ver en perfiles de otros influencers con miles de seguidores, como Jorge Amor, Fer López, Paula Gureta o Bertuss, entre muchos otros. En el perfil de este último, un usuario le respondía: “No sé si publicitar tabaco a público joven (muchos menores de edad) es muy legal o ético, la verdad. Ya tienes un seguidor menos”. Otro añadía: “Tío mira que me encantas, pero ojalá no hubieras hecho publi de esto. Creo que eres un referente muy guay para mucha gente y muchos jóvenes, pero creo que con esta campaña estás publicitando un producto nocivo para la salud y no creo que sea la mejor estrategia”.
Y no solo aparece en promociones explícitas, el cigarrillo electrónico se puede ver en contenido audiovisual de todo tipo, incluidos canales de Youtube o Twich, que naturalizan su consumo. Streamers como El Rubius o AuronPlay, con millones de seguidores en estas plataformas (muchos de ellos menores), han aparecido en ellas vapeando (lo que no quiere decir que hayan cobrado por ello).
Beatriz Arranz, técnica de Prevención y Promoción de la Salud de la Asociación Española Contra el Cáncer, explica que la industria continúa con una vieja técnica que parece funcionarle muy bien: “Lo relacionan con personas jóvenes, atractivas, guais. El significante social es el mismo que el del tabaco: fumo porque me parece guay, porque lo hacen personas a las que admiro, porque me ayuda a ligar, a hacer amigos, porque en mi grupo se percibe como positivo. Lo asocio con sensaciones que me van a ayudar a relajarme”.
Eso argumenta Carla, de 19 años, que empezó en paralelo con el tabaco y el vapeo cuando tenía unos 15: “En periodos de mucho estrés uso más el vapeo. Y aunque sé que no es saludable, me parece menos sucio que el tabaco, que huele peor”. Explica que tiene rachas de más tabaco o más cigarrillo electrónico, pero que si tuviera que elegir uno solo se quedaría con este último por “olor y comodidad”.
En el sector de la salud (sociedades científicas y plataformas antitabaco) consideran que la normativa debería equipararse a la del tabaco para restringir su promoción y los puntos de venta: los cigarrillos convencionales no podrían estar patrocinando festivales, anunciándose en redes, ni de venta en tiendas de barrio sin una licencia concreta, por ejemplo. En este sentido iba el borrador de la estrategia contra el tabaco que el Ministerio de Sanidad tiene guardado en un cajón desde hace más de un año. El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-202 está sin aprobar y parece improbable que el departamento de Carolina Darias —que está a punto de dejar el puesto para presentarse a la alcaldía de Las Palmas por el PSOE— vaya a desempolvarlo antes del fin de la legislatura.
Arranz se queja de que pueda pasar lo mismo que con el tabaco, que se relaciona con un tercio de todos los cánceres: “Igual que en los sesenta (en los ochenta las mujeres) una generación de fumadores comenzó sin conocer bien sus peligros y lo lamentaron unas décadas después, es posible que, si no hacemos nada, en 20 años estemos lamentando que uno de cada tres tumores tengan que ver con el vapeo”.
Qué se sabe de los efectos para la salud del vapeo
Al contrario del tabaco, cuyo residuo es un humo maloliente que se impregna en el cuerpo y la ropa de quienes lo fuman y de los que están a su alrededor, el cigarrillo electrónico genera un vapor de (según los gustos) agradables aromas. Pero “es engañoso”, según Arranz, porque realmente son aerosoles que contienen cancerígenos, metales pesados y diversas partículas nocivas para el organismo, incluso si no llevan nicotina.
Los efectos a corto plazo en las vías respiratorias de estos dispositivos son “similares a los del tabaco”, según expone un informe de Sanidad publicado en 2022 que hace una revisión de toda la evidencia científica que hay al respecto. “Se han encontrado sustancias cancerígenas en líquidos y aerosol de los cigarrillos electrónicos. Se han descrito numerosas intoxicaciones y efectos adversos relacionados con estos productos, algunos de ellos severos. Su utilización genera emisión de propilenglicol, partículas PM 2.5 [partículas muy pequeñas que penetran en el organismo], nicotina y sustancias cancerígenas que pueden contaminar los espacios cerrados, con los consecuentes riesgos por exposición pasiva”, enumera.
Es cierto que no está claro cuáles son los efectos a largo plazo, algo que no se podrá saber hasta que pasen décadas desde su implantación. Pero las sociedades científicas comparten el consenso de que no es razonable consumirlo ese tiempo para después luego medirlo, dados los riesgos obvios que ya se conocen.
Más controvertido es hasta qué punto pueden servir para dejar de fumar, uno de los argumentos de parte de la industria para defender el producto. “Los cigarrillos electrónicos podrían reducir el deseo de fumar y otros síntomas característicos del abandono del tabaco. No obstante, aunque algunos fumadores podrían cambiar temporalmente el consumo de tabaco por estos productos, una proporción muy baja parece llegar a la cesación sostenida en este modo. Según los datos disponibles, no están claras a largo plazo ni la duración del cambio de consumo ni la cesación completa”, señala el documento de Sanidad.
Los expertos del ministerio sí advierten del peligro que supone la promoción de estos productos, ya que “podrían incorporar a nuevos adictos a la nicotina”. Para muchos jóvenes y adolescentes, el vapeo no supone una salida del tabaco, sino más bien la puerta de entrada para comenzar a fumar.
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Cómo será el bum del reciclaje textil en 2025 y a dónde irá la ropa usada
Hemos interiorizado que el vidrio va al contenedor verde; el plástico, al amarillo y el cartón, al azul. Pero la ropa la seguimos tirando al cubo de los desperdicios. En España se desechan unas 900.000 toneladas de ropa al año, y el 88% acaba en vertederos, según el informe Análisis de la recogida de la ropa usada en España El otro 12% va a contenedores de ropa y, de allí, a modernas plantas que seleccionan las prendas —incluso aquellas en mal estado— y las reúsan o reciclan. La nueva ley de residuos impone que en 2025 los ayuntamientos —también los pequeños— tendrán que recoger los residuos textiles de forma separada, por lo que se verá un auge de contenedores de ropa en las calles: Madrid y Málaga, por ejemplo, van a duplicar los instalados. Las marcas de moda también tendrán que implicarse en la recogida de prendas usadas en sus tiendas, no podrán tirar los excedentes —por lo que crecerán las opciones de segunda mano— y deberán crear consorcios para gestionar sus desechos. Estos son los cambios que traerá el nuevo reto del reciclaje.
“En dos años se debe instalar en todas las ciudades un sistema para que los ciudadanos puedan depositar los residuos textiles, que además de ropa incluyen toallas, sábanas, tapicerías… En las tiendas de moda podrás dejar ropa usada, y veremos multiplicarse los contenedores de ropa que hay por las calles”, resume Enric Carrera, director del Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa (Intexter) de la Politècnica de Catalunya (UPC). “No obstante, el reto no es tanto recoger, como qué hacer luego con ello, porque África está empezando a no querer ropa usada europea para desarrollar su propia industria, y con la nueva ley ya no se permite quemar los excedentes de producción, así que estas 900.000 toneladas pueden convertirse en 1,2 millones que habrá que tratar. Estamos ante un reto de una magnitud espectacular”, prosigue.
Por ahora, la mayoría de las urbes permiten la colocación en sus calles de contenedores de ropa de entidades sociales, aunque algunos consistorios comienzan a instalar también puntos de recogida municipales. Algunos ejemplos: Madrid tiene ahora 770 contenedores y a final de año pretende llegar a los 1.600, mientras Málaga doblará los 233 actuales. Vigo tenía 50 y los aumentó hasta los 300 el año pasado, anticipándose a la normativa. Según el Análisis de la recogida de la ropa usada en España, elaborado por Moda re- (entidad de Cáritas) en 2021 y el más completo hasta la fecha, hay ahora mismo unos 21.000 de ellos en España, la mayoría de los cuales (más de 19.500) están en el espacio público y pertenecen a entidades sociales, aunque también hay algunos (más de 1.500) en parroquias y centros comerciales, a los que se suman unos 700 puntos limpios municipales.
Su número crecerá mucho. “En los próximos dos años se van a inundar las calles de contenedores de textil, lo empezamos ya a ver en algunas ciudades, pero llegará a todas”, apunta Manuel León, coordinador de Moda re- (entidad de Cáritas). Es muy difícil precisar en cuánto pueden crecer, pero si se quiere pasar del actual 12% a un 30% habría, al menos, que triplicarlos. El mismo informe (que se actualizará este año) señala que a la red actual llegan unas 108.000 toneladas anuales, unos 19 kilos por persona y año —Transición Ecológica no cuenta con datos distintos—.
El camino a la reutilización
¿A dónde va la camiseta o el pantalón depositado en estos contenedores? En general, a alguno de los cinco grandes centros de reciclaje textil que existen ahora en España. La visita a uno de ellos, el que tiene Koopera en Valencia, permite entender cómo es el proceso que sigue la ropa usada en su camino a la reutilización. A la enorme nave de Ribarroja de Turia — que gestiona anualmente 6.000 toneladas de ropa usada procedente de más de 700 puntos de recogida— llegan cada día camiones y furgonetas con las prendas recogidas en los contenedores de Cáritas, que depositan en bolsas en una especie de gran contenedor.
Mònica Torres
Desde ahí se mandan a una larga cinta transportadora que las eleva hacia una estructura industrial amarilla en cuyo interior hay varios habitáculos de una línea de separación. “Clasificamos cada prenda según varios parámetros, la temporada, la calidad, el género…”, explica Emi Carmona, coordinadora de esta empresa social. En cada habitáculo hay dos personas, un tutor y un aprendiz de inserción social; primero, dan a un botón para que aparezca ropa; luego, pasan cada elemento por una máquina con un software que ayuda a realizar ese primer cribado. “Mujer, vestido, verano”, dice una de las aprendices. “Pantalón, vaquero, niño”, dice otro. Una vez pronunciadas las palabras mágicas, un fuerte soplo mecánico manda la prenda a otra cinta transportadora, que la depositará en una de las más de 60 canastas que esperan al final de este proceso.
“La ropa de más calidad (sobre un 10%) se vende en nuestras tiendas de Moda re-”, explica Carmona. “La que tiene menos calidad pero está en buen estado se exporta a países de África y Oriente Próximo (un 70%). Hay una tercera opción que es separar la ropa en hilos (donde acaba otro 10%), lo que se llama hilaturas; para eso tenemos una máquina que revisa la composición de la ropa con un láser, y tiene un porcentaje de acierto del 99%”, continúa.
Mònica Torres
¿Qué ocurre con la que no sirve para nada de estas cosas? “Alrededor de un 10% de lo que nos llega se incinera y se convierte en energía, es lo que se llama revalorización energética”, prosigue la coordinadora. En cualquier caso, es importante que todo el residuo textil, incluso el que esté en mal estado, se eche al contenedor de ropa usada para pasar por este proceso. En Koopera tienen además otra línea manual, donde separan y clasifican ropa, pero también zapatos y complementos. “Así podemos clasificar más ropa. Los zapatos se pueden mandar a tienda, e incluso aprovechamos los pares sueltos, que en África sirven para elaborar productos como bolsos”, continúa Carmona.
“Todas las plantas que hay ahora mismo en España son de tratamiento manual, pero esto va a cambiar muy pronto”, augura Igor González, presidente de Ecotextil —una asociación que asesora en reciclaje a marcas de moda—. “Hay empresas que han pedido fondos europeos Next Generation para iniciar plantas mucho más avanzadas”, señala. Pueden ser de selección mecánica de la ropa, o bien de separación física de los componentes (por composición de la prenda) o incluso química (para disgregar las fibras)”. El experto Enric Carrera explica que la separación física supone triturar la prenda para obtener hilos, “aunque el resultado todavía de calidad media-baja”, mientras la química consiste en disolver los hilos para luego regenerarlos. “Es un proceso todavía muy caro”, admite.
González considera que, con la nueva norma, las propias marcas de moda tendrán que incentivar el desarrollo de plantas de tratamiento que ayuden para reutilización y reciclaje de la ropa. “Los productores asumirán ese gasto con una tasa, y van a tener que financiar la recogida y el tratamiento”. De hecho, siete grandes marcas —Decathlon, H&M, Ikea, Inditex, Kiabi, Mango y Tendam— acaban de crear la Asociación para la Gestión del Residuo Textil, una entidad que en 2025 deberá gestionar sus residuos dentro del principio quien contamina, paga. Es una figura similar a Ecoembes, que aglutina a fabricantes de envases para recoger su propia basura. Las demás empresas de moda deberán sumarse a esta asociación o crear otras distintas.
Cambios en las tiendas de ropa
Mientras llega ese momento, las compañías ya se están adaptando. Mango, por ejemplo, ha puesto contenedores de recogida textil en todas sus tiendas y envía lo que recibe precisamente a Koopera, un ejemplo que también siguen otras marcas —como El Corte Inglés— y que será obligatorio en 2025. Mientras, Primark anima a sus clientes a donar ropa no deseada en sus propias instalaciones, y pretende que toda su ropa esté fabricada con materiales reciclados “o de origen más sostenible” para 2030.

Otra novedad de la ley es la prohibición de destruir los excedentes de ropa no vendida, una práctica muy habitual en la moda. Inditex, matriz de Zara, dona sus prendas sobrantes a tiendas de inserción sin ánimo de lucro y a entidades sociales como Acnur, Cruz Roja y Cáritas, mientras que El Corte Inglés se los reparte a más de 60 ONG. De hecho, prácticamente todas las grandes marcas del sector tienen o planean acuerdos de donación similares.
Esto se traducirá en un auge de la segunda mano textil, dado que cada vez llegarán más prendas nuevas sin usar a la par que aumentará la recogida de usadas. Moda re-, por ejemplo, tiene 120 tiendas en 84 urbes españolas, pero además ha abierto 20 espacios de ropa usada en diferentes supermercados Alcampo, empresa que a su vez dona sus excedentes a Moda re-. Mientras, Humana cuenta con casi medio centenar de establecimientos, algunos de ellos vintage para atraer al público más joven, que ya está dejando de considerar la ropa usada como cutre y cada vez más la ve como algo ‘cool’.
“Estas tiendas nos permiten dignificar la entrega social”, apunta Manuel León, de Moda re-. “Antes, quien lo necesitaba iba a su parroquia y le daban una bolsa con ropa, que le podía servir o no. Ahora, a estas personas se les entrega un cheque por un importe que pueden canjear en nuestras tiendas, así que van a una de ellas, escogen lo que quieren y cajean ese cupón. Los demás no tienen por qué saber si paga con dinero o con otra cosa, y además las personas vulnerables pueden elegir lo que les venga mejor”, prosigue.

INMA FLORES
Otra tendencia será remendar las prendas. “Arreglar la ropa es subversivo. Interesa que compremos, nos cansemos de ello y volvamos a comprar. Rehabilitar implica autosuficiencia, concentración y paciencia”, apunta Marta D. Riezu, autora de La moda justa (Anagrama, 2021), que aboga por zurcir la ropa vieja como una forma de “vestir con ética”. La percepción de los tradicionales remiendos, vistos hasta ahora como algo de pobres, también está cambiando y ya llega al mundo de la moda: Zara, por ejemplo, ha lanzado una plataforma que ofrece servicios de reparación de sus prendas, venta entre particulares y donación, y otras marcas ensayan programas similares. Igor González lo resume así: “La mejor ropa es la que se vuelve a usar, y tenemos que trabajar para hacerlo cada vez más”.
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